Otra cesión políticamente costosa del Ejecutivo y otra labor complicada de pedagogía para los socialistas. El acuerdo para la delegación a Cataluña de las competencias en materia migratoria ya está en el Congreso, registrado como proposición de ley orgánica de PSOE y Junts, y si para Carles Puigdemont se trata de un traspaso "integral" porque la inmigración es "una competencia que normalmente ejercen los Estados", para el Gobierno no se trata de una "cesión", sino de una pura "delegación" que se articula a través del artículo 150.2 de la Constitución. Es, por tanto, reversible, y además la titularidad de la competencia sigue siendo del Estado. Lo que sí podrá la Generalitat, admite el Ejecutivo, es proponer y ejecutar expulsiones.

Esa tesis fue la que insistentemente repitieron este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. El Estado no se desprende por tanto de su competencia exclusiva, la que recoge el artículo 149 de la Carta Magna, señalaron, sino que la delega a Cataluña, y además se abre a atender la petición de otras comunidades.

Saiz solicitó ser "exquisitos" y "cuidadosos" con el lenguaje. "Estamos hablando de una delegación de competencias que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución española. Es una proposición de ley orgánica, de delegación de competencias en materia de inmigración, que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano".

Los Mossos estarán y actuarán en fronteras en el marco de aplicación de las competencias de esta ley en colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", subraya Saiz

La proposición de ley orgánica de PSOE y Junts [aquí en PDF], que ahora tendrá que iniciar su andadura parlamentaria —y Podemos ya ha anticipado su no— señala, en su artículo 9, que se delega en Cataluña las "facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras" y a tal efecto los Mossos, "como policía integral, actuarán en los puestos habilitados para el acceso" de inmigrantes "en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Según rubricó Saiz, "no se cede el control de fronteras". Los agentes de la policía catalana, siguió, "estarán y actuarán en fronteras en el marco de aplicación de las competencias de esta ley en colaboración y en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Es decir, los Mossos no estarán solos en frontera, como exigían los posconvergentes, sino que tendrán que trabajar codo con codo con policías nacionales y guardias civiles.

Sobre las expulsiones de inmigrantes, una cuestión especialmente sensible y en la que había insistido mucho Junts, la ministra diferenció entre dos tipos. Por un lado, los procedimientos de devolución "en los que no es necesario un expediente", y en los que la Generalitat, "basándose en la normativa de Extranjería", podrá ejecutar esas expulsiones. Es el caso de las personas que tengan prohibida la entrada en España. Pero en los supuestos en los que se requiera un expediente, la Generalitat "podrá proponer". Lo que dice el artículo 6 de la iniciativa es que en estos casos en los que se necesita expediente, se delega en Cataluña la ejecución de la normativa del Estado "en materia de incoación, instrucción y propuesta de resolución", pero para la resolución definitiva (la última palabra) se "valorarán los criterios orientativos que se establezcan en la Junta de Seguridad" de Cataluña, que presidente el jefe del Govern —ahora, el socialista Salvador Illa—, "especialmente cuando afecten a la seguridad nacional".

La Generalitat ejecutará las devoluciones siguiendo la "normativa del Estado", mientras que si hace falta un expediente "podrá proponer" esas expulsiones

En definitiva, como ponen en valor fuentes del Ejecutivo, la Generalitat ejecutará las devoluciones cumpliendo "la normativa del Estado", mientras que si hace falta un expediente, el Govern "podrá hacer la propuesta". De cualquier modo, una delegación de competencias implica que el Estado mantiene la titularidad de esa competencia y la "tutela" y que puede "revocarla", "recuperarla". No se traspasa, ni se cede, ni se transfiere, puntualizaron. Desde el Gobierno remarcan que no se ha concedido a Junts todo aquello que pedía, que era una gestión exclusiva e "integral", sin interferencia ni presencia del Estado.

Proposición de ley orgánica de PSOE y Junts para la delegación a Cataluña de las competencias en materia de inmigración.Descarga

La relevancia del "contexto"

La titular de Migraciones apuntó en la rueda de prensa la importancia del "contexto": Cataluña ha recibido relevantes flujos de inmigrantes, como lo prueba, explicó, que "el 18% de su población tiene nacionalidad extranjera y que el 25,1% tiene origen extranjero". "Además, hay una voluntad política y una voluntad de la sociedad catalana tradicionalmente desde hace muchos años. Nos podemos remontar al año 1992, hace 33 años, donde ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria con la creación, en ese 1992, de una comisión interdepartamental en materia migratoria. Por eso creo que es muy importante poner en contexto". Saiz agregó que en política migratoria es muy sustantivo el papel que tienen las administraciones locales y autonómicas, más cercanas al territorio, que "conocen" la realidad social y "asumen una importante responsabilidad".

