El propósito para este año de Hacienda y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es claro: condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas y que asumirá la Administración General del Estado. Este miércoles por la tarde la 'dos' de Pedro Sánchez en el Gobierno de España expuso su plan a los consejeros autonómicos de su misma rama en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que parte del acuerdo alcanzado con ERC para la investidura de Sánchez, de una quita de 17.104 millones de euros, tras ajustes de cálculo, respecto a los 15.000 fijados inicialmente para Cataluña. Ese marco llevó a que, en una hora, los consejeros del PP se marchasen y no participasen en la votación que dará inicio a una larga tramitación.

El rechazo de las comunidades [once, con Ceuta y Melilla en añadido y Canarias en coalición con CC] del PP, en un frente conjunto anticipado por Génova, de oposición a la deuda porque "cambia de manos, pero sigue dependiendo del bolsillo del contribuyente", dicen fuentes nacionales del partido, no trastocó los planes de Montero. Por las características que regulan el CPFF, Hacienda cuenta con el mismo número de votos que las regiones. Por lo tanto, con un voto añadido de una región, Montero aseguraba el inicio del camino hacia su objetivo de condonación. De su lado estaban las de signo socialista, Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña.

El paso por el CPFF es de exigido cumplimiento, al afectar de lleno la propuesta del Gobierno a la financiación de las comunidades. Ya con luz verde, el compromiso de Montero es la de mantener reuniones bilaterales con todas las regiones, recabar impresiones y sugerencias, y, después, proceder a la elaboración de un anteproyecto de ley que debe validar el Consejo de Ministros antes de su paso al Congreso de los Diputados. El proceso puede alargarse hasta finales de este año. Durante esas consultas, el Ejecutivo confía en que los barones del PP viren y se acojan a esa quita. El propio Sánchez instó a Feijóo a "pensarlo" para que luego no tenga que rectificar "como con el decreto de pensiones". De momento, la escenificación popular es la de la unidad.

Hasta llegar al Congreso, el trecho es largo. La estrategia del Gobierno es clara, de presión y denuncia de que el PP se niega a tener mayor capacidad para apostar por recursos públicos y en lugar de condonar "condena" a los ciudadanos a su cargo. Este miércoles, desde la Cámara Baja, se hizo gala de ella desde Sánchez, Montero y hasta barones socialistas en la oposición, como la valenciana Diana Morant, también ministra de Ciencia. Esa dedicación y destino público, es de requerido cumplimiento para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que teme que, de aceptarlo, las comunidades de signo conservador impulsen más bonificaciones de impuestos en lugar de invertir en servicios. Quieren añadir ese condicionante los magentas.

Sumar busca garantizar que la condonación no lleve a políticas de bonificación de más impuestos, sino que vayan encaminados a mejorar los servicios públicos

Las comunidades que se verían más beneficiadas [aquí la propuesta íntegra de Hacienda y el resto de cifras] por esta condonación son Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104), Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644) y Castilla-La Mancha (4.927). La condonación sería gradual y se equilibraría con la fecha en la que vence la deuda contraída con el Fondo de Liquidez (FLA). Las comunidades que no tengan deuda con el Estado, tendrán una compra de parte de la deuda contraída con otras entidades acreedoras. Se calcula entre 5.000 y 7.000 millones de ahorro en intereses para las autonomías. Habrá flexibilidad con las comunidades de régimen foral.

Frente a los populares, los socialistas lanzan ofensivas con especial detalle a la Comunidad Valenciana, la más infrafinanciada, y la andaluza, la que tendría más compensación, por encima de Cataluña. De hecho, se azuzan las declaraciones de la consejera de Hacienda de Juanma Moreno, Carolina España, en una entrevista en ABC en la que se mostró favorable a aceptar esa condonación por una cantidad superior a 17.000 millones que ahora se cumple. Génova insiste, por su parte, en no entrar en el juego de Sánchez y abordar otras cuestiones más urgentes como el avance hacia un nuevo sistema de financiación autonómica, causa que azuzó Feijóo en septiembre del año pasado, a raíz de los planes para el cupo catalán. Este martes, Montero aseguró que si no se ha alcanzado ese nuevo sistema es porque hay comunidades del PP "en posición de máximos". Recalcó que esta quita de la deuda se aprobará sí o sí.

