El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado que a partir de ahora los datos anexos de los informes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se custodien en la secretaría del Tribunal y las partes solo puedan consultarlos de forma presencial para evitar vulneraciones de derechos de las que se ha quejado el fiscal general del Estado al haberse filtrado todas sus llamadas de marzo del pasado año. Ahora bien, en su escrito, el juez deja recados contundentes para Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos, que lo acercan cada vez más al banquillo: "Es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas".

El auto del magistrado de la Sala de lo Penal señala que sabe que "carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar" pero que, así sea, puede tener "incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".

Añade que "en el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre".

Hurtado le reprocha así a García Ortiz haya borrado dos veces su móvil el pasado 16 de octubre, que fue el mismo día que el alto tribunal inició la investigación contra él después de una denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es por eso que se ha tenido que acordar una serie de "medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva".

El auto introduce un fragmento de la exposición de motivos de la Ley de Enjuciamiento Criminal que no es casual y que abunda en la idea de que el fiscal general del Estado como acusado está en cierta desigualdad con respecto del Poder Judicial: "Es difícil establecer la desigualdad absoluta de condiciones jurídicas entre el individuo y el Estado en el comienzo mismo del procedimiento [...]: desigualdad calculadamente introducida por el criminal y de que éste sólo es responsable. Desde que surge en su mente la idea del delito, por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerle, estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerle a la acción de la justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima".

García Ortiz había enviado una queja tanto a Hurtado como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de uno de los informes de la UCO en los que se daban detalles sobre su teléfono móvil, su correo e incluso la dirección de su vivienda. Hurtado recuerda un artículo de la Ley del Poder Judicial en la que, efectivamente, se dice que los jueces pueden adoptar medidas necesarias para la supresión de los datos personales de las resoluciones, no obstante, refleja que dicho artículo "no establece con carácter absoluto la supresión de datos personales, por parte de los órganos judiciales, en todo tipo de documentos a los que puedan acceder las partes, sino que los supedita a que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva".

Y no hay duda, añade, de que en cualquier procedimiento las partes tienen "interés legítimo en conocer, íntegra" toda la documentación que se incluye en el sumario. Hurtado alega que ha recordado en "reiteradas ocasiones" a las partes --el abogado del novio de Ayuso, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) la asociación Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- el deber de reserva, pero para intentar garantizarlo ha decidido que la prueba documental anexa a los informes de la UCO no se entregue telemáticamente desde este momento. Quedará a disposición de todos en la secretaría del Tribunal.