"Desde luego, no ha sido un buen día para Alberto Núñez Feijóo y para los agoreros". Gobierno y PSOE respiraban aliviados. Por primera vez en mucho tiempo. En apenas una mañana, habían podido matar varios pájaros de un tiro: habían acelerado carpetas pendientes con ERC, habían desactivado la solicitud de cuestión de confianza de Junts, habían puesto en un brete al PP al anunciar la propuesta de condonación de 83.252 millones de euros a todas las comunidades autónomas. "No hablamos a humo de pajas cuando decimos que habrá legislatura hasta 2027", sentenciaban en la Moncloa, donde confían en que los avances de las últimas horas, especialmente con el socio más inestable, con la formación de Carles Puigdemont, sirvan para ingresar en una "fase mejor", más productiva con ellos. Con toda la prudencia, eso sí. Porque nada se puede dar por descontado con los posconvergentes. Y los Presupuestos Generales del Estado, la ley que realmente podría atornillar el mandato de Pedro Sánchez, todavía quedan lejanos para los socialistas.

El presidente pasó toda la jornada en Ucrania, en Kiev, en la cumbre internacional por el tercer aniversario de la invasión rusa, de apoyo a Volodímir Zelenski, pero el protagonismo en la política doméstica recayó en su número dos, María Jesús Montero, y también en ERC, Junts y en el president de la Generalitat. En Madrid y en Barcelona. Los dos escenarios proyectaron la imagen de un Ejecutivo aquejado de una debilidad parlamentaria de origen pero que lograba recoser su mayoría, enderezar sus relaciones con sus dos aliados independentistas catalanes.

Junqueras se encargó de adelantar el acuerdo con el Ejecutivo para la condonación de 17.104 millones de euros a Cataluña, el 22% de la deuda con el FLA, más de la cantidad inicialmente apalabrada

Abrió fuego Oriol Junqueras a primera hora, anunciando un acuerdo con el Gobierno para la condonación de 17.104 millones de euros de Cataluña, el 22% de la deuda contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dos puntos más de los que ERC y PSOE pactaron en noviembre de 2023 para la investidura de Sánchez —entonces se habló de "unos 15.000 millones de euros"—. "Es fácil constatar que hemos ido más allá de lo inicialmente previsto", remarcaba un ufano Junqueras ante los medios. El jefe de los republicanos se había reunido dos días antes, el sábado, con el president, Salvador Illa, en otro gesto de aproximación con el Govern.

Como en otras ocasiones, los socialistas dejaron a sus socios, en este caso ERC, que vendieran el acuerdo, que lo capitalizaran. Solo después de que la cifra hubiera saltado a las portadas de los periódicos y de los informativos de radio y televisión, Montero compareció en rueda de prensa desde su ministerio para dar cuenta de los detalles de su propuesta de quita de la deuda autonómica. Para todas las CCAA, como siempre comprometió el Ejecutivo.

La quita de la deuda, si la aprueba el Parlamento, llegará a 83.252 millones. Y afectaría a todas las CCAA del régimen común. Montero subraya la metodología "objetiva y transparente" empleada por Hacienda

83.252 millones de euros en total. La vicepresidenta primera reconoció que la iniciativa partía del acuerdo firmado con ERC hace año y medio, pero añadió que Hacienda planteaba una metodología "objetiva y transparente" del cálculo de cuánto pasivo asumirá el Estado de cada territorio. De todos y cada uno de ellos. El ministerio ya había hecho llegar a las CCAA su propuesta [aquí en PDF], que este miércoles se debatirá y votará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano en el que el Gobierno dispone del 50% de los votos. Es decir, que el documento de Montero, con seguridad, saldrá aprobado aun con el voto en contra de las comunidades del PP que garantizó Feijóo. Le hace falta un solo apoyo, el de un gobierno socialista como Cataluña.

Propuesta del Ministerio de Hacienda de condonación de la deuda autonómicaDescarga

Pero lo importante será el paso posterior, cuando el modelo, que Hacienda también abordará bilateralmente con todos los gobiernos autonómicos, llegue al Congreso. La ley orgánica, para salir adelante, necesitará de la mayoría absoluta de la Cámara baja. 176 apoyos como mínimo. Y si los populares la rechazan también allí, entonces todo quedará en manos de Junts, que este lunes ya avisó de que no le gusta el "café para todos", aunque no ahondó más porque quería conocer en detalle el acuerdo alcanzado con los republicanos.

Los oficios de Galindo

Montero comparecía en Madrid ante los medios a la misma hora que lo hacía Junts en Barcelona. La ejecutiva de los posconvergentes decidió, según relató Jordi Turull, el secretario general, retirar la petición de cuestión de confianza contra Sánchez, que se iba a debatir en el Congreso este martes —y votar el miércoles—, con el argumento de que era una reclamación del mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Junts había hecho de su proposición no de ley una bandera irrenunciable desde que en diciembre la presentó desde Bruselas el propio expresident. Juraba y perjuraba que no daría marcha atrás, pese a ser consciente de que Sánchez ya había advertido de que, pasara lo que pasara con ese texto, él no plantearía una cuestión de confianza a la Cámara baja, porque no la estimaba "necesaria" y porque es una competencia estrictamente suya, como reza la Constitución, sin que el Parlamento le pueda imponer nada.

