El Grupo Popular ha logrado sacar adelante este miércoles una moción sobre vivienda -en la que denunciaba el fracaso, a su juicio, de las políticas del Gobierno en esta materia- con amplios apoyos parlamentarios, incluido el del PSOE en alguno de sus puntos. Destacado ha sido, sin embargo, el frente común de PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN en uno de sus capítulos referido a la okupación y la llamada inquiokupación, esto es, los arrendatarios de un piso de alquiler que dejan de pagar.

En concreto, ese punto de la moción aboga por "luchar contra la okupación ilegal de viviendas y el nuevo fenómeno de la inquiokupación, haciendo que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo de 24-48 horas". En contra han votado PSOE, sumar, ERC, Bildu, Podemos y José Luis Ábalos, precisamente quien siendo ministro de Trasportes y Agenda Urbana pactó la ley de Vivienda la pasada legislatura con la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Nuevas coincidencias con PNV y Junts

Prácticamente los mismos grupos que han aprobado la propuesta para luchar contra la okupación han unido también sus votos instando al Gobierno a que ponga en el mercado suelo de titularidad pública para la construcción de vivienda a precios asequibles y con transparencia, "a través de un portal como herramienta de información abierta que permita consultar parcelas públicas disponibles", así como la implementación de medidas específicas para facilitar el acceso a la misma, algunas de índole fiscal.

Pero el segundo aspecto más llamativo de esta moción se ha sustanciado en la división entre los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, en dos de los puntos del texto del Partido Popular. Los socialistas han respaldado la propuesta de agilizar los mecanismos de la Administración Pública para que los informes sectoriales se emitan en el plazo establecido y acelerar los procesos de transformación del suelo finalista con el fin de construir vivienda, "reduciendo los plazos de 10-12 años a la mitad", cuestión en la que Sumar se ha abstenido.

Además, los magentas han votado en contra de "dotar de seguridad jurídica al planeamiento urbanístico, limitando la nulidad por defectos formales de los planes generales urbanísticos", que los socialistas han respaldado.

El PSOE vota en contra, junto a Vox y Ábalos, de una PNL de Sumar

Pero no ha sido la única división entre los socios cuya relación no pasa ahora por el mejor de los momentos a cuenta de la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sumar presentaba una propuesta para la creación de un fondo específico de carácter complementario y transitorio, "que compense en 2025 la merma de ingresos que va a sufrir en ese ejercicio la comunidad autónoma de Aragón, al menos en 87 millones de euros, a consecuencia de la disminución en las variables que sirven para calcular la población ajustada en el actual sistema". Los socialistas han votado en contra de la misma aunque la PNL ha prosperado con el apoyo de otros grupos de la Cámara. En este caso, PSOE, Voz y Ábalos han votado lo mismo.