Montero no cede: defiende la tributación del SMI y acusa a Díaz de apuntarse al "vaciamiento fiscal"

María Jesús Montero está dispuesta a llevar el choque con Yolanda Díaz hasta (casi) el final. Defiende y argumenta que un salario mínimo interprofesional (SMI) como el aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, de 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas (16.576 euros al año), es ya lo suficientemente alto como para que comporte "derechos y obligaciones", como para que una minoría, apenas un 20% —asalariados solteros y sin hijos, básicamente—, tenga que tributar en el IRPF. Un salario mínimo que tiene "vocación" de seguir subiendo, que pueda ir contribuyendo a Hacienda "progresivamente", es un planteamiento "de izquierdas, progresista y moderno". Y lo que no cree de recibo es que haya quienes —o sea, Sumar— se apunten al "vaciamiento fiscal", al "populismo fiscal" de la derecha.

La vicepresidenta primera del Gobierno reapareció este viernes con ese mensaje rotundo y sin concesiones después de días de baja por enfermedad, primero, y sin agenda programada después. Salió en rueda de prensa en Sevilla tras reunirse, como secretaria general del PSOE de Andalucía, con la jefa regional de CCOO, Nuria López. Lo que la ministra dijera por primera vez desde que estallara la crisis con Sumar tenía excepcional importancia. La tesis que manejaba Hacienda y también la Moncloa es que había que aguantar la presión, no ceder un milímetro y dar la batalla de la pedagogía. Y en eso se afanó una y otra vez este viernes. Montero se explayó durante una hora en los argumentos que defiende y defenderá "con convicción", las razones por las que entiende que hay que exigir ya a los perceptores del SMI que empiecen a contribuir con sus impuestos, aunque no resolvió la duda de qué hará para mantener el fuerte. Porque ya hay tres proposiciones de ley en el Congreso —de PP, Sumar y Podemos— que piden revertir esa decisión y que tienen los números para salir adelante. Ella reclamó ir "paso a paso", confirmó que Hacienda planteará el veto a esas iniciativas, pero no avanzó qué sucederá cuando ese veto lo levanten, en la Mesa de la Cámara baja, PP y Sumar. Sí prometió genéricamente, dejándose un margen para una salida negociada, diálogo "hasta la extenuación".

La vicepresidenta recordó que el SMI ha pasado de los 735,90 euros de 2018, con Rajoy, a los 1.184 actuales, un 61% más, que se acompaña de la "mayor rebaja fiscal" de la historia a rentas bajas y medias, de 5.000 millones. No admitirá "ninguna lección" del PP

La pantalla siguiente no está, por tanto, despejada, porque lo que quería hacer Montero era explicarse. Largamente. Recordó, primero, que el SMI ha pasado de los 735,90 euros de 2018, el último año de Mariano Rajoy en el poder, a los 1.184 aprobados el pasado martes, una subida del 61% y una cantidad que "se corresponde" con el 60% del salario medio, por lo que se puede considerar como un "sueldo digno" y no una "renta de subsistencia", como lo era el SMI del PP. Con una renta salarial tan baja y "exigua" como la que se cobraba hasta 2019, "tenía sentido" que se acompañara de la total exención fiscal y se tratara como una prestación, razonó Montero, pero ahora que ya no lo es, es justo que esa retribución suponga "derechos y deberes".

Máxime, insistió, cuando el 80% de los perceptores seguirán sin tener que pagar a Hacienda, pues solo lo harán, en síntesis, el 20% de beneficiarios que son solteros y sin hijos a cargo. La vicepresidenta alegó también que esa pequeña contribución es congruente con la "mayor rebaja fiscal de nuestra historia", la que aprobó el Ejecutivo de coalición para ayudar a las rentas bajas y medias: más de 5.000 millones de euros menos. Bajada, reseñó, que se ha "consolidado" y sigue vigente. La ministra por eso dijo no admitir "ninguna lección" del PP ni en materia de SMI —subió en siete años, de 2011 a 2018, un 14,7%, de 641,40 a 735,90 euros— ni en materia de reducción de impuestos para los que menos cobran.

