Nadie se manifiesta por ellos. Tampoco existen proclamas políticas para arroparles en su deseo de cumplir su condena en Euskadi. Para los presos vascos que no pertenecieron a ETA la distancia a su tierra, a su familia o a su lugar de origen parecen no importar a ningún partido político. Los datos son contundentes. Desde que el Gobierno vasco asumió la competencia de prisiones el 1 de enero de 2021 la totalidad de los presos de la banda terrorista que solicitaron cumplir su condena en una prisión de Euskadi vieron satisfecha su petición y fueron trasladados. En cambio, para el 80% de los presos comunes que formularon la misma petición la solicitud fue denegada.

Hasta el pasado 31 de diciembre las autoridades penitenciarias vascas recibieron 805 peticiones de traslado de presos comunes y sólo 167 fueron autorizadas. En el mismo periodo fueron 105 los presos de ETA que formalizaron la misma petición y en todos los casos se admitieron. Así lo refleja el Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida al diputado de Unión de Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, aportando datos del Ejecutivo vasco.

En una reciente respuesta sobre la misma materia remitida por el Ejecutivo vasco al PP vasco, la Administración penitenciaria vasca ampliaba incluso estos datos. Señalaba que en los tres años y medio de gestión de esta competencia, -y hasta el pasado 31 de enero-, habría tramitado 1.015 solicitudes de traslado. De ellas 907 correspondían a peticiones de presos comunes, de ellas sólo se han autorizado 223. Es decir, más de tres de cada cuatro fueron denegadas. Actualmente el Gobierno vasco no tramita ninguna petición de traslado correspondiente a presos de ETA.

Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo vasco para explicar esa disparidad en las concesiones pasan por la aplicación de los criterios aplicados. Recuerda que los traslados se autorizan de acuerdo a determinadas circunstancias, como el tiempo pasado en prisión o el arraigo del solicitante al País Vasco. En este sentido, el colectivo de presos de ETA sí cuenta con muchos de sus presos que acumulan largos periodos de condena. Además, se prioriza a los presos que acrediten vínculos familiares en el País Vasco, tener hijos residiendo en Euskadi o pareja estable. Además, los presos con posibilidades de reinserción o que se encuentren en tercer grado también cuentan con más opciones.

Con poca "capacidad operativa"

Recientemente el Gobierno vasco aseguró que la “capacidad operativa” de los tres centros penitenciarios vascos –Basauri, Zaballa y Martutene- está condicionada por los recursos humanos con los que cuenta. Precisamente los traslados y abandonos de decenas de funcionarios de prisiones han condicionado la gestión de las prisiones. Actualmente la capacidad de los tres centros penitenciarios alcanza los 1.702 presos, lo que representa un alto nivel de ocupación.

Actualmente la plantilla penitenciaria ronda los 570 funcionarios. El mayor número de salidas se producirá en la prisión alavesa de Zaballa, la más grandes y en la que mayor número de presos de ETA cumple condena. De ella saldrán 37 funcionarios, frente a los 23 que saldrán de la cárcel vizcaína de Basauri y 33 de la guipuzcoana de Martutene. El Gobierno vasco ya ultima una OPE para ampliar la plantilla de sus funcionarios penitenciarios.

El diputado de UPN, Alberto Catalán, denuncia que estos datos demuestran que ha existido “un trato de favor” hacia los presos de ETA en la concesión de estos traslados. En su opinión, se trata de algo “inadmisible e indignante”: “El gobierno de Sánchez no sólo ha blanqueado a los herederos políticos de ETA y el pasado criminal de la banda terrorista, sino que además ha facilitado que sus reivindicaciones penitenciarias se consuman de manera vergonzosa”. Considera que esta “indecencia” se suma a la concesión de “terceros grados sin arrepentimientos sinceros, como viene produciéndose y denuncian las asociaciones de víctimas”.

Catalán cuestiona también que el Gobierno se refiera a los presos de ETA como “personas internas relacionadas con el colectivo de ETA” y no se atreva a “hablar de banda terrorista”: “Es un intento más de minimizar y desdibujar la verdadera naturaleza criminal de esta organización terrorista que tanto dolor ha causado en nuestro país”.  

Fin a la dispersión, inicio de terceros grados

El acercamiento de los presos de ETA a prisiones vascas fue una de las primeras medidas que adoptó el Ejecutivo de Iñigo Urkullu una vez que se concedió la transferencia de prisiones a Euskadi. El acercamiento de los internos de la banda se aceleró con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018. El final de la política de dispersión que se aplicaba a los presos de la banda terrorista desde 1989, y que se había convertido en una reivindicación reiterada de la izquierda abertzale, fue una de las exigencias de EH Bildu para el apoyo al gobierno socialista. Actualmente todos los presos de la banda cumplen sus condenas en cárceles vascas o en la prisión de Pamplona.

En marzo de 2023 concluyó oficialmente el alejamiento de los presos de ETA, tras semanas de goteo de acercamiento de internos. A partir de ahí, prisiones como la de Zaballa acogieron al mayor número de presos de la organización terrorista. Desde entonces, la izquierda abertzale abandonó cualquier petición de acercamiento para el resto de presos vascos que cumplían su condena en centros alejados de Euskadi. En una segunda fase, tanto el entorno de los presos como el de EH Bildu actualizó sus campañas de apoyo a los presos etarras, esta vez para acelerar los procesos de concesión de terceros grados.

Hasta el momento el Gobierno vasco ha concedido cerca de 80 terceros grados a presos de ETA. Muchas de estas progresiones hacia este régimen de semilibertad fueron recurridas ante la Audiencia Nacional, y en algunos casos revertidas por la Justicia. La necesidad de acreditar el arrepentimiento y el repudio de la violencia, así como la colaboración con la Justicia han estado detrás de estos cuestionamientos. Desde colectivos de víctimas como Covite se ha insistido en que se han concedido terceros grados incumpliendo los requisitos establecidos en la ley y que obligar a acreditar suficientemente el arrepentimiento en casos de delitos terroristas.