Desde el PP nacional, hilando el discurso con el de Isabel Díaz Ayuso desde la Puerta del Sol de Madrid, se rechaza que se obligue a los españoles a contraer la deuda de enclaves como Cataluña cuando, precisamente, con la idea de la financiación singular el mensaje que se lanza es el de "queremos repartir la deuda pero no los beneficios". La propia Ayuso plantea recurrir judicialmente cualquier decisión que se adopte.

Paso del Consejo de Ministros al Congreso

Concluidas las bilaterales estimadas por Montero y con el anteproyecto sobre la mesa por parte de Hacienda, éste debe ser validado por el Consejo de Ministros para pasar a tener la condición de proyecto de ley. En la práctica, sigue los mismos cauces que cualquier otra iniciativa legislativa cotidiana que parte del Gobierno. Fuentes próximas a la ministra de Hacienda, en todo caso, dudan de si este proyecto deberá ser sometido a la consulta de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, por ejemplo, de ramo ajeno a lo que se debate. Principalmente, porque ya vendría avalado y pactado del CPFF. Ponen como ejemplo los Presupuestos Generales del Estado, también proyecto de ley que no requiere esos informes.

Al ser un asunto de índole constitucional, requerirá mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. El proceso será el siguiente. En primer lugar, la Mesa del Congreso debe calificar la propuesta y llevarla a calendario. Se pasará directamente a designar el día en el que se realizará el debate de totalidad, en el que el Montero deberá defender la propuesta frente a quienes exijan que el proyecto decaiga. Se prevé que, salvo que algún socio como Junts quiera torpedear, solo las presentarán PP y Vox.

Tumbadas las enmiendas, se traslada el texto a ponencia y comisión, en este caso de Hacienda, donde se estudiarán aquellas enmiendas parciales que los grupos quieran proponer. Desde el Gobierno se traslada que el margen de negociación, tanto en la previa al proceso legislativo, como de forma posterior, es muy escaso, dado que el cuadro de la condonación "está pensado al milímetro". Una vez se pase ese plazo, se elevará el dictamen a pleno desde la comisión. De validarse con mayoría absoluta, se enviará al Senado y si hubiese una modificación o veto, algo a prever dado que el PP cuenta en la Cámara Alta con mayoría absoluta, debería volver a votarse en el Congreso para levantarlo, borrar o confirmar los retoques antes de pasar al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Siendo generosos, el trámite parlamentario podría prolongarse un mes y medio. A su paso por el Senado se puede solicitar que el proceso se acoja a la vía urgente, por lo que la Cámara Alta debería pronunciarse en un máximo de 20 días. Cualquier inicio legislativo se descarta hasta después del verano.

La mayoría absoluta en manos de Junts y de Compromís

Para que el Gobierno consiga sacar adelante la ley, a la que podrán o no acogerse las comunidades que lo deseen [la duda es ver qué harán los barones populares si se aprueba pese al voto contrario en el Congreso, si se acogerán finalmente con convenios a esa quita, lo que llevará a reuniones bilaterales posteriores] cuando esté vigente, el PSOE y Sumar dependen especialmente de dos partidos: Junts y Compromís, aunque sin los segundos hay margen. No si Chunta Aragonesista, crítica también y dentro de Sumar, decide sumarse a esa negativa. De momento solo es verbal. Tampoco si se alinea Coalición Canaria con el PP y los valencianos se mantienen en el no. El presidente canario, Fernando Clavijo, se mostró crítico ante el planteamiento del Gobierno este miércoles.

