Se complica el futuro judicial del empresario Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras casi un año de investigación y cuatro aplazamientos, este lunes compareció por primera vez ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que le investiga por dos delitos de fraude a Hacienda y otro de falsedad en documento mercantil. No obstante, pronto puede enfrentarse a otra causa paralela por administración desleal y corrupción en los negocios, que está recurrida por sus abogados ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene pendiente pronunciarse al respecto.

La defensa trató de conseguir un nuevo aplazamiento argumentando que, mientras no conociesen la totalidad de los delitos que se le imputan, su cliente podría ver vulnerados sus derechos al declarar. Sin embargo, según apuntaron fuentes jurídicas a El Independiente, la intención de la magistrada, desde el primer momento, era que tanto él como los otros cuatro empresarios imputados prestaran declaración. Considera que son dos cuestiones que procesalmente no están relacionadas, y no estaba en sus planes seguir demorando una investigación que lleva abierta once meses. La pareja de Ayuso ejerció su derecho a no declarar, al igual que el resto de investigados.

Estas mismas fuentes no descartaron que, tras la comparecencia, la jueza pusiera punto final a la instrucción y acordara llevar a juicio a los investigados, aunque finalmente decidió continuar con las pesquisas y ha citado a los peritos de Hacienda el próximo 21 de marzo para que declaren sobre el presunto fraude fiscal. Por su parte, González Amador solicitará comparecer de forma voluntaria cuando la Audiencia se pronuncie sobre el recurso y conozca con precisión el número de delitos que se le imputan, según han indicado sus abogados.

La denuncia inicial de la Fiscalía Provincial de Madrid parte de un informe de la Agencia Tributaria de marzo de 2024 en el cual se señala que el empresario, a través de su compañía Maxwell Cremona, había defraudo un total de 350.910 euros en el impuesto de sociedades en los ejercicios de 2020 y 2021. En concreto, Hacienda advierte de unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades, unos gastos que no se corresponden con los servicios que realmente prestó.

Después, en octubre del año pasado, a raíz de una denuncia del PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, Iglesias aceptó abrir una pieza separada para indagar en otros hechos presuntamente delictivos relacionados con la actividad del empresario, en este caso con el Grupo Quirón. Desde la acusación popular de Más Madrid apuntan que les sorprendería que la Audiencia rechazase la ampliación de la investigación. El responsable del equipo legal, Hugo Martínez, opina que era "razonable" que se acogiera a su derecho a no declarar, y cree que la estrategia de la defensa va encaminada a intentar llegar a un acuerdo de conformidad y confesar los delitos "que son evidentes" para así tener la mínima pena posible.

"Pensamos que la Audiencia va a rechazar el recurso porque la pieza separada está decidida por la jueza, es ahora cuando hay que investigar la solidez de los indicios. Nuestro escrito era muy sólido, sería muy extraño que no respaldara a la jueza" explicó Martínez, que también es diputado en la Asamblea de Madrid. "Se juzgan los delitos fiscales. Para él es interesante para conocer si cumpliría o no una pena de cárcel que él mismo acordara".

En este punto, cabe recordar que en un primer momento González Amador expresó su disposición a reconocer los hechos que se le imputan en la causa principal en un correo enviado por su abogado a la Fiscalía, en el que proponía un pacto con el fiscal a cambio de una reducción en la petición de pena. La filtración de ese correo desembocó en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.

Ayuso asegura que quiere declarar, pero no puede

Tras salir de los juzgados de Plaza de Castilla por la puerta principal (accedió por la trasera), González Amador chocó contra una cámara de televisión. Ayuso, horas después, criticó que la Delegación del Gobierno en Madrid no dispusiera de un operativo de seguridad para la comparecencia de su novio, asegurando que fue "agredido" por un cámara. "Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado él solo, sino que le han agredido, porque no había un mínimo dispositivo de seguridad ni tampoco de respeto".

También aseguró que le pareció "bien" verle entrar por la puerta y no por el garaje, en referencia a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que las dos veces que ha tenido que ir a Plaza de Castilla lo hizo a través del garaje, con el permiso de la juez decana de Madrid. Sobre la decisión de su pareja de no declarar, afirmó que no lo hizo porque no quisiera, sino porque "no puede". Según la presidenta, la situación en la que se encuentra "hace imposible que pueda defenderse".