La XV Legislatura nacía en 2023 con una debilidad congénita: la precariedad parlamentaria del Gobierno. Pedro Sánchez armó una mayoría de investidura que, con el paso de los meses, se ha agrietado y que en absoluto opera como un rodillo en todas la votaciones en el Congreso, sobre todo por el alineamiento de Junts con PP y Vox. El mensaje desde la Moncloa, cada vez que se producía una derrota en el hemiciclo, era el mismo: no pasa nada, hay que normalizar que se pierdan votaciones, el Legislativo y el Ejecutivo no son lo mismo, sus funciones son distintas, pueden discrepar. Pero no todas las votaciones duelen igual y los socialistas ya asumen que dos quedan muy próximas, y de importante calado político. Dan por perdida la proposición no de ley de los posconvergentes por la que exigen al presidente que se someta a una cuestión de confianza, que se debate y vota la próxima semana en la Cámara baja. Y entienden que fracasarán, mínimo dentro de un mes, en su defensa de que los perceptores del salario mínimo interprofesional tributen a Hacienda, porque tienen una mayoría en contra, pero se niegan a recular o a negociar una reforma legal que desactive la presión de su socio de coalición, de Sumar.

El Gobierno se estuvo pensando durante semanas qué hacer con la iniciativa de Junts sobre la petición de una cuestión de confianza a Sánchez. No quería tramitarla porque entendía que podía sentar un "precedente" peligroso, dado que es el presidente del Gobierno el único que puede plantear una cuestión de confianza. Pero al final aceptó. Transigió. Era uno de los peajes del apoyo de la formación de Carles Puigdemont al escudo social, la parte que el Ejecutivo logró salvar del real decreto ley ómnibus que las derechas de PP, Vox y Junts tumbaron en enero. Los independentistas a cambio rebajaron la redacción de su texto y la Mesa del Congreso la calificó. La iniciativa se discute el próximo martes. Y 24 horas después, previsiblemente el pleno la aprobará con los votos de nuevo de las derechas, de PP, Vox y Junts.

Si se pierde, se pierde. No pasa nada", reflexionan en el equipo directo del presidente. "Ahora que han fijado el debate [para la semana que viene], ya han gastado el cartucho. Han perdido fuerza", añaden en el grupo

"Si se pierde, se pierde. No pasa nada", reflexionan en el equipo directo del presidente, donde se ha venido resaltando que la moción y la transferencia migratoria son "temas diferentes". Creen en la Moncloa que nada empieza ni acaba con la proposición no de ley de los posconvergentes. Ni les presiona para acelerar el pacto para la delegación a Cataluña de las competencias migratorias. Porque fue Junts quien justificó en diciembre la presentación de su iniciativa por la "falta de voluntad política" de Sánchez para "hacer efectivos" los acuerdos suscritos de investidura. Y precisamente una de las carpetas que no se habían cerrado era la migratoria. Los dos partidos llevan negociando desde hace más de un año, desde la agónica votación de los primeros decretos leyes de la legislatura, este traspaso. Los trabajos están, teóricamente, muy "avanzados", pero llevan encallados desde hace semanas en un punto clave, el control de fronteras. El expresident exige que sean los Mossos los que asuman todas las competencias, mientras que el Gobierno ofrece equipos compartidos (policía catalana y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), siempre que la última palabra recaiga en Interior.

Por el momento, sigue sin cerrarse ningún acuerdo. Y que Junts haya decidido utilizar su cupo en el orden del día del pleno del Congreso de la semana próxima para introducir su petición de cuestión de confianza no añade más presión a la Moncloa. "No hay que correr", insisten desde el núcleo duro de Sánchez. Es decir, no se va a acelerar nada para intentar ganar la votación del miércoles. "¿Es que qué conseguimos si cerramos el pacto migratorio? ¿Que retire Junts la proposición no de ley? Lo inteligente para ellos habría sido que la hubieran guardado en un cajón y amenazarnos con sacarla cada cierto tiempo. Pero ahora que lo han hecho, ya han gastado el cartucho. Han perdido fuerza", apuntalan desde la cúpula parlamentaria socialista.