Toda la mayoría de investidura suma 179 escaños: PSOE (120), Sumar (27), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), Podemos (4), BNG (1) y Coalición Canaria (1). A ello hay que sumar el escaño de José Luis Ábalos, que, cotidianamente, salvo excepciones, ha mantenido una posición de afinidad con los socialistas. El Gobierno tiene dos diputados de margen ante una eventual ausencia o rechazo.

Esos dos diputados son, por ejemplo, los de Compromís, que están integrados en el conjunto del Grupo Plurinacional Sumar y son los más díscolos, dentro de la alianza de gobierno, con la propuesta. Frente al escaso margen que deja Hacienda para replantear la propuesta, los de Àgueda Micó en el Congreso creen que la propuesta de Montero, dependiente de ERC, no tiene en cuenta la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Detallan que solo tiene en cuenta criterios como el impacto de la crisis económica de 2008 y no aspectos sistémicos como ese déficit de financiación. Añaden que de los 59.000 millones de deuda, 47.000 derivan de ese problema y no de la crisis. Por lo que la condonación solo la reduciría en un 19% sin arreglar el fondo del asunto. Una deuda que, en todo caso, defienden que "la ha generado Madrid, el Estado" y no la Generalitat.

Compromís denuncia la ausencia de diálogo salvo con Cataluña. Se abren a "negociar y llegar a acuerdos", pero, hasta entonces, se ubican en la negativa, lo que reduce a los 176 escaños necesarios las posibilidades del Gobierno. Los nacionalistas valencianos aseguran que Montero, al ser Andalucía la comunidad que más se puede beneficiar, es la que sale mejor parada de cara a plantear su carrera electoral en la Comunidad para 2026. Sobre todo si Moreno Bonilla rechaza la condonación. Sumar respalda a su socio al considerar que, como la valenciana, hay comunidades que no podrán salir a los mercados por su deuda abultada. La portavoz parlamentaria, Verónica Martínez adjuntó la necesidad de abordar otras "medidas de refinanciación que lo faciliten". Aunque desde Hacienda alejan cualquier otro debate sobre financiación. Es más, creen que lo acordado es la concesión "máxima" que puede hacerse con la Comunidad Valenciana y que pese a todo, el alto volumen de endeudamiento de muchas comunidades, hace que esta condonación de por sí tenga un efecto positivo.

Desde el Gobierno se considera que Compromís acabará apoyando la medida, o al menos absteniéndose. Fuentes parlamentarias de Sumar creen, en todo caso, que el debate no es tanto lo que haga Compromís, sino lo que hagan las derechas. En este caso el PP, pero también Junts.

Puigdemont se muestra abierto a la condonación de una parte de la deuda en Cataluña y, por tanto, al respaldo del proyecto de ley

Los posconvergentes, al menos después de las últimas palabras de Carles Puigdemont este miércoles, parece que han rebajado sus pretensiones. La propia Montero, el martes, pidió a la derecha independentista catalana abandonar sus pretensiones de "máximos" después de demandar una condonación total de la deuda para Cataluña, de 73.000 millones en lugar de los 17.104 acordados. Para Junts, salir de la particularidad del caso catalán consolida el "café para todos". Ya fuentes del Gobierno, en privado, vienen sosteniendo que el rechazo inicial se debe a la competencia particular con ERC, de quien parte esta medida. Pero hay confianza en que Junts no sea un obstáculo y priorice cualquier acuerdo con impacto mínimo.

"Junts siempre ha pedido que se condone toda la deuda. Que sea una parte es mejor que no se perdone ninguna, pero seguimos sosteniendo que Cataluña debe librarse de toda este problema que el Estado le cargó encima", advirtió Puigdemont este miércoles vía X. Sí denuncia que a Andalucía se le perdone la mitad y a Cataluña el 20% de su deuda. También la falta de ejecuciones de las inversiones del Estado. Si el Gobierno termina atando a Junts, tiene vía libre para completar el trámite. Tras la reunión del CPFF, Montero ha trasladado que su intención es la de negociar a la vez con los grupos parlamentarios y con las comunidades.