"Sí importa destacar aquí que, pese a lo que erróneamente parece haber entendido quien ahora recurre, el objeto de esta causa no se limita de forma exclusiva al denominado 'asunto de las mascarillas'". Así de claro se ha mostrado el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en uno de sus escritos esta semana, cuando se cumple un año del inicio del 'caso Koldo'. Lo que al inicio comenzó siendo un fraude de material sanitario de una serie de empresarios ha terminado escalando, de momento, hasta el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El otrora todopoderoso hombre del PSOE es ahora un verso suelto del Congreso de los Diputados aunque no se ha desmembrado el cordón umbilical que le une a su partido. Del curso de la investigación, distintas fuentes cercanas a él, avanzan que las pesquisas pueden escalar.

Con metralletas, cascos y chalecos antibalas los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron el pasado 20 de febrero en la vivienda del que fuera asesor de Ábalos: "¡No te muevas, Koldo!", le gritaron. El caso estaba bajo secreto y los medios comenzaron a contar la vida y milagros de Koldo García, un confidente del Instituto Armado, colaborador en asuntos de ETA, portero y guardaespaldas que tocó el cielo de su carrera profesional al llegar a un despacho de uno de los ministerios que más presupuesto maneja de España.

Entre los detenidos estaba también la mujer de Koldo, su hermano y un empresario que la Fiscalía Anticorrupción identificaba como el "cerebro" de las operaciones fraudulentas que se habían realizado con mascarillas: Juan Carlos Cueto. La trama había obtenido 60 millones de euros por contratos adjudicados en distintas ramas de Transportes así como en el Servicio de Salud de Baleares cuando Francina Armengol era la presidenta de la Comunidad y en el Servicio Canario de Salud cuando lo era Ángel Víctor Torres.

Pero los protagonistas de estas pesquisas se han ido alterando con el tiempo. Cueto ha quedado en un discreto segundo plano y Armengol, que al inicio tuvo que comparecer ante las cámaras para explicarse, no aparece ahora en ningún informe de la UCO. En su lugar, han ido sucediéndose nuevos rostros sobre los que el juez ha ordenado a los agentes que se cercioren de su participación.

Koldo García

El empresario Víctor de Aldama --que también fue detenido en esa primera fase de lo que se llamó 'operación Delorme' (apellido del médico francés que introdujo las mascarillas) ahora 'caso Koldo'-- pasó desapercibido al principio. El día que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dejó en libertad a los detenidos todas las cámaras siguieron a Koldo García parapetado en una mochila negra, unas gafas y una gorra para que no lo identificaran. Pocas fotos se hicieron de Aldama que luego, resultaría, ser pieza clave de todo el puzle de la corrupción.

Aldama volvió a ser detenido por segunda vez en octubre, de nuevo por la UCO, pero esta vez por un fraude de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Entonces él y su socio Claudio Rivas sí fueron enviados a prisión provisional y, aunque al inicio parecía que los casos estaban totalmente desconectado, el móvil del comisionista ha resultado ser piedra angular para completar la presunta participación de Ábalos en el 'caso Koldo', así como la posible vinculación del ministro Torres, del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno, a quien Aldama asegura haber ofrecido o entregado mordidas. El juez del Supremo ha dicho que esto debe investigarse.

El asunto está ahora en el Supremo porque la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación del exministro Ábalos, que es aforado en el Parlamento. En realidad, el 'caso Koldo' no está solo en el alto tribunal, sino que se ha desgajado en dos partes, de manera que todos los empresarios relacionados con las mascarillas y los funcionarios del Ministerio de Transportes que pudieron amañar la adjudicación del material sanitario en la pandemia se han quedado en la Audiencia Nacional, mientras que la participación de Ábalos se ha elevado al Supremo, incluyendo allí a Koldo García y a Víctor de Aldama por su estrecha relación.

