"La decisión está tomada". No hay más que hablar para la Moncloa, menos aún para Hacienda. Los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional dejarán de estar exentos de la tributación del IRPF: es la posición oficial del ala socialista y no quiere apearse de ella. No, al menos, por ahora. El núcleo duro de Pedro Sánchez opta por aguantar el chaparrón y aferrarse a su mástil, aunque defienda esa tesis en soledad, frente a todo el Congreso. Pese a que en el propio PSOE y en el Consejo de Ministros cundan las dudas y un cierto desconcierto porque muchos creen que hay que alcanzar un acuerdo con Sumar antes de agravar la crisis dentro de la coalición. Pese a que la propia Yolanda Díaz redoble la presión. La respuesta de la Moncloa es una: no. No se moverá, no tiene intención de hacerlo, no emite señales de marcha atrás. Pero queda tiempo por delante y, como siempre, todo puede cambiar. Antes sucedió en muchos otros momentos, sin ir más lejos antes del acuerdo para sacar adelante un real decreto ley ómnibus mutilado: había teóricas líneas rojas con Junts y se acabaron diluyendo.

En las últimas horas, el choque se ha mantenido intacto. Mensajes cruzados de las dos partes del Ejecutivo, pero aún sin declaraciones públicas de quien tiene el papel protagónico del reparto: María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Cayó enferma a lo largo del martes, no acudió a la sesión de control en el Congreso del miércoles, se mantuvo sin agenda este jueves. Este viernes reaparece en un acto de partido en Sevilla, en rueda de prensa como secretaria general del PSOE de Andalucía, tras su reunión de trabajo con la jefa regional de CCOO, Nuria López, muy alineada con los socialistas, según advierten en Sumar. La vicepresidenta primera es la que dará pistas de cuál es la estrategia del ala socialista, si está dispuesta a una mínima aproximación con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o si cierra todas las puertas. Las señales lanzadas por el equipo del presidente, Pedro Sánchez, son de firmeza. Todo sea dicho siempre con cautela.

He hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo y ahora quedamos a la espera de que Hacienda aclare cuál es su posición”, señala Díaz desde París. Su grupo reclama una mesa de diálogo con la vicepresidenta Montero

Montero deberá responder, por tanto, si quiere mover ficha. Eso es lo que le pedía Díaz este jueves desde París, donde participaba en un foro sobre políticas sociales en la sede de la OCDE. "Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo y ahora desde luego, lógicamente, quedaremos pues a la espera de que el ministerio competente aclare, de una vez por todas, cuál es la posición sobre esta materia", afirmó la vicepresidenta en una comparecencia ante la prensa española en la capital francesa, informa EFE.

Como había hecho en los últimos días, la titular de Trabajo insistió —frente a las críticas del PSOE— en que por su parte no ha habido un cambio de posición ya que, en los cinco años que lleva en el Gobierno, una vez que su departamento subía el SMI, Hacienda elevaba el mínimo exento para que los beneficiarios no tributaran por IRPF, algo que no ocurrió el pasado martes y de lo que se enteró por los medios. "Estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda y estamos a resultas de que nos comuniquen su decisión", remachó, para no obstante destacar que, pese a las diferencias, el Ejecutivo "goza de muy buena salud".

La titular de Hacienda reaparece este viernes tras reponerse de su enfermedad: comparece en rueda de prensa en Sevilla tras reunirse con la jefa andaluza de CCOO

A la vez, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, pidió a los socialistas una mesa de negociación formal para lograr una solución ya entre los dos socios y revertir la decisión de Montero. Es Hacienda, dijo la dirigente, quien ha de "convocar formalmente" esa mesa de diálogo. Dicho de otro modo: Díaz quiere entablar una negociación directa con Hacienda. Pero que sea Montero la que mueva ficha primero.

Presión de Sumar, pues, por partida doble. Pero desde el equipo de la vicepresidenta primera no pretenden cambiar de planes. "De momento, la posición es no tocar el IRPF", remachan. Ni siquiera dan por bueno que la ministra barajara una deducción específica para mantener libres de tributación a los que cobren el salario mínimo, como publicaba elDiario.es.

UGT reclama por carta a la titular de Hacienda una reunión, en el marco del diálogo social, para hablar de la tributación del SMI. En el departamento dudan de que ese sea el ámbito de negociación

También pide una cita con Montero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. La reclama en el marco del diálogo social para hablar de la tributación del SMI. El sindicato considera capital que la progresividad del impuesto no penalice a las rentas salariales más bajas, por lo que defiende la exención del gravamen para proteger a los trabajadores más vulnerables. "Tenemos una comunicación fluida con ellos, pero quizá no tiene mucho sentido un encuentro con UGT para hablar de IRPF. Está fuera de su ámbito", replican desde Hacienda.

