El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares ha convertido la hoja de ruta firmada con Marruecos en una guía sagrada que le impide elevar cualquier queja, por leve que pueda resultar, al vecino marroquí. Así, su departamento ha evitado protestar ante el régimen alauí por la expulsión de hasta siete españoles de los territorios ocupados del Sáhara Occidental desde principios de este año, en una escalada que Marruecos ejecuta con total impunidad.

Una semana después de cursar la solicitud de información al respecto, el gabinete de comunicación del ministro socialista ha respondido a El Independiente el siguiente y escueto mensaje: "Puede utilizar, citando a fuentes oficiales de Exteriores, que 'el Gobierno de España defiende el trabajo de los periodistas españoles en todos los lugares del mundo'". Entre los españoles deportados por Rabat, figuran dos reporteros, José Carmona de Público y Francisco Carrión de El Independiente.

Exteriores no contesta

La pasada semana la Federación de Asociaciones de Periodista de España instó a Albares que "exigir las oportunas explicaciones a su homólogo marroquí", pero el Palacio de Viana ha optado por la táctica del mutismo, evitando el envío de un queja por cauces diplomáticos por el maltrato continuado de las autoridades alauíes a activistas, políticos y periodistas que tratan de acceder al territorio de la antigua colonia española, ocupado desde 1976 por la monarquía de Mohamed VI.

Las preguntas que el gabinete de prensa de Exteriores se ha negado a responder a este diario son las siguientes: "¿Ha enviado el Ministerio de Exteriores una queja formal a las autoridades marroquíes por estos hechos? ¿Qué cauces y cómo se ha protestado ante las autoridades marroquíes? En caso negativo, ¿va a el Ministerio de Exteriores a hacerlo en próximas fechas ante la acumulación de casos? ¿Qué atención por parte del Ministerio de Exteriores se ha proporcionado a los deportados y expulsados españoles ¿Cuál es el compromiso del Ministerio en la defensa de la libertad de prensa y de movimiento de los ciudadanos españoles?".

Respeto extremo a la "hoja de ruta" con Marruecos

Albares trata así de cumplir a pies juntillas "la nueva etapa del partenariado entre España y Marruecos" rubricada el 7 de abril de 2022 durante el viaje de Sánchez a Rabat. "Los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados", esboza uno de los puntos tras subrayar el compromiso mutuo de establecer una relación "basada en los principios de transparencia, de diálogo permanente, de respeto mutuo...".

A pesar del celo con el que Albares trata de cumplirlo, políticos marroquíes han seguido cuestionando la soberanía española de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que Rabat considera "presidios" pendientes de ser liberados. Una estrategia de enmudecer ante cualquier agravio lanzado desde el otro lado del Estrecho del que toman buena nota en Argelia, donde se critica la falta de autonomía de la política exterior española, supeditada a los dictados del majzén, el círculo de Mohamed VI que rige los designios de Marruecos.

En lo que va de 2025 hasta siete españoles han sido expulsados del Sáhara Occidental, la antigua colonia española ocupada desde 1976 por Marruecos y considerada por la ONU el último territorio por descolonizar de África. Los primeros en ser deportados fueron José Carmona, periodista de Público y los activistas de la Coordinadora de Asociaciones de Amistado con el Sáhara, Antonio Martínez y Sergio García, que lograron acceder a Dajla ocupada en la recién inaugurada ruta de Ryanair que conecta Madrid con la ciudad saharaui. Un día después de su llegada, fueron arrestados y expulsados vía la ciudad marroquí de Agadir. La semana pasada las autoridades marroquíes impidieron el acceso a El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado, a los parlamentario vascos Mikel Arruabarrena (PNV), Amancay Villalba (EH Bildu) y Jon Hernández (Sumar). Este miércoles al periodista de El Independiente Francisco Carrión le fue denegado el acceso en Dajla.

Una sucesión de expulsiones de un territorio sometido a un férreo control policial y militar que Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera "un agujero negro informativo". Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales como la FAPE, RSF o el Comité para la Protección de los Periodistas han condenado la deportación de los reporteros españoles y han exigido a Rabat que permite el acceso libre y sin restricciones a la prensa internacional.

BNG y Sumar piden explicaciones a Albares

A pesar de silencio que Albares intenta imponer al asunto, las solicitudes de rendición de cuentas han llegado al Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados. La semana pasada la europarlamentaria de Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, registró esta semana una pregunta a la Comisión a propósito de la deportación del periodista de El Independiente. "Teniendo en cuenta estos casos, junto con la resolución del Parlamento Europeo del 11 de julio de 2023 sobre la protección de los periodistas en todo el mundo y la política de la Unión Europea en la materia: ¿Qué hará la Comisión para garantizar la protección de los periodistas en el desempeño de sus funciones? ¿Qué hará la Comisión ante estas violaciones de la libertad de expresión en Marruecos?", preguntó Miranda.

En la misma línea, Sumar registró esta semana una pregunta dirigida al ala socialista del Ejecutivo. El socio del PSOE pregunta a Albares "cómo valora el Gobierno las expulsiones de periodistas, políticos y activistas de nuestro país de territorios saharauis por parte de las autoridades ocupantes de Marruecos". Además, le interroga por "las medidas diplomáticas va a tomar el Gobierno español para defender la libertad de prensa, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, ante las ya reiteradas expulsiones y vejaciones que se han denunciado".