Euskadi mira de reojo a Cataluña. El último acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para delegar a la Generalitat parte de la gestión de inmigración está siendo analizado con detalle. A la espera de su evolución parlamentaria, el Ejecutivo vasco sabe que esa materia completaría las que ya negocia con el Gobierno Sánchez y que vienen reconocidas en el Estatuto vasco. El País Vasco no descarta pedir un tratamiento similar e incorporar los aspectos que se recogen en el acuerdo con la formación de Puigdemont, como la competencia para la expulsión de inmigrantes, la gestión de los CIE, los permisos de residencia o la política de sanciones por contratación irregular de inmigrantes.

Pero en Euskadi incluso quieren ir más allá. La mirada está puesto no sólo en la frontera terrestre, sino participar e implicarse en las ‘fronteras’ aérea y marítima. Y en ello negocia ya con el Gobierno de Sánchez. Por ahora es sólo de modo parcial, sin afectar a las fronteras ni aduanas, pero abriendo más la puerta a la gestión vasca en aeropuertos y puertos marítimos. Ambos gobiernos trabajan ya para que Euskadi asuma competencias ahora a cargo de las autoridades nacionales y que en muchos casos ejecutan los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado.

Se trata de una negociación que debe culminar este año, para cuando Euskadi debería tener ya en sus manos la competencia de gestión sobre las terminales aéreas y las portuarias. Es el compromiso que adquirió Sánchez para asegurar el apoyo del PNV a su investidura. El primer paso se dio en febrero de este año, cuando la Policía autonómica vasca asumió la función de prevención y seguridad de los dos puertos vascos considerados de interés general: Bilbao y Pasaia (Gipuzkoa). Una competencia largamente reclamada y que desde hace apenas un mes ejerce la Ertzaintza.

Gestión de los aeropuertos

En este caso, la Policía vasca se encarga de las tareas de protección ciudadana, seguridad vial, espacio aéreo, así como de las funciones de policía judicial, asistencial y administrativa en las dos dársenas vascas. Le corresponde garantizar el orden público, controlar las vías y el tráfico de vehículos o investigar los delitos que se cometan en los recintos, entre otras tareas. El desarrollo de estas atribuciones, que abarcan la lámina de agua, no implica la salida de ambas infraestructuras de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que seguirán encargándose de fronteras y aduanas.

En lo relativo a los aeropuertos, Euskadi quiere gestionarlos. La petición de la competencia afectaría a sus tres terminales: la de Bilbao, la de Foronda (Vitoria) y el aeropuerto de Hondarribia, en Gipuzkoa. Reclama la titularidad sobre los servicios de asistencia en tierra, como son la clasificación de equipajes, la distribución de combustibles, la limpieza y depuración de aguas y la administración y explotación de las instalaciones aeroportuarias.

A largo plazo el plan pasa por elevar de manera significativa la presencia de las autoridades vascas y de la Ertzaintza en frentes hasta ahora vetados para el Ejecutivo autonómico. El último avance se logró esta última semana. Desde este próximo 1 de julio Euskadi asumirá la competencia para conceder permisos de contratación para inmigrantes  que trabajaran en Euskadi pero también para contrataciones en los lugares de origen para casos de difícil cobertura. Esta competencia permitirá agilizar los procesos de inserción laboral de personas extranjeras en el País Vasco. La Administración vasca también será la competente para emitir los preceptivos informes de arraigo sociolaboral y socioformativo para los permisos de residencia.

14 transferencias a Euskadi

El Gobierno vasco insiste en que con esta nueva transferencia en sus manos se facilitará la integración laboral de estas personas. Un avance que sería muy relevante en un mercado necesitado de manos de obra como es el vasco. Actualmente en Euskadi residen cerca de 220.000 personas de origen extranjero, apenas un 10% de la población. Entre ellas el índice de desempleo es del 14,7%, el doble que la media de la población. El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, ha formado a 5.000 de ellas sin que hasta ahora hayan podido incorporarse al mercado laboral.

Recientemente la Administración vasca impulsó junto a Canarias un plan de reparto de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España. La propuesta, que fue la base del acuerdo posteriormente alcanzado para todo el país, intentaba reconducir la carga asistencial a la que hace frente Euskadi con la llegada de estos menores y que considera que es muy superior a la de la mayoría de Comunidades Autónomas.

Esta competencia, junto con la relativa a la gestión del servicio de meteorología, son las dos últimas materias cedidas al País Vasco. Desde que Sánchez accedió al Gobierno han sido 14, entre ellas algunas tan relevantes como la gestión de las prisiones, las cercanías o la convalidación de títulos universitarios.

25 materias aún pendientes

El siguiente reto es acelerar el paso para completar las 25 competencias que siguen pendientes. En la reunión que mantuvo con el lehendakari Pradales el pasado 20 de septiembre, Sánchez se comprometió a avanzar más rápido. Para ello ambos ejecutivos han decidido agrupar en cuatro bloques las competencias pendientes para negociarlas de manera conjunta y lograr así agilizar los acuerdos.

Uno de los bloques, el más complicado, es el relativo a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El propio Gobierno vasco ha asegurado que se están intensificando los trabajos en torno a esta materia, recogida en el Estatuto de Gernika. Convertiría a la Administración vasca en la ventanilla única de gestión para la Seguridad Social.

En este paquete de competencias relacionadas con la Seguridad Social se incluiría la cesión de cuestiones como las políticas pasivas de empleo, dejando al margen la legislación básica que seguiría en manos del Estado. Euskadi ya gestiona las políticas activas para incentivar la incorporación al mercado laboral. Además, se incluiría la competencia sobre las prestaciones no contributivas. En este ámbito existe el precedente que supuso la cesión al País Vasco de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). También está el FOGASA, la ampliación de la inspección de trabajo y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, además de la tutela de las mutuas.