Las cifras están pensadas "al milímetro". Y, por tanto, solo podrían admitir cambios "mínimos". Es la posición del Gobierno sobre su propuesta de quita de la deuda autonómica, la que este miércoles llevará la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, que el margen de negociación es muy escaso. Por mucho que reclamen cambios sus socios parlamentarios y, sobre todo, Junts, que advierte de que no aceptará el "café para todos".

Montero envió el lunes a todas las CCAA su modelo de condonación de la deuda, consensuado previamente con ERC, en cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito en noviembre de 2023. El pacto del Ejecutivo con la formación de Oriol Junqueras supone la cancelación de 17.104 millones de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo que Hacienda propone hacer extensible a las comunidades del régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarro— hasta un montante total de 83.252 millones de euros. Los cinco territorios más beneficiados en términos absolutos son Andalucía (la quita sería de 18.791 millones), Cataluña (17.104), Comunitat Valenciana (11.210), Madrid (8.644) y Castilla-La Mancha (4.927).

Compromís y Chunta, integrados en Sumar, creen que la propuesta es insuficiente, y Yolanda Díaz defiende que ha de haber una condicionalidad. La ley necesitará 176 votos para quedar aprobada

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles aprobará la propuesta sin dificultades: todas las CCAA gobernadas por el PP, según avanzó su líder, Alberto Núñez Feijóo, se opondrán, pero el Gobierno cuenta de entrada con el 50% de los votos del órgano, con lo que le basta con el respaldo de al menos una autonomía. Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias (a la que se perdonarían 1.508 millones), las tres lideradas por los socialistas, dirán sí. Después arrancarán las conversaciones bilaterales y, más tarde, la tramitación parlamentaria de la ley orgánica. Ahí estarán las dificultades. La intención de Montero es que la norma quede aprobada antes de final de año, pero para que salga adelante necesita 176 votos en el Congreso, lo que exige el respaldo de todos sus socios —incluido Junts— o bien del PP, que ha insistido en que rechaza la "trampa" de la quita, porque "no se puede comprar el alquiler del palacio de la Moncloa con el dinero del resto de los españoles", en palabras de Feijóo.

Los votos, sin embargo, no están asegurados, por lo que la quita podría no ver la luz. Hacienda tropezó este martes no solo con la negativa rotunda (al menos, por ahora) del PP, sino también con las resistencias de algunos socios del Ejecutivo. Compromís y Chunta Aragonesista, partidos integrados en el grupo Sumar, anticiparon que creen insuficiente la propuesta del Gobierno: no la apoyarán ni respaldarán unos nuevos Presupuestos si no se resuelve la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y de Aragón. "No vamos a permitir que los valencianos no tengamos en nuestras circunstancias [tras la dana del pasado 29 de octubre] una excepcionalidad que tenga que ver con que se condone la deuda por infrafinanciación", señaló la portavoz de Compromís, Águeda Micó. La misma queja, la de la insuficiencia de la propuesta, salió de labios del diputado aragonesista Jorge Pueyo. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ya había manifestado el mismo lunes, en Hora 25 (Cadena SER), que a su grupo, a Sumar, le gustaría que la condonación quedara ligara a una cierta condicionalidad.

Propuesta del Ministerio de Hacienda de condonación de la deuda autonómica.Descarga

Pero, de nuevo, la posición más crítica fue la de Junts. Mònica Sales, portavoz del partido en el Parlament, avanzó que el diseño de Montero (y pactado con ERC) no gusta a su formación porque "consolida el café para todos" y eso no es una "opción" para los posconvergentes. La salida de Hacienda "no arregla el agravio de la financiación". "Que no nos quieran dar gato por liebre", señaló, para protestar a continuación por que el Estado pretenda "condonar más deuda a Andalucía que a Cataluña". La propuesta de Junts es que el Gobierno asuma la totalidad de la deuda que la Generalitat tiene con el FLA, que según la última revisión del Banco de España es de 77.053 millones de euros.

Los celos de Junts con ERC (y también de vuelta)

Fuentes del Ejecutivo responden que el margen de maniobra para la negociación es muy estrecho. "Las cantidades son poco susceptibles de cambio. El cuadro de la deuda está medido al milímetro", advierten fuentes próximas a Montero. Recuerdan a Compromís que Comunitat Valenciana —al igual que Andalucía y Murcia— el tope de condonación: 2.284 euros por habitante ajustado. Respecto a Junts, explican en el Ejecutivo que el problema es más de carácter político, porque a la formación de Puigdemont le irrita reconocer las concesiones que arranca ERC (y a la inversa).