La ministra de Migraciones apunta que no tienen más peticiones de otras comunidades por ahora, pero si llegan, se estudiarán "con detenimiento y rigor"

Al Ejecutivo no le "consta en este momento" que otras comunidades quieran que se les delegue la competencia migratoria —Euskadi estudiará si la demanda—, pero "si llega el caso", sostuvo Saiz, "se estudiará con total detenimiento y con total rigor". Lo "más preocupante" para el Gobierno es que haya territorios, como está sucediendo con la acogida de menores extranjeros no acompañados, que estén haciendo "dejación de funciones", al no querer su derivación desde Canarias y desde Ceuta, cuyos centros de asistencia están ahora mismo saturados. Sobre este punto, por cierto, sigue sin haber acuerdo. Saiz contó que se está trabajando "de manera intensa" para que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjera, para permitir el traslado obligatorio de niños migrantes a la Península, "vea la luz pronto".

La norma no tiene todavía garantizados los apoyos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, avanzó desde su cuenta de X que la ley no se aprobará con los votos de su formación, y denunciaba que el PSOE haya pactado la delegación de competencias con Junts, "un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana", con el partido de Sílvia Orriols, Aliança Catalana. Saiz invitó a "todas las fuerzas políticas" a que "lean" y "buceen en el contenido" de la proposición de ley, desde su misma exposición de motivos hasta sus 13 artículos y sus cuatro disposiciones finales. Desde esa "lectura sosegada", apuntó, los grupos podrán hacer "sus aportaciones" y demostrar sus "posicionamientos". "Yo invito a ese diálogo y se trabajará para conseguir ese acuerdo", mantuvo Saiz. Para el Ejecutivo, el acuerdo con Junts ya se ha hecho. Otra cosa es el trámite parlamentario y lo que él depare. En la Moncloa aprecian que Podemos necesita "desmarcarse", pero que finalmente cuando analice el texto verá que es "asumible".

La Moncloa se defiende de las acusaciones de haber comprado la narrativa de Junts: "Somos un Gobierno que defendemos una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos"

La proposición de ley, además, garantiza para el Ejecutivo los derechos humanos. "Somos un Gobierno que defendemos dentro y en todos los espacios y ámbitos internacionales una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos, que trabaja poniendo en valor el aporte de la población extranjera para nuestro país", señaló la titular de Migraciones, también como vía de defensa frente a la acusación de que los socialistas compran la narrativa ultra a Junts.

Saiz contestó también a Alberto Núñez Feijóo, que definió el pacto PSOE-Junts de "humillación sin precedentes" y acusó a Pedro Sánchez de "desmantelar el Estado". El líder del PP también prometió revertir la decisión si llega a la Moncloa. La ministra pidió "rigor" y "coherencia" al jefe de los populares, porque José María Aznar aprobó varias transferencias a Cataluña en 1997 con acuerdo con el president Jordi Pujol, por lo que no puede ser que lo que entonces era "bueno para España" ahora suponga "romper España" y "atentar contra el Estado". La responsable de Migraciones recordó que, como pago a la investidura de Aznar, y en virtud del Pacto del Majestic suscrito con la extinta CiU, se traspasó a Cataluña "el 30% del IRPF, la gestión directa de puertos y la ordenación del litoral" y "hasta el año pasado [el expresidente del PP] definía ese acuerdo como bueno para España, un acuerdo de Estado y positivo para el país".

Sobre los Presupuestos, el Gobierno reconoce las dificultades, porque "la complejidad parlamentaria no ha cambiado". Se compromete a "sudar la camiseta" y a "dialogar con todas las fuerzas"

La siguiente pregunta que plantea este acuerdo PSOE-Junts es obvia: ¿servirá para que el Gobierno pueda disponer de unos nuevos Presupuestos, que serían los primeros de una legislatura que arrancó en 2023? Para el Ejecutivo, este es un paso más, aunque reconoce que la aprobación de unas nuevas cuentas públicas sigue siendo difícil y, por tanto, no está ligada a esta negociación.

Alegría, en ese sentido, subrayó que "la complejidad parlamentaria no ha cambiado". Pese a ella, añadió, se ha "demostrado" que el Gobierno puede firmar acuerdos con sus socios. El Ejecutivo se compromete a "sudar la camiseta" para tener unos nuevos Presupuestos y a "dialogar con todas las fuerzas parlamentarias". Recordó la portavoz que durante esta legislatura también se vio peligrar ciertas votaciones y finalmente salieron adelante gracias al "diálogo".

En las últimas semanas, no obstante, Sánchez ha removido importantes obstáculos con sus socios que le acercan a ese objetivo de unas nuevas cuentas públicas: el acuerdo para la condonación a Cataluña de 17.104 millones firmado con ERC, la retirada de la cuestión de confianza por parte de Junts, ahora el pacto migratorio. Pero en el Ejecutivo no quieren dar nada por seguro y reiteran su prudencia. Alegría, a primeros de año, confió en que los PGE estuvieran listos en el primer trimestre de 2025. "Evidentemente, cuanto antes, y el trimestre aún ha terminado. Estamos todavía a 4 de marzo. Vamos a seguir trabajando con todas las ganas para poder hacer efectivo el poder presentar unas cuentas cuanto antes", despachó.