Declarar la renta no es igual a tributar

La posición de CCOO no es exactamente la misma. El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de la central, Carlos Bravo, apuntó este jueves que donde hay que situar el foco es en la garantía de que el incremento de 50 euros sea neto, y es el Gobierno el que debe tomar la iniciativa y asegurarlo. Así, es un "error profundo" que el incremento del SMI se pierda en un debate sobre cómo debe aplicarse la ley del IRPF. Para Bravo, informa Europa Press, no es un problema que los perceptores del SMI o de las prestaciones sociales presenten la declaración de la renta, aunque luego no tributen. Más aún, que todo el mundo la haga "facilitaría enormemente que muchas ayudas públicas y muchas medidas de protección" se canalicen directamente a través de ella.

La decisión está tomada”, indican en la Moncloa, donde apuestan por dejar enfriar el conflicto y aseguran incluso estar dispuestos a llevar el pulso al límite y someterse a una aplastante derrota en la Cámara baja

En la Moncloa respaldan a Montero. E insisten en que no recularán. "La decisión está tomada", se reafirman en el círculo de confianza del presidente. Pero a la pregunta de cuál es la estrategia, piden esperar, que se les "deje operar". Porque el atrincheramiento de los socialistas tiene muchos riesgos: si ninguna de las partes cede, el conflicto pasará al Congreso, donde ya hay registradas tres iniciativas para hacer rectificar a Hacienda: del PP, de Sumar y de Podemos. El martes próximo, previsiblemente la Mesa calificará las tres proposiciones de ley y, tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se abre un plazo de 30 días para que el Gobierno pueda mostrar su disconformidad, porque entienda que suponen una minoración de los ingresos o un aumento de los gastos. Pero el órgano rector de la Cámara, como inciden todas las fuentes parlamentarias y gubernamentales consultadas, es soberano, de tal manera que los representantes en ella del PP (cuatro) y de Sumar (uno) pueden levantar ese veto del Ejecutivo y permitir que los tres textos continúen su tramitación. El PSOE está solo frente al resto de grupos, a izquierda y derecha, que exigen que los trabajadores que perciben el SMI no paguen IRPF, como ocurría hasta ahora.

En el entorno más próximo de Sánchez minimizan la envergadura del choque —"hay una discrepancia, y es normal"— y lanzan un mensaje doble. Por un lado, que es mejor dejar que el conflicto se enfríe ("estas cosas cosas es mejor dejarlas digerir"), y evitar dar pasos en caliente ("no hemos decidido nada, estamos trabajando aún"). Por otro, que no temen incluso que se pueda llevar el pulso a la Cámara baja, que no es problemático sufrir una derrota, porque tampoco sería la primera ("que sea lo que tenga que ser, en el Congreso a veces se gana y a veces se pierde"). Pero de llegar a ese punto, se tensarían como nunca las costuras de la coalición y se visualizaría el aislamiento del PSOE en una iniciativa con mucha pegada social. Porque los socialistas son conscientes de que el debate en la calle lo tienen perdido, por el "populismo fiscal" que achacan al PP y a Díaz.

La necesidad de "arreglarlo"

Miembros del Consejo de Ministros y dirigentes del PSOE, sin embargo, han venido expresando estos últimos días sus dudas respecto a la estrategia de la Moncloa y de Hacienda. En el partido, muchos dicen no entender por qué se ha llegado a este punto, por qué se ha "renunciado a hacer pedagogía", por qué Montero eligió comunicar su decisión el martes pocos minutos antes de la rueda de prensa de Díaz y de la portavoz, Pilar Alegría, por qué no avisó antes a la vicepresidenta segunda. Por qué, en definitiva, no se ha dado antes la batalla del relato, cuando la izquierda tiene la obligación de hacer pedagogía del pago de los impuestos. Ya desde el mismo martes, ministros y altos cargos del Ejecutivo mostraban su confianza en que los dos socios lograrían "arreglar" sus diferencias para llegar a un acuerdo antes de que la crisis aterrice en la Cámara baja. En definitiva, asumían que Hacienda, de una forma u otra, tendrá que rectificar, básicamente porque no tiene apoyos en el Congreso.

La dirigente Enma López pone voz a los muchos que en el partido apuestan por un entendimiento con Sumar, lo que supone una rectificación, de una manera u otra. “Hay tiempo”, agregan en la dirección parlamentaria

La expectativa de acuerdo, aunque más en sordina, seguía coleando este jueves. "Es una tormenta en un vaso de agua. Pasará pronto", indicaba un ministro. "Me parece un tema menor y llegarán a un acuerdo. Eso creo", apuntalaba un responsable muy cercano a Sánchez. "Hay tiempo", recordaban en la cúpula parlamentaria. Más de un mes.

En declaraciones públicas, se visibilizaron esos dos discursos. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue taxativo: no a la rectificación. "No hay ni marcha atrás ni marcha adelante. Es que el Gobierno de España ha aprobado una subida del salario mínimo. Fin. Este Gobierno sube el salario y baja los impuestos. Es lo que hemos hecho". Es "evidente" que si se incrementa la renta —el Gobierno ha subido el SMI 50 euros brutos al mes, 1.184 euros en 14 pagas, 16.576 al año, 700 euros más que en 2024—, se entra en un nuevo tramo de IRPF. "Estoy absolutamente convencido de que no hace falta que nadie avise a la ministra de Trabajo para saber cuáles son los tramos de IRPF. No hace falta", subrayó López en respuesta a la acusación de Díaz de que nadie la previno el martes de la decisión de Hacienda. López recordó que solo dos de cada diez perceptores del SMI se verán afectados, y aunque tributen por ello, seguirán "ganando más" que antes. En definitiva, "hay una ley que establece los tramos del IRPF y el Gobierno no tiene la voluntad de cambiar esa ley". Claro como el agua.

