Aún quedan meses para que el proyecto de ley orgánica de condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas aterrice en el Congreso. Los apoyos no están asegurados y el Gobierno tendrá que emplearse a fondo para atarlos, pero ahora siente que está un palmo más cerca de poder aprobar la norma. La clave es que Carles Puigdemont ha girado. Sorpresivamente. Después de que una de las dirigentes de Junts advirtiera de que para su formación no era ninguna "opción" el "café para todos" y reivindicara la cancelación completa de la deuda de la Generalitat —más de 77.000 millones de euros—, el expresident pegó este miércoles un frenazo: "Junts siempre ha pedido que se condone toda la deuda", pero "que ahora se perdone una parte es mejor que no se perdone nada", admitió.

El líder de Junts mide todas y cada una de sus declaraciones. Nada en sus manifestaciones públicas es gratuito. Y ese dato hizo que el Gobierno decodificara con cierto alivio sus palabras, las escritas por él mismo en un largo mensaje publicado en X. Un post en el que venía a decir que no se puede dar por hecho ya que su partido haya anticipado el no al mecanismo propuesto por Hacienda. "¿Qué parte de este planteamiento lleva a decir que Junts no quiere que la Generalitat pague menos deuda? Por cierto: ¿han dado explicaciones de por qué razón se perdona el 50% de la deuda a Andalucía y solo el 20% a Cataluña?", se preguntaba el jefe de los posconvergentes. Apenas 24 horas antes, la portavoz de la formación en el Parlament, Mònica Sales, había salido en tromba en contra de la medida, porque "consolida el café para todos" y supone dar a los catalanes "el gato por liebre".

¿Qué parte de este planteamiento lleva a decir que Junts no quiere que la Generalitat pague menos deuda? Por cierto: ¿han dado explicaciones de por qué razón se perdona el 50% de la deuda a Andalucía y solo el 20% a Cataluña?", escribe el líder de Junts en X

El pacto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ERC, hecho público el lunes, supondrá la cancelación de 17.104 millones de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el 22,2% del total de 77.053 millones de pasivo. Pero el porcentaje baja al 19,2% si se tiene en cuenta el conjunto de la deuda catalana (88.917 millones), que comprende tanto la contraída con el FLA como de diversas entidades financieras. Hacienda planteó aplicar ese mismo mecanismo a todas las comunidades del régimen común —todas, por tanto, menos Euskadi y Navarra—, hasta el montante de 83.252 millones. La más beneficiada, en términos absolutos, es Andalucía, a la que se perdonarían 18.791 millones, el 47,2% de su total de deuda. Un porcentaje que solo supera Canarias, cuya quita asciende a 3.259 millones, el 50,4% de su pasivo.

Para Puigdemont, el problema de la financiación de Cataluña es "el propio sistema, que es injusto e insuficiente". A lo que se añade que el Estado "no ejecute las inversiones a las que se compromete". "El problema se agrava cuando grupos catalanes aprueban cada año al Gobierno los Presupuestos que el mismo Gobierno ha incumplido año tras año. Las explicaciones se las tienen que pedir a ellos", escribió, en otra crítica diáfana a sus competidores de ERC. El expresident agregó que su grupo trabaja para que Cataluña disponga de más recursos a través de una senda de déficit más generosa, una demanda en la que los posconvergentes se dicen "solos". "¿Sería erróneo decir que quien se opone a un reparto más justo de este techo de gasto no quiere que la Generalitat tenga más dinero?", se pregunta.

En el núcleo duro del Gobierno se muestran más optimistas en las últimas horas. "Quizá Puigdemont está de acuerdo. La propuesta es buena para Cataluña", señalan

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aún no ha hablado con Junts sobre la quita de la deuda, explicaban en su entorno, porque no ha llegado el momento de abordarlo con los grupos. Pero en el núcleo duro del Gobierno se mostraban más optimistas en las últimas horas. "Quizá Puigdemont está de acuerdo. La propuesta es buena para Cataluña", señalaban. No obstante, la Moncloa ha aprendido tras varios avisos de Junts y prefieren siempre encomendarse a la prudencia. "Veremos", decía cauteloso otro cargo de confianza del presidente.

Para un interlocutor próximo al presidente, conocedor de los contactos con los posconvergentes, el camino asoma más despejado que 24 horas antes. "Sí, parece que sí apoyarán la quita. Hay que tener un poco de perspectiva", relata este dirigente para el que lo importante es cómo se va tejiendo una relación de confianza con un partido duro y correoso como el de Puigdemont. Buena parte del optimismo irradia a partir de las buenas sensaciones con las que los socialistas se quedaron tras la reunión del pasado viernes en Suiza, a la que acudió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Una dejación de funciones sin precedentes"

En el Ejecutivo ya tienen claro que el PP pondrá todos los obstáculos posibles para la quita de la deuda, aunque al final sus comunidades, calculan, sí acabarán acogiéndose a ella cuando se apruebe la ley. La prueba gráfica de ese no la tuvo Montero en la reunión, ayer miércoles por la tarde, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que elevó su propuesta. El órgano la aprobó con el voto a favor de las tres CCAA gobernadas por los socialistas (Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias). Los 14 consejeros populares —de Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, Aragón, Comunitat Valenciana, Baleares, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja y Canarias (en coalición con CC), más Ceuta y Melilla— abandonaron la sala en bloque para evidenciar su negativa.

