En la localidad madrileña de Valdepiélagos, una vivienda permanece ocupada ilegalmente por un inquiokupa desde julio de 2021. Se trata de un inmueble de 700 metros cuadrados, vallado en todo su perímetro y en cuyo interior hay una casa independiente. El okupa firmó un contrato de arrendamiento en 2019 con el padre de los actuales propietarios, quien falleció el 10 de agosto de 2022. Fue entonces cuando sus tres hijos heredaron la propiedad. Comenzó a dejar de pagar las rentas en 2021, y desde entonces ha mantenido la finca ocupada, con una característica llamativa que le diferencia de la mayor parte de los okupas: ni siquiera vive en ella.

Los únicos seres vivos que habitan allí son dos perros, que según denunció un vecino ante el Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) están en una situación de semiabandono. Uno de ellos, de nombre Thor, atacó a un residente provocándole heridas en el muslo izquierdo. El otro se llama Lola. Esta misma persona explicó a los agentes que los animales se encontraban en mal estado porque no estaban siendo atendidos por los inquilinos, y eran los propios vecinos quienes les proporcionaban alimentos y agua a través de la valla de la parcela. “Todo el pueblo sabe que no vive allí”, indica a este periódico el abogado de los propietarios.

El Seprona, tras tener conocimiento de estos hechos, que podían ser compatibles con un delito de maltrato animal, inspeccionó la parcela. En su informe destacaron que los perros presentaban cierta agresividad y que no localizaron al inquilino. También anotaron haber visto un gran número de heces en el recinto.

Los agentes de la Guardia Civil indicaron en su informe que la vegetación de la zona ajardinada de la finca se mantiene altamente descuidada

Este caso encaja en lo que se conoce como inquiokupación, un método que consiste en acceder legalmente a un inmueble mediante un contrato de alquiler y, una vez dentro, dejar de pagar la renta para aferrarse a la propiedad el mayor tiempo posible. En concreto, este okupa se ampara en una falsa situación de vulnerabilidad para paralizar su desahucio, acordado por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcobendas el 23 de enero de 2024.

Una situación que pretende prolongar hasta como mínimo el 31 de diciembre de este año. “Este caso tiene la particularidad de que no es solamente que una persona le eche morro y consiga que una trabajadora social le firme un informe que dice que es vulnerable sin explicar por qué, sino que ese juzgado de Alcobendas debe llevar años de retraso. No hemos recibido contestación a ninguno de los escritos que hemos presentado en un año”, indica la defensa de los denunciantes.

El juez también ordenó el pago de las rentas que no había abonado (incluidas las que se generen hasta el desahucio) y le condenó al pago de las costas, pero el 7 de marzo acordó la suspensión del lanzamiento al considerar que el demandado vivía en una situación de vulnerabilidad. Desde ese día, casi un año después, no ha cambiado nada: todo sigue igual.

Uno de los perros que el Seprona encontró en la casa

No obstante, su situación dista de ajustarse a estos parámetros. Prueba de ello es que el inquiokupa ni tan siquiera tiene su residencia en la casa que mantiene ocupada. Ni él ni su familia viven allí, lo que para la defensa es la constatación de que tiene una alternativa habitacional y que, por tanto, no se encuentra en una situación real de vulnerabilidad, aunque ahora creen que ha vuelto a residir en la finca para tratar de engañar al juez y prolongar la paralización de la orden de desahucio.

El inquiokupa pide una indemnización

El abogado de los hermanos denuncia que la única forma a través de la cual está dispuesto a abandonar la finca es recibiendo una indemnización por parte de los propietarios. “Lisa y llanamente pretende engañar al juzgador, en una maniobra más de su perverso juego de manipulación de la realidad para fingir una situación de  vulnerabilidad que no existe y que se convierte en un siniestro tı́tulo, basado en la mentira, para impedir recuperar la posesión de su vivienda tras años de impago y de engaño”, relata el abogado de los tres hermanos.

La madre de los legítimos propietarios, que es la que se ha hecho cargo de las gestiones legales, está “entre desesperada y estupefacta”. Aunque lleva muchos años en España, proviene de un país donde no se concibe que una persona pueda ocupar ilegalmente una casa durante tanto tiempo después de haber recurrido a los tribunales. “No entiende nada, no sabe cómo no puede recuperar su casa después de haber ido al juzgado y que éste le haya dado la razón”. También temen que, cuando consigan volver, se encontrarán la casa desvalijada. El mismo día que el juez determinó la fecha para el lanzamiento, le pillaron por la noche llevándose la nevera. “No sabemos cómo nos la encontraremos”, lamentan.