La decisión de no reabrir la causa contra los exjefes de ETA por su presunta implicación como inductores del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 ha hecho estallar a las víctimas. Tras conocerse que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, considera que no existe margen para reabrir la investigación al dar por prescritos los hechos, la asociación Dignidad y Justicia ha arremetido con dureza contra ella. Considera que con esta decisión “está defendiendo a los jefes de ETA”.

Dignidad y Justicia, que junto al PP y la Fundación Villacisneros se habían posicionado en contra del archivo, subraya que la decisión va en sentido opuesto a lo defendido por 13 de los 16 miembros de la Junta de Fiscales del Alto Tribunal. Señala que esa mayoría de fiscales se habían posicionado a favor de seguir con el procedimiento abierto contra los exjefes de la banda terrorista ETA. Entre ellos figuraban Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’, e Ignacio Gracia Arregi, alias ‘Iñaki de Rentería’.

En octubre del año pasado la Audiencia Nacional, en línea con el criterio de la Fiscalía, determinó que la presunta responsabilidad de los miembros de la banda estaría prescrita. Recordó que se procedió contra ellos en 2022, cuando ya habían pasado más de 25 años de los hechos, cuando la prescripción se había cumplido dos décadas después del asesinato del concejal del PP en Ermua. No obstante, aún queda un cuarto procesado, José Javier Arizkuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, que seguiría procesado al haber sido acusado por Dignidad y Justicia por este caso en 2016, antes de que prescribiera.

Disposición "sumisa"

Pese a la mayoría de fiscales que apoyó la continuidad del proceso, la oposición de los dos fiscales jefes es la que obligó, según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a que fuera la teniente fiscal la que se tuviera que posicionar para tomar la última decisión. En este caso ha sido la de oponerse a seguir con el caso.

Para Dignidad y Justicia el “flojísimo” recurso de la teniente fiscal revela que “la disposición sumisa” que tiene a los intereses del Gobierno, “que se encuentra secuestrado por Bildu”. La asociación continúa asegurando que Sánchez Conde “defiende los intereses de los responsables de la organización terrorista y no de las víctimas del terrorismo”.

Su escrito, según DyJ, vendría a demostrar que en España “no vivimos en un Estado de Derecho sino en un ‘Estado de Vergüenza’ en el que el Gobierno coloca a piezas de un organismo supuestamente independiente para controlar la Justicia y que sus socios en el Ejecutivo le sigan sosteniendo”.