Montero también adujo, en respuesta a Díaz, que el informe de los expertos que la asesoran en la subida del salario mínimo, ya "contemplaba" esa posibilidad: ofrecía dos escenarios, un alza del 3,44% o del 4,41%, y advertía de la posibilidad del pago de IRPF al rebasarse el umbral mínimo de tributación —que desde 2024 es el equivalente al SMI fijado en aquel año, que ahora no ha cambiado, de 15.876 euros—. Ese nuevo SMI sería el 60% del salario medio neto, no bruto, recordó la vicepresidenta citando el documento que los expertos entregaron a Díaz. Por eso precisamente se optó por la horquilla alta, que suponía la subida de 50 euros brutos al mes (700 al año) respecto al salario mínimo de 2024. "Estamos hablando de salario medio neto, porque la metodología que escogió justamente el comité de expertos era hablar del salario que llega al bolsillo de los ciudadanos una vez satisfechas las obligaciones que tienen en términos tributarios o en términos de cotización. Se optó por la parte alta [de la horquilla] siendo conscientes de que esa parte ya contemplaba el salario neto y por tanto que había que satisfacer los impuestos que correspondieran, aunque solo fuera un 20% el que lo tuviera que pagar".

Se escuda también en que el informe de expertos que asesora a Díaz ya contemplaba la tributación porque se hablaba del salario medio neto. Y recuerda que solo el 20% de los perceptores del SMI tendrán que pagar: básicamente, solteros sin hijos a cargo

Pero para Montero lo más importante es que los ciudadanos entiendan que los impuestos son "imprescindibles" para poder sostener servicios públicos como la sanidad y la educación públicas o la dependencia, una especie de "salario en diferido" del que disfrutan, mayoritariamente, los trabajadores.

"La posición de Hacienda es bien conocida"

Díaz no escondió su enfado el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando aseguró que supo de la decisión de Hacienda por los medios, porque esta trascendió apenas media hora antes. Montero no le había advertido ni en la reunión ordinaria del Gabinete ni, antes, en la cita de la comisión interministerial por la dana. La vicepresidenta primera respondió este viernes que Hacienda "participó en las reuniones del comité de expertos" sobre la subida del SMI, tiene a uno de los suyos en ese equipo, y la posición del ministerio "siempre ha sido clara", así que "nadie puede decir que no la haya dado cada vez que ha sido requerida". "No tengo ninguna duda de que [Yolanda Díaz] habrá leído el informe [de los expertos] de la A a la Z", aguijoneó. Además, reivindicó que la competencia tributaria es de su departamento, y en esto tiene todo que decir Hacienda porque hay "prestaciones ligadas" al SMI, por lo que una subida tiene un coste añadido para las arcas públicas. "No voy a hacer polémica respecto a cuándo se enteró Yolanda Díaz o no. La posición de Hacienda es bien conocida y el año anterior ya dijimos que ese ritmo de crecimiento no se podía mantener en el futuro" si no comenzaban a tributar, agregó, para manifestar su "respeto" a las palabras de su compañera de Gabinete.

Subraya que sería insostenible seguir subiendo el salario mínimo sin tributación. Elevar el mínimo exento supondría una merma de ingresos para el Estado de entre 1.700 y 2.000 millones

La vicepresidenta remarcó que tiene un diálogo "fluido" dentro y fuera del Gobierno, pero Hacienda es "firme" en la "defensa de sus principios y valores". No cabe, insistió, "apuntarse" al discurso del "vaciamiento fiscal", del "populismo fiscal" de la derecha, una crítica implícita a Díaz. "Lo que tenemos es un firme convencimiento de que es bueno, es de izquierdas, es progresista que el salario mínimo sea digno, que tenga perspectiva de seguir subiendo en los años sucesivos y que, por tanto, participe afortunadamente de derechos y también de obligaciones", redondeó.