Montero acusa a los consejeros del PP de caer en una "dejación de funciones sin precedentes", de "deslealtad inédita", al abandonar la sala antes de votar 'no'

Montero acusó a los cargos del PP de "deslealtad inédita", de caer en una "dejación de funciones sin precedentes". Pero "han preferido no votar en contra" porque "no se atreven a explicarlo en sus territorios ni tampoco a no seguir la instrucción que les ha dado Génova". "Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera del color político que fuera el Gobierno de España —les recriminó la vicepresidenta—, se habían ausentado de este Consejo, renunciando a su responsabilidad". Para la titular de Hacienda, "es la gota que colma el vaso de la irresponsabilidad del PP, pero cada vez sorprende menos, porque [Alberto Núñez] Feijóo lleva años pidiendo la reforma del modelo de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar este asunto en una mesa entre ambos partidos".

En el Ejecutivo están, pues, convencidos de que si el PP les puede asestar un varapalo parlamentario, lo hará. Pero a los populares, creen, "les temblarán las piernas" si Junts, cuyo voto es decisivo, "duda". Porque que la medida descarrile supondría la pérdida de más de 83.000 millones de euros. Por eso Sánchez, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, recomendó a Feijóo que se pensase "en serio" su no a la quita de la deuda, "no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones". Y es que el PP giró bruscamente del rechazo al apoyo al decreto de subida de las pensiones —cuando su aprobación ya estaba despejada por el respaldo de Junts— por miedo a cargar con la losa de ser el partido que votó no, con el riesgo de ponerse en contra a un colectivo muy numeroso, el de los jubilados.

Era una apelación retórica, porque la misma Montero asumió, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el PP mantendrá la "actitud infantil" de este miércoles, pese a que sus gobiernos autonómicos se verán beneficiados: verán condonados 60.000 millones de deuda, el 72% del total propuesto.

El Ejecutivo da por sentado que los populares mantendrán su "actitud infantil", aunque sus gobiernos verán condonados 60.000 millones, el 72% de la quita propuesta, según explica Montero

La vicepresidenta insistió, frente al PP, en que la quita no deja de ser un "primer paso necesario", que ayuda a todas las CCAA del régimen común, ya que no solo alivia su carga de deuda, sino que además les facilita volver a salir a los mercados. Mantuvo que este debate no reemplaza al pendiente sobre la reforma de la financiación autonómica, "no lo paraliza, no es un atajo". Debería ser, cree, justo lo contrario, un "incentivo" para que los territorios abandonen sus posiciones de máximos.

"Apuesto lo que quieran a que suscribirán el convenio"

Para apuntalar su argumento de que esta medida está diseñada para beneficiar a todas las autonomías, Montero aseguró que la condonación les supondrá ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses —una cantidad que podría incrementarse—, por lo que entiende que no cabe "buscar excusas". No obstante, la vicepresidenta no tiene duda de que al final todas las CCAA se acogerán a la quita, pese a que alguna como Baleares ya ha avanzado que no lo hará. "Podríamos apostar lo que ustedes quisieran a que las comunidades del Partido Popular van a suscribir el convenio, porque en realidad les beneficia", dijo, porque de no hacerlo causarían un "perjuicio" a sus ciudadanos. Lo mismo ocurrió hace años, recordó, con el sistema de financiación: todas las CCAA lo aceptaron.

La cancelación de la deuda supondrá a las CCAA un ahorro de entre 6.500 y 7.000 millones de ahorro en intereses, una cantidad que podría incrementarse

En cualquier caso, la firma del convenio bilateral de cada comunidad con el Estado será el paso final. Ahora, una vez superada la prueba del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Hacienda mantendrá reuniones con todos los gobiernos autonómicos para determinar "exactamente" la cantidad y característica de su deuda, porque cada territorio tiene sus circunstancias específicas. En paralelo, se abrirán contactos con los grupos para ir trabajando los apoyos que permitan aprobar la ley orgánica, que según los cálculos de Hacienda debería quedar lista antes de fin de año. Los números de la quita no cambiarán apenas, según ya ha advertido el Gobierno, porque el cuadro está "pensado al milímetro".

Lo que sí puede introducirse durante el trámite parlamentario es una cierta compensación para Euskadi y Navarra, como han pedido ambas comunidades forales, ya que al estar fuera del régimen común, no van a acceder a la condonación. Montero explicó que las dos han salido siempre al mercado y tienen unas finanzas más saneadas que otras CCAA. Pero, dado que las dos han reclamado algún tipo de flexibilidad, se estudiará si es posible. "Todavía no hemos visto cuál. Ya lo veremos cuando la ley se tramite", aclaró la vicepresidenta.

Puede que en el trámite parlamentario se busque alguna fórmula para dar más flexibilidad a Euskadi y Navarra. La quita no afectará al cómputo de la deuda global española, se trata de una "reasignación" entre subsectores

Montero ratificó que la medida no afectará al cómputo de la deuda española. El pasivo que se condona no desaparece, simplemente pasa al Estado. Se trata de una "reasignación" entre subsectores —pasa de las CCAA a la Administración General del Estado—.

El camino de la quita no está desbrozado por completo. Pero el Gobierno se felicita de haber logrado cambiar el foco. Hace una semana, se situaba en la gresca en el interior del Ejecutivo, entre PSOE y Sumar, a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional. Una disputa que sigue viva y sin resolver pero que ha pasado a un segundo plano. Ahora la coalición, al menos, ha logrado mitigar el ruido y recoser su mayoría de investidura. Con ERC, desde luego pero, y esto es más relevante, con Junts. Todo cogido con alfileres con los posconvergentes, pero tal vez es el máximo posible ahora mismo y hasta que no se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que todavía quedan lejos.