El ministro Óscar López es taxativo: “Hay una ley que establece los tramos del IRPF y el Gobierno no tiene la voluntad de cambiar esa ley”

En cambio, la secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, enhebró un discurso más contemporizador con Sumar. Es "deseable" el entendimiento con ellos, señaló. "Los acuerdos siempre son deseables, pero también a mí me gustaría lanzar una reflexión, que es por qué estamos en un discurso antiimpuestos. Creo que es importantísimo que hagamos esa pedagogía, porque en algún punto, no sé si ahora o en el futuro, va a tener que tributar", apuntó la dirigente a la entrada de un acto de la Fundación Avanza —el nuevo think tank de los socialistas— en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La prudencia del presidente

En Sumar se mostraron esperanzados con las palabras de Enma López, miembro de la cúpula de Sánchez, pero también tuvieron noticias de la Moncloa, de que su posición es la misma: no. Desde el entorno de Díaz avisaron de que si lo que buscan los socialistas es apretar para que se retire la proposición de ley del Congreso, no cederán: "No somos como Podemos. Haremos como con la ley del suelo [Sumar se plantó y el Ejecutivo tuvo que retirar el proyecto por falta de apoyos]. Todo nuestro espacio está completamente unido y feliz con nuestra posición. No vamos a tolerar que golpeen a los trabajadores. Están chiflados. Es que no les apoya ni el PSOE. No nos compete a nosotros buscar una solución y si no quieren hacerlo, pues que el pueblo vote en el Congreso". Fuentes próximas a la vicepresidenta segunda cargaban toda la responsabilidad en Montero, a la que ven "completamente enrocada". Pero creen que no está todo dicho: "Quien no ha dado todavía instrucciones es el presidente, y solo la controla él. Pero nosotros no vamos a ceder".

En Sumar subrayan que no se apearán de su posición, que creen ganadora, y resaltan que el espacio está “unido y feliz”. “No les apoya ni el PSOE. Si no quieren buscar una solución, que el pueblo vote en el Congreso”, retan

Sánchez, ciertamente, no ha verbalizado su posición. Este jueves se desplazó a Barcelona, a un acto de vivienda, pero no hizo más que una declaración institucional, sin preguntas. Pero en un mensaje grabado en vídeo en un foro organizado en Ciudad del Vaticano, reivindicó la fiscalidad justa: "La justicia fiscal no es solo una opción política. Se trata de defender los principios de justicia y solidaridad que sustentan nuestras sociedades".

Mientras se intenta salir del laberinto, las tensiones internas no aflojan. Porque Díaz, desde París, no señaló solo a Montero desde París. Para apuntalar que ella se enteró de la decisión de Hacienda pocos minutos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y por los medios, insistió en que de la misma forma tuvieron conocimiento de ella otros miembros socialistas del Ejecutivo. Y recordó que el mismo lunes el titular de Economía, Carlos Cuerpo, había hecho unas declaraciones a la prensa el lunes en las que reconocía que no había una decisión tomada.

La vicepresidenta segunda respondía así a Cuerpo. Él, desde Varsovia, había deslizado que Díaz no podía alegar desconocimiento. Ella "es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos" y "conocedora de estos datos". "La propuesta del informe de expertos nos dice que hay que ir al 60% del salario medio, pero siempre nos olvidamos del último adjetivo: el salario medio neto", "incluyendo ya, si es que tuviera lugar, el posible pago de impuestos". En su equipo añadieron que el lunes el ministro no adelantó nada porque se trataba de "ganar tiempo", por lo que pudiera pasar.

En el ala socialista se percibe un hondo malestar con Díaz por “poner en cuestión el pago de impuestos” y por hacer ver que no estaba al tanto de la decisión. Le reprochan su búsqueda de “notoriedad”

En el ala socialista del Gobierno se percibe un hondo malestar con Díaz por "poner en cuestión el pago de impuestos", algo que entienden peligroso desde la izquierda. "Se puede criticar el momento en que se hizo público, pero no puede aducir que no lo sabía, no puede cuestionar los impuestos, y más en esta cantidad, cuando este Gobierno ha rebajado más los impuestos que nadie", indican fuentes del Ejecutivo. Entre los socialistas duele también que Díaz se arrogue la competencia de la subida del SMI y se desentienda de la fiscalidad, "cuando quien hace crecer el salario mínimo es todo el Gobierno y son los impuestos los que pagan el Estado del bienestar". En el sector socialista insisten en que la vicepresidenta busca "notoriedad", aireando debates que han de ser solo "internos". La tormenta no cesa. Este viernes serán claves las palabras de Montero. Para acrecentar la crisis o para aliviarla.