Los posconvergentes justifican la renuncia a su iniciativa por respeto al mediador, no por la confianza en el PSOE, que "no existe" y que está "deteriorada"

El escrito de Galindo, difundido en castellano y catalán, fechado el sábado desde Cartagena de Indias (Colombia) y hecho público el domingo, servía así como pista de aterrizaje para los posconvergentes, para hacer ver que ellos no ceden, sino que respetan los compromisos y, sobre todo, respetan al verificador internacional, "testimonio directo y neutral" de las conversaciones entre los dos partidos. "Pese a constatar que la confianza no existe con el PSOE y que está absolutamente deteriorada, hemos decidido corresponder a la petición del embajador y hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura", justificó Turull, que no quiso desvelar si la renuncia a la iniciativa era un tema que se negoció el viernes en la reunión que las dos delegaciones mantuvieron en Suiza.

Esa cita resultó, en todo caso, determinante para el cambio de clima existente entre los dos partidos. "Estad tranquilos", apuntó expresivamente el sábado José Luis Rodríguez Zapatero en la apertura del 15º Congreso del PSOE de Andalucía, en Armilla (Granada). El expresidente sabía de lo que hablaba. Él había estado en Suiza, como parte de su tarea de interlocución con Junts y de ayuda al Ejecutivo de Sánchez.

Ese encuentro fue, en efecto, "positivo", según lo describían desde el PSOE. El paso se completó con la retirada de la moción este lunes. Un gesto que animaba a la distensión. Turull no quiso poner plazo al cumplimiento de los acuerdos por parte del Ejecutivo. En la Moncloa también recalcaban que esta marcha atrás de los posconvergentes no anticipa la firma inminente del pacto para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Las conversaciones siguen en el mismo punto que antes, muy avanzadas pero enquistadas en el tramo final, por el control de fronteras o la gestión de las expulsiones, que los de Puigdemont reclaman en exclusiva para los Mossos. "Ojalá cerremos pronto", manifestaban desde el equipo directo del presidente. En la cúpula parlamentaria socialista intuyen que ha pesado mucho el temor de Junts a quedarse solo en la foto con el PP —y el texto habría decaído— o también con Vox. "Y también se debe a la influencia creciente de Foment de Treball [la patronal catalana] sobre ellos", aduce otro veterano dirigente.

Legislatura rumbo a 2027", resumen en la Moncloa. No se liga la decisión de Junts a la firma del pacto migratorio, que todavía no se ha desbloqueado. "Fase mejor es más tranquilidad, más acuerdos", señala un dirigente muy cercano al presidente

En cualquier caso, la sensación que domina en el Ejecutivo es de optimismo cauto tras afianzar su relación con ERC y enderezar la interlocución con Junts: "Legislatura rumbo a 2027", resumen en la Moncloa. "Lo que les ha llevado a retirar su proposición no de ley se debe a la fuerza del diálogo, de la palabra. No todo es un mercado. Eso es para Elon Musk [el dueño de X y hombre fuerte de la Administración de Donald Trump]. La confianza se tiene que alimentar, cuidar. Hay momentos más bajos, otros que se recupera —asegura un dirigente socialista de peso muy cercano a Sánchez—. El pacto migratorio es importante, pero no es decisivo. Pero vamos transitando con momentos más o menos difíciles, de forma razonable. Y ahora creo que entramos en una fase mejor. Fase mejor es más tranquilidad, más acuerdos".

Desde la Moncloa también creen que la relación con Junts —con ERC el camino siempre ha sido mucho más sencillo— entra en una fase "mejor", "distinta". "Es verdad que ellos no son especialmente generosos y siguen diciendo que no confían en nosotros. Con ellos nunca es fácil nada", indicaban. Los socialistas han aprendido que tienen ser cautelosos en sus declaraciones, porque la formación de Puigdemont es extremadamente sensible y le irrita que se la incluya dentro del bloque de investidura.

Tres comisiones bilaterales Generalitat-Estado esta semana

¿Habrá entonces Presupuestos? De nuevo, prudencia: "Paso a paso. Dadnos tiempo", contestan en el anillo de confianza del presidente. Nadie quiere ir más allá, porque en todo caso hay que cruzar varias pantallas antes de llegar a la de las cuentas públicas. Primero, cerrar la deuda autonómica —la ley debería estar aprobada antes de final de año, calculó Montero—, luego aprobar una nueva senda de déficit, que Junts pide que sea más generosa aún con comunidades y ayuntamientos. El mensaje de Sánchez es que se explore al máximo la posibilidad de disponer de unos nuevos Presupuestos, pero en paralelo Gobierno y PSOE repiten, por lo que pueda pasar, que no son imprescindibles para que la coalición pueda seguir avanzando, ya que los vigentes, los de 2023, son "positivos", permiten acomodar los fondos europeos y están ayudando a crecer y a crear empleo.

