La conexión entre la moción de censura de Ripoll y la cuestión de confianza de Junts a Sánchez

La inmigración. El fenómeno que inunda las conversaciones en buena parte de las sociedades occidentales, que la ultraderecha azuza para intentar sacar rédito electoral y que permea en los discursos de las demás formaciones políticas. Es el hilo conductor que ayuda a entender también, en lo cercano, parte del comportamiento del socio de investidura más inestable del Gobierno, de Junts. Marchitada la obsesión del procés, el debate político ha regresado en Cataluña al eje izquierda-derecha, y en esa escala los posconvergentes compiten en su flanco con un rival peligroso, Aliança Catalana, el partido ultra, xenófobo e independentista de Sílvia Orriols, que logró entrar en el Parlament en las últimas elecciones autonómicas sentando a dos de los suyos en la Cámara y cosechando el 3,77% de las papeletas. Los de Carles Puigdemont se echaban este martes atrás, en el último momento, en la moción de censura que habían pactado con Junts y ERC para desalojar a la formación de Orriols de la alcaldía de Ripoll (Girona). Y, en Madrid, activaban también este martes la cuenta atrás para el debate, en menos de una semana, de su proposición no de ley por la que reclaman a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Una iniciativa que justifican por lo que entienden como incumplimientos del Ejecutivo, entre ellos el traspaso a la Generalitat de las competencias migratorias.

La fuerza de Junts radica en el poder de presión al Ejecutivo de Sánchez a través de sus siete diputados en el Congreso, porque no controla ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento ni la Diputación de Barcelona

Son dos decisiones de Junts de fuerte impacto político y que explican bien algunas de sus dinámicas, su intento de reubicación en la Cataluña postprocés, en la que apenas tienen poder institucional en sus manos. Ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento ni la Diputación de Barcelona. Su fuerza radica, prácticamente, en el poder de presión al Ejecutivo de Sánchez a través de sus siete diputados en el Congreso, los que le proporcionan visibilidad y con los que pretende proyectar el mensaje de que ellos sí negocian, y no "a cambio de nada", como constantemente afean a ERC.

Ya hace algo más de un año, el Gobierno pudo sacar adelante sus primeros decretos leyes de la legislatura por un pacto in extremis con Junts. Uno de los puntos del acuerdo era la delegación "integral" de las competencias migratorias a la Generalitat. Las negociaciones se han prolongado meses y meses, y desde hace varias semanas ambas partes reconocen que los trabajos están muy "avanzados". Pero si no hay acuerdo aún es por un escollo clave: el control de fronteras, que Sánchez se niega a ceder por completo a los Mossos —al menos, por ahora— porque desbordaría la Constitución e incluso los tratados comunitarios. El bloqueo en esta carpeta fundamental para los posconvergentes explica que en diciembre registraran una proposición de ley para exigir al presidente que plantee una cuestión de confianza.

Tras varios tiras y aflojas, los socialistas, aunque al principio eran contrarios, accedieron a descongelar la iniciativa, aceptándola a trámite en el Congreso, a cambio de que Junts salvase el escudo social de su real decreto ley ómnibus, el que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte. El nuevo decreto fue convalidado el miércoles pasado —con los votos también del PP, en otro sorprendente giro—. Este martes, tocaba fijar el orden del día del pleno de la semana próxima en la Cámara baja y la formación de Puigdemont tenía ya cupo para debatir una de sus iniciativas. La que entraba de manera automática en la sesión del 25 de febrero, por antigüedad, era una que el grupo tenía sobre costas. Pero los independentistas decidieron introducir en su lugar su propuesta sobre la cuestión de confianza a Sánchez. No hacerlo les exponía a que el texto no fuera debatido mucho más adelante.

La formación decide llevar al pleno de la próxima semana en la Cámara baja la petición de cuestión de confianza, y desplaza a la que tenía en nevera, una sobre costas, por lo que activa la cuenta atrás

Junts tiene garantizado el foco, por tanto, hasta la próxima semana. La proposición no de ley será discutida por el pleno el martes 25 pero no será votada, probablemente, hasta el miércoles 26. Sánchez ya ha advertido de que aunque la iniciativa prospere él no la atenderá, puesto que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva suya, que recoge el artículo 112 de la Constitución, y entiende que no es "necesaria". Pero, si sale adelante la moción de los posconvergentes —basta con que la apoyen PP y Vox—, será inevitable el impacto político, la lectura de que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo de la Cámara, el mensaje que quiere trasladar Puigdemont y que también será aprovechado por el PP, que desde el principio estuvo a favor de que se tramitase el texto.

"Inviable" la moción en Ripoll

Los independentistas catalanes pueden jugar con la presión hasta el último minuto. En su mano está, incluso, retirar la iniciativa antes de su votación. Y para ello su baza es la presión para la delegación de las competencias migratorias. Fuentes de la Moncloa aseguraban este martes que las negociaciones están "como estaban". O sea, bloqueadas por la discrepancia sobre el control de las fronteras, ya que el Ejecutivo ofrece, como máximo, equipos compartidos entre Mossos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero reservando la decisión última al Ministerio del Interior, algo a lo que el expresident se niega por ahora. En el equipo del presidente Sánchez se subraya que el debate de la proposición no de ley y el pacto migratorio son "temas diferentes". Es decir, que no se sienten compelidos a cerrar un acuerdo por mucho que la moción llegue al pleno el próximo 25 de febrero.

