El acuerdo al que ha llegado el PSOE y Junts para ceder competencias a la Generalitat de Cataluña en materia de inmigración y fronteras ha terminado de encender los ánimos entre policías y guardias civiles. Un pacto que venía cocinándose desde hace meses, ante el que los sindicatos y asociaciones se han manifestado en contra, pero que ha terminado de eclosionar este martes con la presentación en el Congreso de los Diputados.

El texto recoge que los Mossos d'Esquadra gestionarán las frotneras "en cooperación" con la Guardia Civil. También podrán expulsar inmigrantes cuando tengan la prohibición de entrar. Eso lo harán "en coordinación" de la Policía Nacional. Los agentes que ven cómo se les quitan competencias que tienen en todo el territorio nacional, consideran que se les relega a un segundo puesto en favor de sus homólogos catalanes.

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha calificado de "mercadeo político" la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña y ha advertido de que esta medida "choca frontalmente" con el margo legal vigente. Los agentes muestran su "preocupación y rechazo ante el acuerdo entre el PSOE y Junts" que permitirá a los Mossos D´Esquadra gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos y tener presencia en las fronteras.

El Gobierno cede también la gestión del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que era competencia de la Policía Nacional en Barcelona, el único en toda Cataluña. Pero no sólo eso. Los de Carles Puigdemont querían ser los únicos que manejases los número de identificación, los NIE. Según el acuerdo, los mossos entregarán las tarjetas, pero el registro seguirá en manos del Ministerio del Interior.

"Bochornoso"

El sindicato de Policía Jupol ha tachado el acuerdo de "bochornoso" porque supone una vulneración flagrante de la Constitución y un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña". "Nos encontramos ante una nueva maniobra para erradicar a la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña, una estrategia de desmantelamiento que comenzó hace años y que ahora se acelera con esta cesión". Sus servicios jurídicos están estudiando las vías legales para parar la "cesión ilegal" de competencias.

La Confederación Española de Policía (CEP) dice que lo firmado "constituye un golpe mortal para los cometidos que la Policía Nacional desarrolla" en Cataluña. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es en su opinión "el primero de los quince titulares de ese departamento que va a tener el dudoso honor de tolerar la ruptura de un consenso mantenido durante casi medio siglo".

La CEP considera que la pérdida de competencias no sólo pone en riesgo la seguridad ciudadana, si no al control de fronteras exteriores que permiten el acceso a territorio Schengen.

Ambos sindicatos, que están en conflicto colectivo dentro de la Policía, han pedido a Marlaska que presente su dimisión por haber permitido el acuerdo. "Que lo haga por dignidad y coherencia".

La Unión Federal de Policía (UFP) cree que se vulnera la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que asignar la misma competencia a distintos cuerpos policiales es un despropósito operativo que solo generará descoordinación y conflictos funcionales.

Para asumir las nuevas competencias, se incrementará el número de Mossos d'Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.