Hacienda defiende que su metodología es "objetiva", que no admite demasiada discusión, porque el 75% de la cantidad total, más de 60.000 millones, se reparten según el criterio de población ajustada

En definitiva, Hacienda defiende que su metodología, "objetiva", no admite mucha discusión. Lo que hace el ministerio es, primero, calcular el sobreendeudamiento que sufrieron las CCAA en la anterior crisis financiera (80.310 millones), y el 75% de ese importe, 60.232 millones, se distribuye en función del peso de la población ajustada entre 2010 y 2022. A partir de ahí, Hacienda aplica cuatro criterios discrecionales. El primero persigue que las CCAA más endeudadas reciban una quita mayor (y ninguna puede recibir una cancelación inferior al 19,3% de su deuda). El segundo, compensa a las regiones infrafinanciadas. El tercero es un tope máximo de condonación, que es el que corresponde a la Comunitat Valenciana (2.284 euros por cabeza). Y el cuarto, un premio a las comunidades que han subido el IRPF. Lo que se producirá, en caso de que la ley se apruebe, es una especie de transferencia de la titularidad del pasivo. En Hacienda explican que inflará la deuda de la Administración General del Estado (AGE), pero no la del Reino de España, porque ya estaba computada. Es decir, que la que hasta ahora se endosaba a las CCAA pasaría a sumarse a la del Estado.

Montero fue preguntada por los periodistas en el Senado por la posición de Junts. La vicepresidenta confió en que la formación de Carles Puigdemont "tenga en consideración" la condonación propuesta para Cataluña (17.104 millones) porque "va en el camino correcto". "Uno puede tener una aspiración de máximos, y es legítimo que se tenga, pero cuando se ponen encima de la mesa propuestas que van avanzando en esa dirección, no tendría ningún sentido que ningún partido dijera que no", recalcó.

Montero confía en que Junts "tenga en consideración" la propuesta hecha a Cataluña porque "va en el camino correcto". "No tendría sentido que ningún partido dijera que no", subraya

El Gobierno garantiza "diálogo", y "siempre", pero "entre conseguir todo lo que uno quiere e ir avanzando hacia el objetivo que uno quiere hay mucho trecho que recorrer". "Y sin duda esta propuesta, estoy convencida, va en línea también con lo que probablemente Cataluña y Junts tenían en el horizonte —siguió la vicepresidenta primera—, porque es muy importante la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Es muy importante que salgan al mercado y sobre todo aquellas que tienen mayor vocación de autogobierno. Esto, lejos de perjudicar a alguna comunidad, a todas les beneficia".

"Puro tacticismo político" del PP

Montero dio por hecho que, aunque el PP vote en contra de la propuesta primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego en el Congreso, al final sus comunidades se acogerán al mecanismo y firmarán el convenio necesario para adherirse a él. "Si la ley sale adelante ya les digo yo —vaticinó a los periodistas— que no va a haber ningún territorio que no firme el convenio [para ver reducida su deuda], que en ningún territorio va a dejar de aplicarse la ley. ¿Por qué entonces ocurre esto? Por puro tacticismo político. El Partido Popular está poniendo siempre por delante el interés miope de Génova frente al interés de los ciudadanos, de las comunidades autónomas, incluso de aquellas que gobiernan".

El Gobierno da por sentado que las comunidades del PP se acabarán acogiendo al mecanismo y firmarán el convenio necesario, aunque ahora los conservadores pongan por delante el "interés miope de Génova"

La presión al PP fue en aumento también desde la Moncloa —"Feijóo tiene que dar una respuesta: ¿está por condonar o por condenar? ¿Quiere condonar la deuda a sus comunidades autónomas o condenar a los ciudadanos de todas las CCAA?", le lanzó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros— y desde las autonomías socialistas. Así, el conseller catalán de Presidencia, Albert Dalmau, auguró, como Montero, que "todos" los territorios gobernados por el PP acabarán acogiéndose a la quita. "Este es un buen acuerdo para Cataluña que beneficia también a comunidades gobernadas por el PP. ¿Qué harán? ¿No participarán de la quita? Me juego mucho a que todas participarán", sancionó, informa EFE. También el Ejecutivo del castellanomanchego Emiliano García-Page, habitualmente muy crítico con Pedro Sánchez, mostró su satisfacción con Hacienda, porque supone un perdón de 4.927 millones de euros, y se aproxima al "objetivo de máximos" que se había planteado.

Feijóo habló sin embargo de "trampa", el término elegido también por el Gobierno del valenciano Carlos Mazón. El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, calificó el modelo de Montero como de "tomadura de pelo", de "engaño", de "timo", de una "operación de marketing financiero" para "blanquear" un pacto con los separatistas catalanes. Los que ganan con la condonación de la deuda, despachó la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, son "los independentistas y el presidente del Gobierno".

Feijóo habla de "trampa" para rechazar la propuesta de Montero. Las CCAA del PP aluden a "tomadura de pelo", "engaño" o intento de "blanquear" el pacto de Sánchez con los independentistas catalanes

La ley que formalice la quita de la deuda solo puede salir adelante por dos vías, por tanto. O con el PP —viraje de 180 grados mediante— o con Junts (y el resto de socios). Y el margen para negociar, repiten en el Ejecutivo, es muy pequeño. Al menos, por ahora.