De momento, las comunidades gobernadas por el PP parecen un muro rocoso ante la última de las cesiones del Ejecutivo a ERC, esto es, una quita de 17.000 millones de euros a la elefantiásica deuda que ha acumulado Cataluña durante años y con la que la Generalitat costeó también su ambicioso, ilegal y caro procés. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne hoy miércoles bajo la presidencia de María Jesús Montero, la misma que calificó de "invento" de los populares que fueran a perdonar nada a nadie cuando ya estaba escrito negro sobre blanco en el pacto de investidura.

Los consejeros de Hacienda de las autonomías populares han coordinado su estrategia con Génova. El pasado martes mantuvieron una reunión con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, según ha podido conocer El Independiente. Desde el cuartel general de los populares quieren dar a este encuentro visos de total normalidad, producto de un trabajo que viene desarrollándose "desde hace meses" y en los que "no hay nada improvisado". De hecho, Alberto Núñez Feijóo no dudó el pasado martes, ante el interrogante de cuál sería la posición de las comunidades gobernadas por su partido. "Votarán en contra", adelantó.

Sin grietas por el momento

Precisamente el empeño de Hacienda es intentar romper ese frente. Apelan en el Gobierno a que se trata de una cuestión de territorios y no de disciplina partidaria y la quita de la deuda es un caramelo demasiado goloso para los territorios más endeudados como Valencia o Andalucía. Pero a tenor de cómo fue el goteo de reacciones de los distintos barones territoriales populares el pasado lunes tras conocerse los números de la propuesta, no parece haber grietas, no al menos de momento.

Uno de los hilos argumentales del PP en un asunto para el que van a necesitar cantidades ingentes de pedagogía es que, en contra de la propagando oficial, dicen, "no es una quita", sino una mutualización de la deuda "que pasarán a pagar el conjunto de los españoles", también una "colectivización de la malversación de fondos públicos" durante el procés independentista. Pero por si eso no fuera suficiente, insistirán en otras dos ideas, esto es, que "Sánchez no hace nada que no sea en su beneficio personal" -percepción que aseguran está muy afianzada entre los ciudadanos- y que esta última cesión "vuelve a hacer peligrar la igualdad entre los españoles".

Los populares han venido vinculando el debate de la quita de la deuda al de la financiación autonómica

Confían en que "la gente entenderá nuestra posición", como entendió, aducen, el cambio de posición respecto al decreto que revalorizaba las pensiones, ampliaba las ayudas a los damnificados por la Dana y mantenía las bonificaciones del transporte público. No dejó de ser un ejercicio en el alambre, pero manejaban datos demoscópicos que avalaron ese salto mortal para pasar del 'no' al 'sí'. De momento, los populares han venido vinculando el debate de la quita de la deuda al de la financiación autonómica para que ambos asuntos fueran en paralelo en la mesa multilateral de negociación, pero el del nuevo modelo de financiación no parece ser la prioridad de un Gobierno que vuelve a carecer de Presupuestos y que vive, a 20 de febrero de 2025, de la prórroga de las Cuentas del Estado del 2023.

"Tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles subvencionando la irresponsabilidad y la subida de impuestos", dijo ayer el líder del PP en un acto empresarial tras calificar de "trampa" una quita que, a su juicio, no es tal. Explicó que "la deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español", mientras que los territorios cumplidores, aquellos que han respetado al regla de gasto "van a financiar aquellas que se han endeudado más que nadie y que además han subido los impuestos más que nadie".

La alternativa de Feijóo pasa por una restructuración de la deuda autonómica

La alternativa de Feijóo pasa por una restructuración de la deuda autonómica de modo que "si usted tiene una tensión financiera, podemos ampliar el plazo o negociar el porcentaje de interés", explicó ayer en el mismo foro. Sin embargo, la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a secundar hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la quita de la deuda no tendrá efectos prácticos. El sistema del voto en el Consejo está diseñado para que el Gobierno siempre saque adelante sus propuestas. Con que Montero obtenga el apoyo de un solo territorio, tiene ganada la votación, así de sencillo. Los socialistas reclamaron un cambio del modelo gobernando el PP y los populares volvieron a la carga con este tema el mes de junio del año pasado, ante el debate sobre la financiación singular para Cataluña, apelando a un sistema mayoritario por el que las comunidades puedan tener derecho de veto.

Así es previsible que, al margen de la tensión que impere en la cita de hoy, la vicepresidenta segunda saque adelante la quita con el apoyo de la comunidad catalana, aunque lo cierto es que Junts ha subido la apuesta y, en lugar de los 18.000 millones de quita, quiere la quita entera, esto es, 73.000 millones. A día de hoy se desconoce cuál es el precio por retirar la Proposición no de Ley sobre la cuestión de confianza.