La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido el archivo de la querella contra el Rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública que presentaron el pasado mes de noviembre magistrados jubilados, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales ante la Sala de lo Penal del TS.

En este contexto, la Fiscalía recuerda en un comunicado que ya abrió diligencias de investigación en relación con Juan Carlos I el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020, y, "tras una exhaustiva investigación, se archivaron el 2 de marzo de 2022", informa Europa Press.

Así, la Fiscalía se ratifica ahora en las razones aducidas en el decreto de archivo de marzo de 2022, ya que en la mencionada querella "no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintas a las ya consideradas para dictar el archivo".

Insuficiencia de indicios incriminatorios

Concretamente, el Ministerio Público se refiere, respecto a las diligencias de 2020, a que en el decreto de archivo se hacía constar que "pese a que la investigación desarrollada (...) no permite ejercitar acción penal alguna contra" el rey emérito por, "básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal", fue la actuación de la Fiscalía "la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas".

Una cuantía correspondiente, según recuerda, "a las cuotas tributarias adeudadas por Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora".

Por otra parte, en relación a las segundas diligencias de investigación, el decreto de archivo señalaba que "entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas".

No obstante, Fiscalía vuelve a recordar que a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicación del rey emérito y quedó sin efecto la "inviolabilidad e irresponsabilidad" que establece la Constitución, las disposiciones del JRM 2004 Trust "lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".

La tesis de los querellantes

Los querellantes señalaron que esos cinco delitos fiscales que atribuyen al Rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, a la vez que incidieron en que la Fiscalía informó a Juan Carlos I de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.

"El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en las que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización", exponía la querella.

Además, solicitaron la declaración de Juan Carlos I y que comparecieran como testigos personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón, Arturo Fasana y Dante Canónica, y representantes legales de las entidades societarias que aparecen en el texto.

Por último, los querellantes justificaron la presentación de la querella movidos por "la defensa del interés general" al entender que existen delitos contra la Hacienda Pública "que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal (...) sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso la Jefatura del Estado".