¿Habrá Presupuestos? "Paso a paso", responden en la Moncloa. Nadie quiere dar por hecho nada, y el camino es largo: hay que cerrar la deuda, luego la nueva senda de estabilidad

Otras tres citas contribuyeron a redondear la jornada para los socialistas. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien previamente había despachado con Illa, presidieron en el Palau de la Generalitat primero la Comisión Bilateral —no se reunía desde febrero de 2022— y después la Comisión Mixta de Transferencias —no convocada desde el 1 de noviembre de 2010—.

Ambos expusieron los acuerdos alcanzados, convencidos, dijeron, de que trabajar "codo con codo" y en "colaboración" trae más frutos que la "confrontación". Entre los acuerdos formalizados, destacaban estos: ampliación de la plantilla de los Mossos hasta 25.000 efectivos en 2030, un plan de choque para actualizar el número de juzgados; el primer paso para la creación del Consorcio de Inversiones, un órgano pactado entre ERC y PSOE para "acelerar las inversiones del Estado en Cataluña", y la asunción, por parte de Cataluña, de la plena competencia para convocar, formar y designar funcionarios de habilitación nacional destinados a los ayuntamientos para resolver progresivamente el déficit actual. También se desbloquearon de forma efectiva traspasos pendientes: la gestión de las becas, el canal Xerta-Sènia y obras hidráulicas, entre otras. El viernes, se celebrará la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, celebrada por última vez en julio de 2024. La semana pasada ya se dieron cita los dos gobiernos en la Comisión de Infraestructuras —avanzaron en la creación de la empresa Rodalies de Catalunya, con participación mayoritaria de la Generalitat—, la cuarta de las previstas en el Estatut. Una sucesión, por tanto, de gestos hacia ERC.

Torres y el 'conseller' Dalmau cierran varios acuerdos, como la ampliación hasta 25.000 'mossos', avance hacia la creación del Consorcio de Inversiones o el traspaso de la gestión de las becas y obras hidráulicas

El Gobierno, por tanto, pegó un acelerón a las carpetas pendientes con los republicanos y, a la vez, allanó las negociaciones con Junts. Dos elementos claves para apuntalar la difícil estabilidad de la legislatura. Dos buenas noticias que alimentaron ese optimismo de la Moncloa.

Andalucía, la más beneficiada: 18.791 millones

Pero el Ejecutivo cree tener otra herramienta poderosa a su disposición en su pugna con el PP. La propuesta de quita de la deuda. Porque ese diseño beneficia a todas las CCAA, insistió la vicepresidenta Montero, incluso a aquellas, como Madrid, que no tienen deuda con el Estado, sino con entidades privadas, porque no se ha querido penalizar a territorios que "pudieron y quisieron salir a los mercados" en lo más crudo de la crisis económica.

El diseño elaborado por Hacienda beneficia a todas las CCAA, insiste Montero, incluso a aquellas, como Madrid, que no tienen deuda con el Estado

El cuadro final elaborado por Hacienda deja a dos comunidades como las grandes premiadas: Andalucía, a la que se perdonarían 18.791 millones, y Cataluña (17.104). Seguirían la Comunitat Valenciana (11.210) y Madrid (8.644). La última de la tabla es La Rioja (448), hasta llegar al montante total de 83.252 millones. La distribución no afecta a las comunidades que están fuera del régimen común (Euskadi y Navarra).

Montero, por tanto, compromete la posición de su directo rival electoral: Juanma Moreno, el presidente de la Junta. Porque ella, además de vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda es también ya secretaria general de los socialistas andaluces. Moreno advirtió a primera hora de la mañana, antes de la comparecencia de Montero, de que no aceptaría una quita de la deuda autonómica, pues lo que cree prioritario su Ejecutivo es una nueva financiación.

Los socialistas consideran además que han apagado un foco de crítica recurrente de los populares: que sea un "pago" a los independentistas para que Sánchez siga en la Moncloa

Sin embargo, en el Gobierno creen que, antes o después, esta cuestión abrirá "fisuras" dentro del PP, porque Hacienda ha puesto mucho dinero sobre la mesa y los gobiernos autonómicos conservadores tendrán difícil rechazarlo porque se trata de más recursos para sus ciudadanos. Los socialistas consideran además que han apagado un foco de crítica recurrente de los populares: que sea un "pago" a los independentistas para que Sánchez siga en la Moncloa, porque "las grandes beneficiadas son proporcionalmente las CCAA del PP", singularmente Andalucía. "Esto es un misil contra Juanma Moreno. Lo que presentó Montero interpela a los populares de manera directa. ¿De verdad que van a renunciar a todo ese dinero?", se preguntaban en el equipo del presidente, anticipando un hilo argumentativo que se escuchará mucho en los próximos días.

"Satisfacción lógica", resumían en el Gobierno tras un lunes de alivio, el primero en muchas semanas. "Un lunes de felicidad y que hay que disfrutar, que el trabajo tiene su recompensa", abundaba otro cargo del Ejecutivo. La semana política acaba de arrancar pero, a ojos de la Moncloa, no lo hacía mal.