La proposición de ley orgánica de delegación de competencias a la Generalitat en materia de inmigración, pactada por PSOE y Junts, ya está en el Congreso. La firman ambos grupos y supone que Cataluña tendrá la facultad, entre otros poderes, de controlar la frontera, pero "en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y también que gestionará las devoluciones de extranjeros, cuando tengan la prohibición de entrada, y para ellos los Mossos d'Esquadra estarán en frontera y actuarán, igualmente, "siempre en coordinación" con Policía Nacional y Guardia Civil. Cataluña también gestionará "integralmente" los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Según el acuerdo hecho público este martes por las dos fuerzas [aquí en PDF] y a la vez, a las 8.15, los dos partidos pactan la redacción de una proposición de ley que delega en la Generalitat, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, las competencias estatales en materia de inmigración. Cataluña se configura como la "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Y expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del registro del NIE (número de identidad de extranjeros), que seguirá en manos del Estado.

Cataluña pasa a ser la "ventanilla única" para estancia de larga duración y residencia, y expedirá el documento de identidad para extranjeros a partir del registro del NIE, en manos del Estado

Los Mossos gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con Policía y Guardia Civil, y también se encargarán, por tanto, de la devolución de extranjeros, "cuando tengan prohibición de entrada". En este punto, el más sensible de todo el acuerdo, donde más había presionado Junts, se explicita que los Mossos estarán "en frontera y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta ley, siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Los posconvergentes reclamaban la presencia única de la policía catalana, sin interferencias de Interior, pero el Gobierno reiteró que no era posible porque suponía desbordar el marco constitucional y el Derecho comunitario. Se llega, por tanto, a una fórmula de cooperación. La formación de Carles Puigdemont también exigía el poder de expedición del NIE, pero el acuerdo señala que lo que expedirá la Generalitat es la tarjeta, mientras que el registro obrará en manos del Estado.

Acuerdo de PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a CataluñaDescarga

Para asumir las nuevas competencias, se incrementará el número de Mossos d'Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

También la Generalitat ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución): instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expedientes (la devolución), mientras que "las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña", que preside el president catalán, según expone el acuerdo, de escasas dos páginas.

Junts reclamó la gestión integral de los CIE, hasta la potestad de poder cerrarlos, y lo consigue: tendrá el control, por tanto, del único centro que hay por ahora en Cataluña y que está situado en Barcelona.

Proposición de ley orgánica de PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a CataluñaDescarga

En contrataciones en origen, Cataluña determinará, "junto a sus empresas y sindicatos", los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros. En materia lingüística, "se aplicarán las previsiones de la legislación vigente al ejercicio de las competencias delegadas". Serán los Mossos quienes "ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y de explotación de seres humanos".

Las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, "previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña"

El acuerdo señala que el Estado "transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega". No es un traspaso definitivo, sino una delegación vía artículo 150.2 de la Constitución, y por tanto reversible. Con la nueva ley, si se llega a aprobar —y no se fijan plazos en el escrito—, Cataluña "podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que, en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la Administración, las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado". Posición determinante, que no decisiva, como exigía Junts. Pero el PSOE sí asume la narrativa de sus socios separatistas. Las nuevas competencias las asumirá el Govern del socialista Salvador Illa.

Acuerdo de PSOE y Junts de delegación a Cataluña de las competencias en inmigraciónDescarga

Esta proposición de ley era un punto central en las relaciones entre PSOE y Junts. Absolutamente clave. Objeto de negociación entre las dos partes desde hace más de un año, y fruto de la obsesión de los posconvergentes por una materia extremadamente sensible y por la que compiten con Aliança Catalana, la formación ultraderechista e independentista liderada por Sílvia Orriols. El acuerdo justifica la necesidad de la delegación en que el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y el 24% ha nacido fuera de la comunidad.

Cataluña será quien determine los "perfiles y el contingente de los trabajadores extranjeros". La comunidad "podrá desarrollar un modelo propio, una política integral", reza el comunicado conjunto

Una realidad que determina la "necesidad de asumir la gestión" del fenómeno migratorio por parte de la Generalitat y de los ayuntamientos catalanes como administraciones más cercanas, y "para este supuesto" se diseñó el artículo 150.2 de la Carta Magna, razonan los dos partidos. Con esta ley, Cataluña "podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país [Cataluña], incluida la integración lingüística, basada en el marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso". El acuerdo supone "un paso muy significativo en el método y el sentido político" que se deriva del pacto de investidura de 2023 que hizo presidente a Pedro Sánchez, subrayan los dos firmantes.

https://www.elindependiente.com/espana/2025/02/27/el-gobierno-cree-que-esta-mas-cerca-de-aprobar-la-quita-de-la-deuda-con-junts-tras-el-giro-de-puigdemont/El acuerdo PSOE-Junts llega tras dos semanas de pactos entre los socialistas y ERC, el otro socio independentista catalán clave: la empresa mixta que pilotará las Rodalies y la quita de 17.104 millones de euros a la comunidad. Ahora vuelve a ser el momento de los posconvergentes con un acuerdo muy polémico, que ya ha puesto en pie de guerra a los sindicatos policiales y que seguramente será recurrido por el PP. Con esta proposición de ley, el Gobierno acerca la expectativa de Presupuestos, pero no puede ni mucho menos cantar victoria. Lo que consigue, sobre todo, es estabilizar las relaciones con su aliado más complicado y exigente, a costa de una concesión muy controvertida. La proposición de ley comienza un camino largo en el Congreso, y habrá que ver si reúne el apoyo del resto de socios de investidura. Por lo pronto, Podemos, cuyos votos son imprescindibles, ya ha dicho que no.