En el partido no se percibe inquietud por la derrota que se da por segura de la próxima semana. Primero, porque solo tiene carácter político —las proposiciones no de ley son textos de orientación para el Gobierno, pero que no le obligan a nada—, y dos, porque ya Sánchez adelantó que, fuera cual fuera el resultado, no se sometería a una cuestión de confianza porque no lo cree "necesario". Frente al mensaje que subrayará Junts (y con seguridad el PP) de que el Ejecutivo no goza ya del respaldo del Parlamento, los socialistas pondrán el acento en "la foto conjunta de Junts con PP y Vox". Una estampa que, creen, no beneficia nada a Puigdemont.

Los socios de izquierdas del Ejecutivo buscan que todo el bloque que sostiene a Sánchez vote en contra de la iniciativa de Junts, sin abstenciones

Los socialistas desearían que el Congreso arrojara una imagen bicolor. La de PP, Junts y Vox y, enfrente, PSOE y Sumar y el resto de sus socios de investidura. La dirección no ha comenzado oficialmente el diálogo con los grupos para compactar una posición común —"lo haremos cuando toque"—. Pero algunos de los aliados progresistas del Ejecutivo sí han empezado a hablar. El objetivo, defiende uno de los portavoces, es que todos ellos voten no a la iniciativa de los de Puigdemont. Es decir, que no quepan medias tintas, que solo haya sí al texto de los posconvergentes y no. Sin abstenciones. "No sería grave que las hubiera, pero sería mejor esa imagen", señalan, con el fin de recalcar el alineamiento de Junts con PP y Vox.

El Gobierno concibe, en cualquier caso, el debate y votación de la propuesta de los de Puigdemont como un mero trámite. Buscan neutralizar así el mensaje negativo que arrojará el hemiciclo. Los socialistas saben que preparando el terreno de antemano la derrota pierde fuerza. En enero, el Ejecutivo sí sufrió un golpe con la caída del decreto ley ómnibus que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones y los descuentos al transporte, pero pasó sin pena ni gloria otro varapalo esperadísimo: la derogación del impuesto a las energéticas.

Los grupos buscan "recaudar menos"

Con la tributación del SMI, el PSOE ya empieza a recorrer ese mismo camino. Sabiendo, esta vez, que está completamente solo en la Cámara. Y asegura que no le importa. La vicepresidenta primera defendió en la sesión de control al Gobierno de este miércoles que eximir del pago de IRPF el nuevo salario mínimo —de 1.184 euros al mes en 14 pagas, 16.576 euros al año, 700 más que en 2024— implicaría "recortar la recaudación" con la que se sostiene el Estado del bienestar. No se trata de recaudar más, insistió María Jesús Montero, sino de "recaudar menos", porque liberar el SMI de tributación supondría elevar el mínimo exento —de los 15.876 actuales a los 16.576 euros— y también reducir la cuota de IRPF a los sueldos que están ligeramente por encima, para corregir el efecto escalón. Hacienda perdería así en torno a 2.000 millones de euros, repitió. 2.000 millones que se suman, siempre agrega la vicepresidenta, a los 5.000 a los que ya ha renunciado por las rebajas fiscales a las clases bajas y medias aprobadas anteriormente por el Ejecutivo.

Montero está dispuesta a debatir cuál es umbral mínimo de tributación, pero no a ligar toda subida del SMI a la exención fiscal, porque supone "condenarlo a que esté congelado": las alzas no serían sostenibles

Fuentes de Hacienda explican que acompañar la subida del SMI de la exención fiscal, como quiere Sumar —y apoyan el resto de grupos— supone "condenarlo a que esté congelado". Para el ministerio, la única manera de hacer sostenible un aumento del suelo retributivo es, precisamente, obligarlo a que tribute, porque además apenas un 20% de los perceptores tendrá que pagar el IRPF (solteros y sin hijos, fundamentalmente). Montero está dispuesta a debatir "cuál es la tributación mínima que tiene que empezar a contar en España", pero no a ligar toda alza del SMI a la exención fiscal. "Es que el salario mínimo no es el ingreso mínimo vital, que sí tiene sentido que no tenga que soportar impuestos", razonan.

