Radiotelevisión Española se revolvió hace unas semanas cuando trascendió una información que adelantó El Independiente y que explicaba que, a pocos días de que Concepción Cascajosa abandonara su puesto, la corporación se había visto obligada a devolver 29,6 millones de euros de fondos europeos ante su incapacidad para desarrollar la totalidad del Proyecto HAZ, al que se había comprometido con el Ministerio de Cultura.

Hace unos días, este periódico mostraba otro documento que hacía referencia al pago de intereses de 1,2 millones de euros al que tuvo que hacer frente al corporación como consecuencia del fracaso de una parte de este plan, que ascendía en un principio a un total de 76,9 millones de euros y que buscaba la capacitación de algunos miles de alumnos en competencias digitales.

No fue, sin embargo, el único proyecto que puso en marcha la corporación y cuya ejecución generó dudas internas, según relatan fuentes del anterior Consejo de Administración. Otro de los que estuvo en el ojo del huracán fue Generación D, que tuvo un presupuesto de más de 20 millones de euros y que pretendía -según su memoria- promover la inclusión digital de la ciudadanía y la concienciación y sensibilización de la misma sobre la necesidad de desarrollar las competencias digitales básicas de la población con foco en los grupos en riesgo de exclusión, especialmente si tenían más de 45 años.

Las 'ciberabuelas'

El proyecto se rubricó con el Ministerio de Economía en 2022, todavía con Nadia Calviño al mando; y comprometía a la corporación a hacer un programa -el ministerio presionó para que se realizara en horario de máxima audiencia, en lo que algunos directivos vieron como una clara intromisión, recuerdan-, así como una serie de reportajes y de microespacios informativos.

El programa que se preparó se llamó Brigada Tech y lo realizó la productora Señor Mono. Su presupuesto ascendió a 4,5 millones de euros, lo que generó sorpresa en el Consejo de Administración dado su elevado montante, según recuerda alguno de los antiguos vocales.

Su presentadora, Luján Argüelles -añaden- tuvo un sueldo asignado de 15.000 euros por programa, que en aquel momento era uno de los más altos de RTVE. Las 'señoras' que participaron en ese espacio -las 'ciber-abuelas' percibieron unos emolumentos de 4.000 euros por episodio, según preveía el contrato.

Presiones gubernamentales

Inicialmente, se iba a emitir en La 2, y así lo aprobó el órgano de gobierno de la corporación. Sin embargo, el Ministerio de Economía maniobró para que se estrenara en La 1 y en horario de máxima audiencia. Así fue. El fracaso fue evidente. Su primer capítulo lo vieron 372.000 espectadores y el 2,8% del share. Los sucesivos episodios de este espacio, de coste millonario, se emitieron en la segunda cadena, con una cuota media de pantalla de alrededor del 1%.

A partir de ahí, se convocó una especie de concurso para que la toma de decisiones con respecto a los proyectos en los que se invertirían estos fondos europeos tuviera un menor margen de error y se ajustara a criterios técnicos. Se constituyó entonces una comisión de compras que fue la que tomó esas decisiones.

Ese Comité de audiovisuales -explican fuentes del alto mando de Prado del Rey- estaba conformado por diferentes directivos y encabezado por el entonces responsable de contenidos y hoy presidente, José Pablo López. En otras reuniones, fue Verónica Ollé quien estuvo al frente. Entonces, era directora del Gabinete de la presidenta. Actualmente es directora general para el Servicio Público del Ministerio de Justicia.

Diferencias de criterio

Al proceso se presentaron 62 proyectos, de los cuales se aprobaron 8, se rechazaron 38 y se dejaron en revisión 16. Lo que llamó la atención a algunos directivos es que hubiera proyectos que se aceptaron o descartaron en un primer momento, pero posteriormente este órgano cambiara de opinión, lo que constituye otro ‘punto oscuro’.

También fue significativa la abstención de José Pablo López en todas las decisiones que realizó el Comité de Compras de Generación D. Así lo reconoció la entonces presidenta interina de la corporación, Elena Sánchez, en una respuesta parlamentaria que dio a una diputada del PP en la que no dio más explicaciones con respecto al motivo. Sin embargo, sucedió en un momento en el que López libraba un fuerte enfrentamiento con Sánchez motivado en las diferencias existentes entre ambos.

Más allá de estas cuestiones, Generación D contemplaba otra partida, que finalmente ascendió a alrededor de 3,5 millones de euros, por la cual se alquilaron y se diseñaron una serie de autobuses informativos -se contrató a la empresa Alegría Activity- que visitaron diferentes ciudades de España; y que realizaron diferentes actividades y encuestas entre la población sobre las competencias digitales.

Sobra decir que estos proyectos han causado diferentes tensiones internas y dudas entre las productoras y proveedores por la forma en la que se han ejecutado.

En el caso de HAZ, José Manuel Pérez Tornero fue quien lo firmó con el Ministerio de Cultura. El expresidente estaba convencido de que se podía ejecutar y de que era positivo para la corporación. No así algunos antiguos consejeros y directivos.

Cuando López llegó a su despacho en Prado del Rey, el pasado octubre, encontró sobre su mesa documentación que explicaba que Concepción Cascajosa, cuando agotaba sus últimas horas de mandato, había firmado la renuncia a una partida de casi 30 millones de euros con el sello NextGen.