Junts ha creado un grupo de trabajo interno sobre inmigración para abordar cuestiones e iniciativas que pueden plantearse tras el acuerdo con el PSOE para el traspaso de las competencias en esta materia y su futuro despliegue.

Así lo han explicado fuentes conocedoras a Europa Press, teniendo en cuenta que la proposición de ley orgánica registrada sobre inmigración registrada en el Congreso contempla cambios sobre asuntos como extranjería, contratos de trabajo, control e integración a lo largo de 13 artículos y tres disposiciones adicionales.

El objetivo del grupo es anticipar y poner sobre la mesa debates relacionados con el fenómeno inmigratorio y la translación que pueden tener normativamente en el momento que tenga efectividad el traspaso, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

Así, el grupo de trabajo analizará la asunción de competencias acordada, lo que implica, qué recursos deben ponerse a disposición y que deberá retocarse o ajustarse cuando la ley esté operativa.

Para cubrir todos los frentes posibles, Junts ha incorporado en el grupo de trabajo la exconsellera Victòria Alsina; el diputado en el Parlament Agustí Colomines; la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, y nombres como el de Eric Bertran con vínculos con entidades de la sociedad civil y el de otros diputados y técnicos de la formación.

Aportaciones del mundo local

También se quieren tener en cuenta las aportaciones del mundo local y contar así con el punto de vista de alcaldes y técnicos municipales, teniendo en cuenta que es la administración más cercana al ciudadano.

Así, todas las partes nutrirán de propuestas e información a la comisión de trabajo, que seguirá operativa hasta que la ley se implemente y sea una realidad.

Cuatro modelos

En la negociación entre el PSOE y Junts para el redactado de la proposición de ley tuvieron en cuenta lo que recogen cuatro modelos en materia de inmigración: el de Baviera, el de Quebec, el neerlandés y parte del de Escocia, han explicado las citadas fuentes.

Ahora también pueden servir a Junts como base para estudiar como se han desplegado e implementado determinadas políticas, también en el ámbito lingüístico.

Este viernes, precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que la actual legislación ya dice que los ciudadanos extranjeros tienen que conocer no solo el castellano sino el resto de lenguas cooficiales como el catalán al ser interrogado sobre si los inmigrantes deberán hablar catalán para obtener el permiso de residencia.

Competencias

La proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada, y llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con Guardia Civil y Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas.

Además, Catalunya se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español, y se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

El acuerdo también recoge que Catalunya ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos: por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.

La Generalitat, además, determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüística, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya las pueda ejercer, y sólo de este modo podrá desarrollar un modelo propio con "una política integral".

Gobierno central y Canarias retoman la negociación

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirán mañana, lunes, para abordar la financiación que aportará el Estado a la derivación de menores migrantes desde las islas al resto de comunidades.

Los representantes de sendos Ejecutivos se encontrarán a partir de las 12 horas en el Ministerio de Hacienda y debatirán sobre tres asuntos: la agenda canaria, las partidas pendientes de transferir a las islas por la atención a menores migrantes y la financiación estatal para el reparto de jóvenes a las autonomías.

Este encuentro -que estaba previsto para el pasado 12 de febrero pero se canceló por una enfermedad de la ministra- se produce una semana después de ese acuerdo para la cesión de competencias en inmigración entre socialistas y posconvergentes.

Junts había puesto como prioridad cerrar esta delegación antes de hablar de los menores y tanto el Gobierno de las islas como el central miran con atención al partido de Carles Puigdemont para conseguir sacar adelante esta iniciativa en el Congreso, una vez fracasadas las conversaciones con el PP.

Fuentes del Gobierno canario han señalado a EFE que esperan que en la reunión con la ministra se despejen los términos en los que el Estado se compromete a financiar la propuesta de derivación de 4.000 menores desde las islas (y otros 500 desde Ceuta) y dicen desconocer cómo afectará el pacto PSOE-Junts a estas conversaciones.

Desde Coalición Canaria no han hablado con Junts desde que se anunció este acuerdo, pero en contactos anteriores dirigentes de la formación catalana independentista sí mostraron su disposición a apoyarlo.

Lo que no saben desde el Ejecutivo autonómico es si este cambio abre la posibilidad de volver a negociar una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para crear un mecanismo estructural de derivación de los jóvenes, propuesta que ya fracasó en julio del año pasado por la falta de apoyo de Junts, PP y Vox en el Congreso.

Por otro lado, fuentes del Gobierno han apuntado a EFE que el Ejecutivo central negocia -nunca ha dejado de hacerlo, recalcan- una mayoría parlamentaria suficiente para dar una solución a la cuestión de los menores migrantes no acompañados.

En este sentido, han subrayado que lo que el Ejecutivo siempre ha defendido es que esta sea una solución estructural a través de la reforma de la ley extranjería.

Desde Junts no han manifestado públicamente su intención de facilitar la derivación de los menores con sus votos y fuentes del partido señalaban esta semana, tras el acuerdo alcanzado con el PSOE, que su posición no ha cambiado: solo darán su apoyo a una fórmula que tenga en cuenta la tensión de los recursos de Cataluña.

Sostienen que históricamente esta autonomía ha hecho mayores esfuerzos para la acogida de los jóvenes que otras y esto debe quedar reflejado en el texto, aunque esto no necesariamente significa que Cataluña no acoja a ninguno más.

Esta es una cuestión sensible, ya que en la última reunión de Clavijo con el Gobierno se acordó que los criterios de reparto serán "prácticamente" los mismos que los fijados en 2022 en una Sectorial con las comunidades: población, renta per cápita, desempleo, el esfuerzo realizado en la acogida y la dispersión de la población.

Este extremo despertó una oleada de críticas, tanto de PP y Vox como de varias autonomías como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria o La Rioja, al entender que esto significaría dejar fuera del reparto a País Vasco y Cataluña, algo que tanto el Gobierno central como el canario han desmentido.