Los miembros de la trama para defraudar el IVA de hidrocarburos en torno a la empresa Gaslow contrataron a un detective privado y a su equipo para realizar contravigilancias. El profesional, de nombre E., acabó más tarde como testigo protegido de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de la operación. Así se desprende de los documentos del caso a los que ha tenido acceso en exclusiva El Independiente.

La Audiencia Nacional investiga a esta operadora de fuel por un presunto delito de fraude en el pago de impuestos que ascendería a 110 millones de euros sólo en 2020. La dinámica funciona de la siguiente manera: una operadora al por mayor vende fuel a empresas intermediarias, que terminan revendiéndolos a las suministradoras. Las dos primeras sociedades están controladas por la misma trama. Mientras la compañía que vende al por mayor no tiene que reportar IVA, las intermediarias sí. Se lo cargan al usuario final, pero cuando Hacienda se lo reclama las empresas han desaparecido.

En el caso de Gaslow, la sociedad ha pasado por varias manos. A saltado a los medios porque uno de sus integrantes ha sido Claudio Rivas, socio del conseguidor Víctor de Aldama y la persona que presuntamente compró una casa en Cádiz para el exministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil señala tres fases en la empresa del fuel, en las que los propietarios habrían sido distintos. En una de ellas estaba una pieza clave, Antonio Rodríguez Estepa, detenido en varias ocasiones por fraudes similares. Uno de sus socios, Javier García Pérez, contrató a un equipo de detectives para que realizasen tareas de contravigilancia. Es decir, controlar si alguien les seguía.

En uno de los informes de la UCO, los agentes explican que García, supuestamente, recibía amenazas de un socio suyo, G. G. Esta persona fue interpuesta como propietario de Gaslow. Los detectives tenían como objetivo detectar seguimientos de terceros. Fuentes conocedoras, señalan que tanto García Pérez como Rodríguez Estepa tenían un sentimiento persecutorio y de ser espiados constante. De hecho, en uno de los informes del detective, en poder de este periódico, explicó que no se detectaron dichas amenazas "en ningún momento".

Detectó a la Guardia Civil

Las contravigilancias del detective pasaron sin mayor actividad hasta el 5 de julio de 2021. A las 9:47, en la calle del domicilio de su cliente, detectó un Toyota Rav negro con un hombre en su interior. Lo describe de unos 45 años, "ligeramente barbado y entrecano". Apunta que hizo uso de su móvil al pasar García Pérez por su lado. Este tenía una cita en el mercado de La Paz, en Madrid. Durante el encuentro, los investigadores privados detectaron a otro hombre, de unos 15 años menor, y 1,70 de altura. Según ellos, se trataba de un agente de paisano, ya que en una ocasión, al ajustarse el pantalón, vieron una placa en el cinturón.

Los dos hombres no siguieron a García Pérez, que continuó con su actividad normal. Sin embargo, los detectives, a las 12:00 de ese 5 de julio, observaron un Audi Q3 en el carril bus de la calle Serrano. Estaba ocupado por dos mujeres jóvenes. En un momento determinado, estacionó detrás de ellas el mismo Toyota Rav que vieron por la mañana. De él se bajó el mismo hombre que estaba dentro, y "sin mediar palabra" dejó una bolsa en la parte de atrás del Audi. Se marchó sin hablar con las mujeres.

Los detectives tomaron fotografía de todo lo ocurrido, pero fueron detectados por una de las mujeres que también les echó una foto. Al preguntarles sobre qué hacían allí, una de ellas le dijo que era agente de la Guardia Civil, a lo que él se identificó como investigador privado. Al poco, dos hombres, que también se presentaron como miembros del Instituto Armado (uno de ellos era el que apareció en el mercado de la Paz), pidieron al detective que se identificase con su número de licencia.

Tras un intercambio de palabras, el detective les dice que trabaja para un tal "Javier" y les da el nombre de una empresa. Los guardias no hacen más preguntas y le dicen que puede seguir con su servicio de contravigilancias, "que no tiene nada que ver". 15 días después de detectar hasta a cinco agentes de la Guardia Civil, la UCO llevó a cabo las detenciones y registros de la trama Gaslow.

Pero no sólo Javier García Pérez supo que agentes de la Benemérita rondaban los sitios a los que iba. El 26 de abril de 2021, Rodríguez Estepa, otro de los detenidos y uno de los cabecillas de la organización, remitió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Expuso que hubo detectado "un seguimiento personal por parte de personas desconocidas". El empresario, por aquel entonces, colaboraba en varias causas, por lo que quiso saber si era objeto de alguna investigación más para ponerse a su total disposición para aclarar cualquier punto.

Testigo protegido y chivatazo

En la causa de Gaslow se investiga, además, un posible chivatazo a los miembros antes de ser detenidos. La Guardia Civil encontró poco dinero en los registros, algo que les hizo sospechar. La UCO tomó declaración al detective como testigo protegido el 2 de febrero de 2022. En su declaración señaló a un ex capitán de la unidad de élite que investiga el fraude de hidrocarburos. Pero también dijo más cosas.

Por ejemplo, que fue contratado en enero de 2021 para hacer las contravigilancias, pero que antes, desde el octubre anterior, ya había "compañeros" detectives trabajando. Estos espías privados tardaron un par de días en detectar y fotografiar vehículos de la Guardia Civil en un operativo de vigilancia. Cuando el testigo protegido de la UCO empezó a trabajar para García Pérez, los anteriores le dijeron que estaba siendo sometido a una investigación policial.

¿Cómo podían saberlo? Por las matrículas. Según su declaración, los anteriores detectives consultaron las placas a través de la aplicación Detectacar. Además, asegura que se personaron en la unidad de seguridad privada de la Policía Nacional. Allí les confirmaron que eran vehículos de la Guardia Civil, y que ante cualquier actuación se inhibieran.

Durante la declaración judicial de tres de los detenidos, afirmaron ante el juez Santiago Pedraz, que lleva la causa, que el capitán al que señaló el detective ante la UCO nunca les ayudó. Reconocieron que tenían relación con él, ya que habían sido sus fuentes durante algún tiempo. Pero el mando, que estaba en la unidad de blanqueo, no les transmitió información sobre las investigaciones de hidrocarburos. Tampoco sobre cuándo iban a ser detenidos.