El Congreso de los Diputados aprobó de forma mayoritaria, con la negativa del PSOE y la abstención de Vox, la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para conceder la nacionalidad a aquellos saharauis nacidos bajo la administración española. El apoyo directo del PP de Alberto Núñez Feijóo fue esencial para que la iniciativa siga su trámite en la Cámara Baja. En concreto, la medida tuvo el respaldo de 195 diputados, 116 'noes' íntegros del PSOE y 33 abstenciones de los de Santiago Abascal, ausente por motivos personales. Fuentes de Sumar esperaban el voto en contra de los socialistas, aunque en las horas previas, los magentas acreditaban que "dependiendo del diputado", se apreciaba diferencia de posicionamientos que daban alas a una abstención.

Esta iniciativa era uno de los compromisos adoptados por Sumar al comienzo de la iniciativa, para compensar que la causa saharaui fuese ignorada por el PSOE en el pacto de gobierno tejido en octubre de 2023. La propuesta se registró el pasado mes de marzo de 2024. Por ausencia de cupo, su valoración en pleno se ha retrasado hasta este martes. Fue defendida por la integrante de Sumar, por la cuota de Más Madrid, Tesh Sidi, quien también es de origen saharaui. Lo ha hecho bajo la mirada de distintos colectivos saharauis de la sociedad civil.

Sumar denuncia que el Sáhara Occidental, que hasta 1975 fue la provincia número 53 de España, se encuentra desde entonces ocupada ilegalmente por Marruecos y es el último territorio pendiente de descolonización de África. Con este texto, se plantea "conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo la administración española". Pero, además, se plantea que afecte a "los descendientes de primer grado de consanguinidad". Para ello, será necesaria la modificación del artículo 22 del Código Civil. Igualmente, se plantea que el periodo máximo para conseguir esa nacionalidad sea de dos años, como el plazo que tienen aquellos ciudadanos de países o comunidades con especial vinculación histórica y cultural como España, caso de América Latina o los sefardíes.

Los magentas defienden que es necesario "reforzar la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico". Se expresa en la propuesta que "los lazos con la antigua metrópoli siguen hoy tan vivos como hace ya más de cuatro décadas, por su conocimiento del idioma, la estrecha cooperación desarrollada desde todas las instituciones oficiales españolas y el sentimiento generalizado de vinculación del pueblo español con el pueblo saharaui". Es recurrente, desde 2020, la denuncia de los saharauis por las trabas que impone la justicia española para la obtención de la nacionalidad. Suma años de retrasos administrativos.

Desde Sumar defienden que todo lo que tiene que ver con el Sáhara Occidental en esta Cámara es vetado por el PSOE. Pese a haber superado el trámite, los magentas temen que el PSOE termine por bloquear la tramitación y la norma acabe decayendo, como ocurrió en la pasada legislatura. En Sumar y otros partidos asociados al Gobierno, justifican que la posición díscola de los socialistas responde al cambio histórico de posicionamiento respecto al Sáhara en 2022, y a la negativa a iniciativas que puedan disgustar al régimen de Mohamed VI.

Fuentes parlamentarias del PSOE justifican su voto por las "dudas" que les genera qué figura debe tener la autoridad para la concesión de esa nacionalidad. Creen que una autoridad privada como el Frente Polisario no puede tener esa competencia. Ya durante el debate, el diputado Sergio Gutiérrez esgrimió también la falta de garantías jurídicas que le sugiere al grupo la propuesta de Sumar, de la que no gusta que se haga proponiendo la herramienta de la "carta de naturaleza". En todo momento, el diputado alegó que se trata de un asunto "complejo y sensible" en el que comparten el fondo, pero no "los procedimientos" sugeridos.

Críticas al PSOE durante el debate

La denuncia del PP y el resto de grupos asociados al Gobierno, contra el PSOE, fue patente. El popular Carmelo Barrio, reprochó a Gutiérrez que se escude en cuestiones jurídicas cuando "hay una clara motivación política", dijo el vasco, apuntando a ese giro de posicionamiento de 2022 para el que "queda poco" para que hagan "tres años". Barrio cuestionó ese cambio y la carta enviada por Sánchez a Mohamed VI en su momento.

Desde Podemos, pasando por PNV, BNG, Coalición Canaria y EH Bildu, pusieron de relieve que este asunto supone "una deuda histórica" de España con su excolonia, y debe "hacerse justicia" de una vez por todas. "Lo que no sea justicia y reparación, nos hace cómplices", dijo la diputada de Podemos, Martina Velarde. Jon Iñarritu, del grupo abertzale, aseguró que la propuesta de ley es "de puro derecho". "¿Qué les pasa con el Sáhara?", preguntó a la bancada socialista, a quien instó a no dejar "en el congelador" la ley en su paso por comisión. Para ERC, "el Estado español tiene que empezar a hacer las cosas bien", tras dejación de sus responsabilidades, afirmó el diputado Jordi Salvador.

La diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria, fue la que más emotividad dio al debate, avalando todo el texto de Sumar, así como la exposición de Sidi. "España está en deuda con el pueblo saharaui. Les hemos robado el derecho a tener una patria y los hemos abandonado a su suerte". Repararlo, para Valido, es "también tener memoria democrática", dijo a los socialistas. El aspecto crítico lo marcó Junts, que pese a avalar la iniciativa y esperar "que no se guarde en un cajón", criticó la "división" que este asunto genera entre los socios de Gobierno. A juicio del diputado Josep Pagès, esta iniciativa debería ser vía "proyecto de ley", desde el Consejo de Ministros.