Junts frustra la moción de censura que había pactado con ERC y PSC para desbancar a Sílvia Orriols, la regidora de Ripoll y líder del partido xenófobo

Junts decidió en Madrid la siguiente ficha de su tablero. Pero también lo hizo en Cataluña. La formación descartó sumarse este martes a una moción de censura contra la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança, Sílvia Orriols, porque las condiciones actuales, subrayó en un comunicado, la hacen "inviable" y porque "aumentaría el victimismo" de su competidor independentista. "No es viable sustituir un Gobierno en minoría por otro Gobierno en minoría, porque está el riesgo de que la ciudadanía crea que se trata de un simple cambio de sillas", adujo en su nota. Frustraba en ese momento la mayoría alternativa que podía desbancar a Orriols: Junts (tres concejales), ERC (3) y PSC (2) suman ocho ediles, por los seis de Aliança. La CUP sienta a dos de sus miembros y la candidatura de Som-hi Ripoll, uno.

Orriols tiró en enero de la ley electoral y se sometió a una cuestión de confianza después de que le tumbaran los presupuestos municipales. Los grupos disponían de un mes para pactar una moción de censura con candidato alternativo. Y esta vez parecía que podía salir adelante porque Junts, ERC y PSC habían llegado a un pacto que implicaba incluso que los socialistas entrasen en el nuevo equipo de gobierno, pese a que el principio rechazaban esa opción. El PSC giró para lograr que saliera de la alcaldía Orriols.

Hemos tomado una decisión y estamos convencidos. Si tiene que haber una alternativa al gobierno de Orriols, se tiene que validar en las urnas, tiene que ser un cambio que debe venir a partir de 2027", justifica el concejal del partido Ferran Raigon

Pero fue Junts quien en el último momento se retiró de la partida y, al hacer descarrilar la moción, la alcaldesa podrá continuar al mando del consistorio y con los presupuestos aprobados. No solo se explicó vía comunicado, sino que el secretario general de la formación, Jordi Turull, se sumó a la rueda de prensa en la localidad en la que participó también el concejal del partido Ferran Raigon. Este relató que no se había roto ningún pacto con los demás grupos porque no se había llegado a suscribir, a pesar de que sí reconoció conversaciones con ellos. "Hemos tomado una decisión y estamos convencidos. Si tiene que haber una alternativa al gobierno de Orriols, se tiene que validar en las urnas, tiene que ser un cambio que debe venir a partir de 2027 y no un gobierno que se articule en los despachos", justificó. Turull, por su parte, argumentó que su formación combatirá el discurso de Aliança "de manera mucho más directa", por lo que no aceptarán "según qué acusaciones" reciba, informa EFE.

"El 'síndrome Feijóo'"

El telón de fondo de lo sucedido en Madrid y en Ripoll es la inmigración. De forma más o menos directa. Por la competencia que Junts sufre por su derecha con un partido ultra y abiertamente xenófobo. "Puigdemont sufre el síndrome Feijóo. Porque se comporta con Orriols como [Alberto Núñez] Feijóo hace con [Santiago] Abascal. Como no quieren hacerle cordón sanitario a la ultraderecha, no saben plantarle cara", explica uno de los dirigentes más veteranos del PSC, que cree que en el caso de Ripoll ha operado más la clave catalana que local, porque los concejales de Junts en la localidad sí estaban por la labor de firmar la moción de censura, mientras que el expresident y líder del partido "decidió frenarla".

Para el PSC, Junts "cae en el error de competir con Aliança en el tema migratorio". Y también "pega un volantazo pensando en 2027, pensando en un PP-Vox a la catalana", señala un mando de la cúpula de Illa

Y, como Feijóo, prosigue, Junts "cae en el error de competir con Aliança en el tema migratorio". "Y cuando entras en el territorio del otro lo que acaba sucediendo es que la gente vota al original, a Vox en España o a Aliança en Cataluña, pero no al PP o a Junts. Junts se ha dejado condicionar su política por Orriols. Dejó que gobernara en Ripoll y se ha convertido, con el paso del tiempo, en la manzana envenenada, porque ella ha utilizado la plataforma de la alcaldía para entrar en el Parlament y seguir creciendo", continúa este responsable. La difícil relación con la formación ultra ya está provocando una división palpable en el espacio posconvergente: el expresident Artur Mas sí ha llamado a tender puentes con ella, mientras que Turull ha dejado claro que no hay nada de qué hablar.

"Aquí Junts ha pegado un volantazo pensando en 2027. Pensando en que para las municipales van a necesitar a Aliança. Pensemos que es un PP-Vox a la catalana", sentencia uno de los altos dirigentes de la cúpula de Salvador Illa. Este mando relata que la formación de Puigdemont se encuentra desubicada en el tablero, porque el eje del procés ha desaparecido de la conversación pública, y al tiempo la Cataluña interior está en plena transformación por la llegada de más inmigración, un cambio que sucedió hace décadas en el cinturón metropolitano de Barcelona, precisamente el que el PSC ha sabido conservar, con altibajos, a lo largo del tiempo. "Y Orriols habla muy claro para su gente. Los de Vox a su lado son machirulos moderados. Ella no se anda con sutilezas, es buena oradora y se define como islamófoba en sus discursos. Representa una extrema derecha moderna, mientras que en Vox son nostálgicos del franquismo. Ella es muy hábil", remata este cargo del PSC. Ese discurso explica, añade, que Aliança tenga cierta pegada y que Junts tema que le erosione su granero electoral. La inmigración, por tanto, ayuda a desentrañar algunas de las decisiones de los posconvergentes, y sirve para dar sentido a sus dos terrenos de juego: Cataluña y Madrid.