Para Montero, sería por tanto insostenible mantener un ritmo de subidas del SMI sin tributación. Porque si se eleva el mínimo exento, como se había hecho hasta ahora, no solo dejan de tributar las rentas del SMI, sino todas, hasta las más altas, ya que el IRPF está diseñado por tramos. La vicepresidenta cuantificó la merma de recaudación si se alzara el umbral libre de impuestos: el Estado perdería entre 1.700 y 2.000 millones, que se sumaría a los 5.000 millones de la bajada fiscal para renas bajas y medias, cantidades a las que habría que añadir lo que el Gobierno ha dejado de captar en estos años por la rebaja del IVA de la luz o de los alimentos, vigente hasta que la inflación remitió. A Hacienda, admitió, le habría gustado que se hubieran aprobado nuevas figuras fiscales, como un rediseñado gravamen a las energéticas o un impuesto a las grandes fortunas, pero no ha tenido mayoría de apoyos en el Congreso.

Siguiendo con su pedagogía, Montero resaltó que España es de los países con "menor tributación" de la OCDE, del conjunto de Europa. Y recordó que ya el año pasado los que cobraban 1.184 euros brutos al mes estaban tributando. "El año pasado, esta renta pagaba impuesto, y nadie pensó que el sistema fiscal no era justo", explicó. Lo que se hace no es subir impuestos, insistió, sino no elevar el mínimo exento. Porque además ese 20% de perceptores del SMI abonarán unos 300 euros, menos de un tipo medio del 2%. Montero llamó a hacer "pedagogía", porque lo "mínimo" es que las fuerzas progresistas se empeñen en explicar que el Estado del bienestar es un "salario en diferido", que el "gran colchón" de los trabajadores es la sanidad o la educación públicas, más allá de su retribución. Así que lo que es pertinente, siguió, es hacer un debate sobre el SMI "fuera del populismo". El que endosa a Díaz. También remarcó que en otros países europeos —Alemania, Francia, Polonia, Bélgica...— también el salario mínimo soporta retenciones.

No se sitúa en las pantallas siguientes, pide ir "paso a paso". Sí insiste en que la posición de Hacienda es "clara" y "firme", pero al tiempo remarca que la coalición seguirá y que dialogará "hasta la extenuación". "Pedagogía y convicción", receta

El gran muro que tiene enfrente Hacienda es la Cámara baja. Los socialistas se hallan solos en su defensa de la tributación del salario mínimo. A la pregunta de si tendrá que rectificar, obligada por el Congreso, Montero pidió ir "paso a paso". No dio más detalles porque lo que quería era fijar la posición "clara" de Hacienda y del PSOE: si se pretende seguir subiendo el SMI, "alejándolo de cifras de subsistencia", "hay que ir acompañando la fiscalidad en esa misma proporción". "Un país tiene que tener asegurada la sostenibilidad del Estado del bienestar, salvo que algunos no crean en ello", lanzó, en otro aviso implícito a Díaz. En definitiva, el estirón del SMI no puede aprobarse a costa del "deterioro de los servicios públicos", porque "no puede ser vestir un santo para desvestir a otro". En definitiva, "pedagogía y convicción".

Pero al tiempo la ministra también quiso dejar claro que no hay intención de romper con Sumar. El Ejecutivo "es más sólido que las puntuales discrepancias en determinadas materias", hay "Gobierno de coalición para rato", pese a que "algunos", dijo en alusión al PP, quieran que "se pite el final del partido". "Este Gobierno va a agotar la legislatura y, sin duda, con su socio de Gobierno", prometió. "Dialogaremos hasta la extenuación", remachó, dejándose un margen (eso sí, estrecho) para la negociación. Estrecho porque, para empezar, intentará bloquear el debate en el Congreso —Hacienda "planteará las acciones que considere convenientes" para que no haya una merma de recaudación—, vía veto. Pero cuando se levante, ¿qué? ¿Se evitará el choque final? No hay respuesta final.