En el ala socialista del Ejecutivo defienden que no se puede cubrir el agujero fiscal de esos 2.000 millones apretando más a las rentas altas —ya con la última reforma fiscal se aprobó gravar más las rentas de capital—, porque el mayor número de contribuyentes se encuentra en las franjas bajas y medias. El número de ultrarricos es pequeño e incapaz de compensar, justifican, el descuadre por abajo de la base tributaria.

Las discrepancias de PSOE y Sumar, pues, son "profundas" e irreconciliables. Al menos, por ahora. Eso explica el choque actual entre los dos socios de coalición. La salida que en Hacienda ven a la crisis no es ceder ante las tesis de Yolanda Díaz, sino "primero, hacer pedagogía", recalcando que lo que proponen los socialistas no es en ningún caso una "subida de impuestos", mientras que lo que quiere Sumar es "un recorte en la recaudación".

No vamos a tirar abajo nuestros principios porque alguien nos acuse de estar subiendo los impuestos. No podemos subir el SMI a costa de una menor recaudación", defienden en Hacienda

"No vamos a tirar abajo nuestros principios porque alguien nos acuse de estar subiendo los impuestos, cuando no es verdad —agregan desde el entorno de Montero—. No puede ser que subamos el SMI a costa de una menor recaudación. No seremos nosotros los que permitamos un recorte del Estado del bienestar". La invocación de los "principios" por parte de los socialistas es clave. Porque eso significa que no cederán: no darán marcha atrás a cambio de un acuerdo. Transigir sería "dar por hecho que el SMI queda tocado de muerte".

"Todos los instrumentos legales"

Hacienda utilizará "todos los instrumentos legales" a su alcance para evitar que prosperen las proposiciones de ley de PP, Sumar y Podemos. Es decir, que de entrada ejercerá su derecho al veto. Pero la Mesa puede levantar ese freno con los votos de PP y Sumar. En ese punto, que ya plasmaría el choque abrupto de los socios de coalición, las iniciativas se podrían tramitar. El resto de fuerzas, sin el PSOE, podría pactar así una ley que revirtiese la decisión de Hacienda. Fuentes próximas a Montero asumen que eso puede ocurrir, que quede aprobada una norma que enmiende la plana al ala socialista. "Y si el Parlamento aprueba una ley, el Gobierno está obligado a acatarla y asumirla, por supuesto. ¿Cómo el Gobierno no va a cumplir las leyes?", reconocen.

Y si el Parlamento aprueba una ley, el Gobierno está obligado a acatarla y asumirla, por supuesto. ¿Cómo el Gobierno no va a cumplir las leyes?", apuntan en el ala socialista del Ejecutivo, asumiendo así la derrota

En el PSOE existían más que dudas hace una semana sobre la estrategia de Montero. Pero ahora se ha impuesto el total cierre de filas. En la cúpula parlamentaria insisten, como hace la vicepresidenta, en que el debate ha de ser si se quiere un SMI "congelado o no", en que la izquierda no puede entrar en ese marco. En el Grupo Socialista apuntan que será importante ver cuál de las proposiciones de ley pasa el filtro de la Mesa, porque las de PP y Podemos podrían ser vetadas por PSOE y PP, lo que obligaría a los conservadores a apoyar la de Sumar si quieren asestar el varapalo a Sánchez. Los grupos, en estos días, han reiterado que no podrán objeciones, que no es relevante cuál es la iniciativa que prospera porque el fin es el mismo, eximir el SMI del pago del IRPF.

El desenlace de este conflicto aún tardará en llegar, porque el Gobierno dispone de 30 días para interponer el veto y después la Mesa del Congreso podrá levantarlo para que arranque su tramitación parlamentaria. En Sumar, tienen claro que no van a recular. "No tienen el debate ganado, ni de coña. Esto les va a perseguir y los van a machacar desde todas las formaciones. Tenemos una política fiscal clarísima. No tiene razón María Jesús. Sin lugar a dudas, vamos a continuar. Tenemos la razón. Es injustísimo lo que está haciendo ella y se va a equivocar. Las caras en el PSOE eran de horror", relatan desde el entorno de Díaz. El conflicto sigue en carne viva. Más que nunca.