El empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba citado este lunes a las 10:00 en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para declarar como investigado por un presunto fraude de 350.961 euros a la Hacienda Pública. Sus abogados han pedido un nuevo aplazamiento, pero la jueza se ha negado y la pareja de la mandataria madrileña se ha acogido a su derecho a no declarar. Su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 19 se ha producido tras cuatro suspensiones previas.

González Amador ha llegado a los juzgados a las 9:59, accediendo por la puerta trasera. Su defensa, según indican fuentes jurídicas a El Independiente, ha sostenido ante la magistrada Inmaculada Iglesias que declarar vulneraría sus derechos, dado que la Audiencia Provincial de Madrid aún no se ha pronunciado sobre el recurso a la pieza separada que se abrió el pasado mes de octubre, en la que se investiga si cometió más delitos en su actividad empresarial. Sin embargo, la instructora ha considerado que son dos procedimientos distintos y que no había razón para que no prestara declaración.

La jueza acordó ampliar la investigación a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, para determinar si la pareja de Ayuso ha incurrido en la comisión de más delitos relacionados con el uso de una compañía para "ocultar unos ingresos" en su relación con el Grupo Quirón, decisión que la defensa del empresario recurrió. Sus abogados han solicitado que se archive la ampliación, y permanecen a la espera de la decisión de la Audiencia madrileña.

Por el momento, a González Amador se le imputan tres delitos, dos por fraude fiscal y otro de falsedad documental, por los impuestos de sociedades que dejó de pagar en los ejercicios de los años 2020 y 2021. Al igual que él, los otros cuatro empresarios que se han acogido a su derecho a no declarar. A su salida del juzgado, también por la puerta trasera, la pareja de Ayuso se ha dado un golpe con la cámara de televisión de uno de los periodistas que le esperaba.

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal, al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades" que no se correspondían con los servicios realmente prestados.

En un primer momento, el novio de Ayuso se mostró dispuesto a reconocer los hechos que se le imputan, puesto que su abogado propuso por correo un pacto al fiscal a cambio de una rebaja en la petición de pena. La filtración de este correo desembocó en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.