Podía defenderse hasta hace un tiempo que la soberanía española reside en su pueblo, que es del que emanan los poderes del Estado, pero digamos que hay algunas piezas sobre el tablero que ponen en cuestión esta afirmación, convertida en un ideal alejado de la realidad. ¿Por qué? Podría ponerse el foco en tres puntos, con el primero, el más inmediato, en El Salvador, de donde es oriundo Francisco Galindo, individuo que recomendaba hace unas horas a Carles Puigdemont que Junts retirara su petición de cuestión de confianza al presidente del Gobierno. Dicho y hecho: llegó de fuera el flautista de Hamelín e hizo el trabajo para el pueblo que le contrató.

Habrá quien se sorprenda de que un externo tenga la potestad de decidir sobre aspectos tan relevantes de la política española sin que éste tenga despacho en Bruselas o pertenezca a la alianza atlántica. Sin que sea acreedor ni líder. Lo cierto es que ha sido así. Los socialistas españoles aceptaron al principio de la legislatura que este señor ejerciera de auditor de las conversaciones con Junts y, llegado este punto, el 'elegido' ha decidido que lo mejor para avanzar en el proceso de pacificación entre las partes.

El asunto tiene miga. Primero, porque Junts no forma parte del Ejecutivo español ni del autonómico, pero sus siete escaños son fundamentales para que el Gobierno apruebe sus iniciativas en el Parlamento -incluido el proyecto de Presupuestos-, lo que ha hecho necesario tragar con este protocolo pseudo-diplomático, que implica reconocer la existencia de un conflicto en España entre un Estado y un grupo de ciudadanos al que se le niega el derecho a la autodeterminación y cuyos líderes se encuentran perseguidos.

Adoptar ese “marco discursivo” -terrible expresión- es ya una derrota y una humillación, dado que implica aceptar la falacia de que la democracia española no tiene los cauces necesarios para resolver un conflicto, pese a estar bien definido en la legislación en este caso. Sobra decir que lo que aquí sucede es que un grupo de ciudadanos decidió en 2017 vulnerar la ley y que ello dio lugar a un litigio -no a un conflicto político-, a una fuga y a una ominosa Ley de Amnistía que los fiscales del Tribunal Supremo se niegan a aplicar sobre el principal interesado. Lo que busca esta negociación es conmutar (presuntos en algunos casos) delitos por privilegios. Eso es escandaloso. Eso sí que no es propio de un Estado de derecho; y no el hecho de intentar frenar una subversión.

Maquillar la burra

El resto es pura jauja; una estratagema política que intenta maquillar a la burra para venderla como un percherón; y, sobre todo, un ataque a la soberanía nacional que ha supeditado la dinámica parlamentaria a lo que diga un señor de El Salvador y, en menor medida, un expresidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Será también Galindo quien elija si España debe tener Presupuestos Generales del Estado? El dislate es gigantesco, pero ya se sabe: el interés general no es más importante que las causas particulares para según quién.

Esto no termina aquí, dado que el PSOE, que quiere convertir a Salvador Illa en intocable, amén de en molt honorable, y que también necesita los votos de ERC para dominar el legislativo, ha decidido hace unas horas que todos los españoles paguen 17.104 millones de euros de deuda contraída por la Generalitat. Que cada cual apoquine con su nómina. A esta izquierda ya no le importa ni la justicia social, la cual era la razón de ser de la socialdemocracia.

Aquí lo relevante es gobernar. Seguir controlando el BOE, los asientos y la organización. Ya saben. El resto, te lo apaña el Telediario, que en su edición de este lunes mezclaba churras con merinas e incidía en el perdón de deuda procedente de la crisis financieras a todas las comunidades autónomas. Sin contexto, la papilla es más fácil de tragar. Sin más datos, es menos doloroso aceptar que la soberanía nacional está supeditada a intereses particulares que se expresan desde la lejanía.

¿Y China?

No es menos preocupante -quizás lo es más- lo que publicaba este lunes Financial Times. La cabecera económica recogía unas palabras de José Manuel Albares en las que afirmaba: “Europa debe tomar sus propias decisiones, por sí sola. Y tenemos que decidir cuándo China puede ser un socio y cuándo China es un competidor”.

La afirmación tiene toda la lógica de mercado: si un cliente amenaza con establecer aranceles a una unión de países, lo suyo es explorar más opciones. Ahora bien, ¿por qué ha adoptado España -y precisamente España- esta postura en la Unión Europa? Podría pensarse que por convicción. O a lo mejor hay algunos elementos en el paisaje que provocan desconfianza.

Porque los escarceos de determinadas personas del PSOE con China vienen de atrás. De mucho antes de que Donald Trump ganara las elecciones y demostrara su intención de avivar autocracias para perjudicar a los países libres. Ya a principios del curso, Pedro Sánchez se vio con Xi Jinping y se ofreció a mediar entre la UE y China para fortalecer las relaciones. ¿Lo hizo por encargo de alguien en Bruselas o porque le interesaba? Buena pregunta.

El caso es que ese mismo mes situó a Antonio Hernando como secretario de Estado de Telecomunicaciones, cuando procedía de Acento, empresa para la que había hecho lobby Huawei. Mientras tanto, Rodríguez Zapatero, cuyos viajes para reunirse con dirigentes chinos han sido documentados por varios medios de comunicación, ejercía una actividad similar en Madrid, con la empresa de cabildeo The Global Analysis & Trends in Emerging Region Center. El nexo lo reveló El Confidencial hace unos días.

La propia pareja del ministro Albares fue vicepresidenta de Huawei en España. Actualmente, es consejera de Hispasat, empresa de interés estratégico de telecomunicaciones y defensa, recientemente adquirida por Indra. Mientras Francia y Alemania extreman las precauciones para evitar el acceso de China a sus redes de telecomunicaciones, los socialistas hacen lobby a favor. ¿Acaso hay que buscar en Pekín algunas de las decisiones que afectan a la soberanía nacional?

El frente patriótico

Los ciudadanos no deciden ni votan estas cosas, como tampoco algunas recientes pleitesías que resultan inquietantes. Mientras Donald Trump y J.D. Vance atacan a Europa y le amenazan con aranceles y con el troceo escandaloso de Ucrania; y mientras compran la dialéctica de Vladimir Putin para frenar la guerra en Ucrania, el líder político más cercano a ellos, Santiago Abascal, reverenciaba al presidente estadounidense en la cumbre de Patriots del pasado fin de semana.

No sólo eso, sino que sus propagandistas vendían casi como un gesto heroico el hecho de que Trump hiciera una referencia al líder de Vox en su discurso del pasado viernes. Es curioso que la derecha que más veces ha alardeado de patriotismo defienda posturas tan poco convenientes para los súbditos del país al que pertenece. Nada sorprendente a estas alturas; y nada que aplaque la preocupación por el riesgo que pueda correr la soberanía nacional ante los movimientos que se han desatado aquí y allá.