Fue una estafa a gran escala y mantenida durante 18 años. Pactaron los precios y se confabularon como un ‘cartel’ capaz de controlar el mercado de uno de los productos cada vez más vendidos y demandados en la sociedad española: los pañales para adultos. El caso, que ya fue juzgado y condenado por la Justicia, afectó a siete empresas del sector y a la Federación Española de Fabricantes de este tipo de productos. Las multinacionales, algunas de origen sueco y alemán, fueron condenadas al pago de 60 millones de euros por manipular el mercado para disparar y controlar los precios.

Ahora, una vez la sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, comienza la cascada de demandas de las Comunidades Autónomas cuyos servicios de salud han venido subvencionado la compra de este tipo de productos en las farmacias. La última en anunciar su reclamación ha sido Euskadi: 220 millones de euros.

Cataluña reclama 526 millones

Antes hicieron lo propio comunidades como Cataluña, donde la reclamación es aún superior, 526 millones de euros, por los daños y perjuicios que ocasionaron a las arcas públicas los integrantes de este ‘cartel de los pañales’ que se repartieron este mercado. En total, se espera que sean hasta 14 los gobiernos autonómicos que reclamen a las empresas condenadas que les indemnicen. Se estima que el montante total pueda rondar los 2.000 millones de euros.

La compra de este tipo de pañales de absorción para adultos ha ido en aumento en los últimos años. En una sociedad cada vez más envejecida, la demanda ha crecido de modo importante y se espera que lo haga aún más en los próximos años. Este tipo de productos son empleados por alrededor de 2,5 millones de personas en nuestros país.

Sólo en 2023 la facturación alcanzó los 523 millones de euros. Comunidades autónomas como Andalucía han estimado la reclamación en 600 millones de euros, Galicia en 350 millones, Madrid en 80 millones o Murcia en 50 millones.  

18 años de fraude

En el caso del País Vasco el Ejecutivo de Pradales avanzó este martes que su reclamación se presentará contra cuatro de las compañías implicadas en el ‘cártel’ de los pañales: Essity Spain, Laboratorios Hartmann, Paul Hartmann España y Laboratorio Indas. Estas multinacionales comercializan algunas de las marcas más vendidas de protectores contra la incontinencia urinaria como Tena, Indasec o Lindor, entre otras.

En el caso de Euskadi, la reclamación corresponde a las ventas en farmacia que la sanidad pública vasca ha venido sufragando en todos estos años, entre 1996 y 2014. El acuerdo de las compañías provocó un sobreprecio pactado y que habría perjudicado a las arcas públicas por el montante ahora reclamado.

La administración vasca remitió el pasado verano un requerimiento extrajudicial a las compañías en las que se les reclamaba la indemnización por el perjuicio provocado. Algunas de las compañías la rechazaron y otras ni siquiera contestaron, por lo que ahora se oficializa la reclamación por vía judicial.