La Audiencia Nacional lleva celebradas casi 30 sesiones en el juicio contra José Ramón Prado Bugallo, el narcotraficante conocido como Sito Miñanco, y varias personas más. La Fiscalía pide para él más de 31 años de cárcel por intentar meter en España casi cuatro toneladas de cocaína en 2017. Para la causa ha sido fundamental el empleo de Egobox, un desconocido sistema de grabación usado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, esto puede ser lo que lo deje en libertad.

En los últimos cinco años, se han gastado más de 10,5 millones de euros para hacerse con este polémico sistema. Se trata de un programa de escuchas ambientales, es decir, no es de intervención telefónica. Para eso las fuerzas y cuerpos de Seguridad utilizan Sitel.

Durante los últimos alegatos finales de la defensa, los abogados han cargado duramente contra las supuestas "manipulaciones de las escuchas policiales". Varias de las partes han presentado peritos que han puesto en duda el sistema empleado, ya que consideran que no puede asegurarse que no hayan sido manipulados.

La forma de proceder en escuchas policiales, siempre con autorización del juez, es la siguiente. Los agentes colocan un micro en el lugar donde quieran poner la oreja, un coche o un inmueble, por ejemplo. Ese micro recoge lo que dicen los investigados y envía la información al servidor del programa, en este caso Egobox. Una vez ahí, se vuelca en un soporte (un pen o un CD, por ejemplo) y se entrega en el juzgado correspondiente como prueba.

El archivo original, que se queda en el servidor, tiene un hash. Esto es una suerte de carnet de identidad que tiene cualquier documento informático. Ese número tiene que ser el mismo que el de la copia que se entrega ante el juez. Si se modifica un espacio, una coma o cualquier mínimo de información, el identificador cambiaría y no serviría como prueba.

Sin secretario judicial

Estos volcados siempre se hacen delante de un secretario judicial, alguien que supervise la cadena de custodio. El problema es que en este caso, el de Sito Miñanco, no fue así. Este es uno de los argumentos a los que se aferran las defensas para pedir la absolución de los acusados. Sin las escuchas de Egobox la Policía no podría haber abordado el buque Thoran el 2 de octubre de 2017, cuando navegaba a la altura de las Islas Azores.

Durante el juicio, ha tenido lugar un careo entre uno de los peritos de las partes y un experto en Egobox de la Policía. El encuentro tuvo lugar en dos jornadas. En ellas, ambos expusieron sus argumentos. El especialista de la defensa afirmó que los archivos del sistema de escuchas se podían modificar sin cambiar el hash, ese dni tecnológico. Además, añadió, que como no se tenía el original no se podía saber si lo que se estaba viendo en el juicio era idéntico a la prueba o había sido manipulado.

Otro punto de fricción fue la puesta en marcha de las escuchas. La tesis de algunas defensas es que los micros empezaban a grabar en cuanto percibían un sonido, en vez de ser activados en cada momento por los investigadores. El profesional de la Policía, el primer día aseguró que funciona de ambos modos, tanto de manera dirigida como indiscrecional. En la segunda cita afirmó que en realidad sólo podía ser activado por los agentes. Este extremo es importante ya que si los micros estuvieron grabando cualquier conversación, de cualquier índole, podría suponer una vulneración de la intimidad.

Ante las dudas suscitadas durante las sesiones sobre la autenticidad de las grabaciones o si pudiesen haber sido manipuladas, el juez envió a un letrado de la administración de Justicia a las dependencias de la Policía para que hiciese un nuevo volcado. Así podrían cotejarse los números hash. El problema es que los originales no estaban en los servidores de Egobox, sino que habían sido traspasados a discos duros. Esto, según fuentes jurídicas consultadas, también plantea dudas de que estos documentos no pudiesen haber sido manipulados respecto a los originales.

Pregunta a Interior

Ante las revelaciones hechas en el juicio, Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha remitido algunas preguntas sobre el sistema Egobox al Ministerio del Interior. En la causa de Sito Miñanco está siendo juzgado Gonzalo Boye, abogado del expresidente de Cataluña, por presuntamente blanquear unos 900.000 euros del narcotraficante.

El partido independentista ha enviado un escrito al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, para saber, por ejemplo, cómo ha sido el procedimiento para hacerse con Egobox. También sobre los protocolos que lo regulan y si hay un sistema que garantice judicialmente su uso.

De fabricación italiana, en España tiene la licencia para comercializarlo la empresa Fortier Europe. Según las bases de datos consultadas por El Independiente, en los últimos cinco años ha recibido más de 10,5 millones de euros en contratos públicos. Muchos de ellos han sido contratos menores, por debajo de los 15.000 euros que marca la ley para darlos a dedo. Otros muchos "negociados sin publicidad".

El último de las adjudicaciones fue el pasado 7 de febrero. Lo licitó el Ministerio del Interior por 2,15 millones. La empresa de Egobox se llevó 1,05. El motivo era suministrar sistemas, y su instalación, de equipo de localización telefónica y "obtención de etiquetas electrónicas". Los destinatarios fueron las unidades contra el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar y alrededores.

Casi todas las unidades de élite de la Guardia Civil y la Policía Nacional han contratado con Fortier Europe. Asuntos Internos de la Benemérita le adjudicó 11.790 euros el 13 de enero para comprar tres "sistemas encubiertos de captación de audio". A principios de septiembre de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) le compró dos "sistemas encubiertos de despliegue rápido para la captación táctica de conversaciones orales".

Aunque los últimos contratos son con la Guardia Civil, también los hay con la Policía Nacional, quienes han investigado a Sito Miñanco. A finales de febrero del año pasado, la División Económica y Técnica compró 13 dispositivos de captura de audio y posicionamiento GPS. También desde la Comisaría General de Información, que tiene entre sus competencias la lucha antiterrorista, se ha comprado a la empresa de Egobox. En noviembre de 2023 le adjudicaron ocho mil euros para un sistema de captación de audio.

Las adjudicaciones a Fortier Europe, además de ser contratos menores aunque es la única empresa con licencia para comercializar el programa, no publican los aspectos técnicos para no dar pistas a los malos contra quienes se usa Egobox.