El cerco a Ábalos a través de los pisos y las mascarillas

Así las cosas, el 'caso Koldo' se ha convertido en algo mucho más profundo que un tema de adjudicación de contratos de los cubrebocas. Por eso, la defensa de Ábalos se queja y ha presentado un recurso lamentando que esto haya derivado en una inquisitio generalis, es decir, en una investigación prospectiva, en unas diligencias que no se centran en un objeto concreto sino que se amplían para pescar todos los delitos que encuentren. El juez Puente ha sido palmario, si tienen algo contra él que lo recusen:

"No hay, a mi juicio, en lo resuelto pérdida alguna de objetividad o de imparcialidad, ni animosidad de ninguna naturaleza hacia la persona del investigado. En cualquier caso, bien conoce la parte la posibilidad de recusar al instructor para el supuesto de que entienda fundadamente lo contrario", relató en su último escrito.

La causa está a la espera de una diligencia clave encomendada a la UCO: la investigación patrimonial tanto a Ábalos como a su hijo. Existen hasta siete casas de las que el exministro ha tenido que dar explicaciones en sede judicial y que ahora se analizarán con lupa por parte de los agentes. Lo que ha de esclarecerse es muy sencillo, es el funcionamiento básico de la corrupción, es decir, si Aldama conseguía trato de favor en la Administración a cambio de pagos ya fuera en efectivo o en especie.

En Madrid hay hasta cinco viviendas bajo sospecha. En primer lugar, la casa en el Paseo de la Castellana número 164 que Aldama compró para que luego, supuestamente, se la recomprara el ministro. El valor de la vivienda, según el magistrado, podría rondar los dos millones de euros (1,9 millones por un piso de 250 metros cuadrados), pero el contrato de compra-venta que consta en las diligencias de Aldama a Ábalos es de 750.000 euros, "aparentemente muy inferior al mercado", alega Puente. El exministro se defiende señalando que nunca se llegó a firmar ese contrato y nunca se le dieron las llaves de ese piso que, además, estaba ocupado y por eso su valor era menor.

Existen otros tres inmuebles en la capital que el comisionista asevera haber alquilado en diferentes etapas para que hicieran uso de ellos tanto Ábalos, como Koldo hasta el ministro Torres y, en ocasiones, "señoritas". El fin de semana del 9 al 10 de noviembre de 2018, rentó a través de la plataforma Airbnb un piso en la calle Atocha, 25; en la calle Ayala, 44 lo cogió entre el 15 y el 16 de diciembre de ese mismo año; y en la calle Oquendo del 16 al 24 de enero de 2020 para que pudiera quedarse la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que viajó a España.

En el primer inmueble, Aldama aseguraba que había estado el ministro Torres cuando todavía era presidente de Canarias y presentaba para ello imágenes de su presencia en un acto del PSOE en Madrid. Sin embargo, el canario ha presentado certificados de las compañías aéreas que avalan que él durmió en las islas las fechas que dice Aldama. Hizo un viaje de ida y vuelta.

El quinto piso en la capital que acorrala la versión de Ábalos lo disfrutó la que fuera su pareja Jésica Rodríguez. Entre marzo de 2019 y 2021 el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, estuvo pagando un piso de lujo en el edificio Torrespeaña, en Plaza de España número 18, en el que vivió Rodríguez que, además, fue contratada por Ineco para realizar labores para ADIF (Transportes) de la mano del hermano de Koldo García.

Existen otras dos edificaciones fuera de Madrid. La primera en Cádiz: el chalé de La Alcaidesa que fue comprado, de nuevo, por una empresa del conglomerado societario de Aldama por 526.000 euros en la costa andaluza para que Ábalos lo disfrutara. El exministro dice que él pagó su alquiler religiosamente, pero el magistrado destaca que ya es casualidad que Aldama estuviera siempre detrás de todas las viviendas con las que se relacionó en los años en los que ocupaba un cargo del Gobierno.

Por último, se ha conocido en las últimas semanas que Ábalos tiene a su nombre un terreno en Perú, concretamente en la zona de Chimbote. En principio este asunto no tiene relación con el comisionista, sino que es un espacio concebido para una Fundación sobre el desarrollo social que creó allí un inmueble con salón de acto y aulas, pero que por un problema jurídico no ha podido traspasarse de forma debida a la municipalidad.

Todos estos flecos son los que tiene la UCO bajo análisis y determinarán cuánto se sigue agrandando el 'caso Koldo'.