Vox valoró este lunes la información de El Independiente, adelantada en exclusiva, que acredita que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto unas diligencias de investigación sobre la financiación del partido. Ésta viene derivada de la denuncia que el PSOE interpuso en la Fiscalía el 13 de diciembre, al considerar que la formación podría haberse lucrado irregularmente.

Se pone en el punto de mira más de 4,65 millones de euros que podrían haberse obtenido de forma fraudulenta. Parte de las sospechas de los socialistas vienen asociado a un informe del Tribunal de Cuentas en la que los de Santiago Abascal contabilizaban, por ejemplo, como "ventas promocionales" hasta 1,8 millones de euros. Para el partido de Pedro Sánchez esto podrían ser "donaciones ilegales encubiertas" que podrían haberse conseguido vía cajas de caudales o huchas de donaciones irregulares. Éstas se colocaban en diversos eventos o carpas informativas. Por eso, Anticorrupción consideró que hay base para indagarlo mediante un procedimiento "reservado".

Asimismo, se pide información sobre la concesión de un crédito de 6,5 millones de euros por parte del banco húngaro Magyar BankHolding (MBH) en 2023, para cubrir los gastos de campaña de parte del ciclo electoral de municipales, autonómicas y generales. En cuanto puede ir contra la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Fuentes del partido, consultadas por El Independiente, defienden que al tratarse de un préstamo, "devuelto con intereses", no incumple esa Ley de Financiación. Lo diferencian de lo que es una donación, que tienen estipulado un máximo de 50.000 euros por persona física o jurídica.

En concreto, el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, aseguró que esta denuncia que parte de los socialistas suma otro añadido a "la persecución" que estaría sufriendo su grupo, entre otros, por el ascenso en las encuestas electorales. "Corrupción es la del PSOE, la de los ERE, la de Tito Berni, la de Ábalos o la de De Aldama", citó Fúster.

"Los ingresos por actividades promocionales está regulado en el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Lo que no está autorizado es regalarle un palacete al PNV, eso sí que es ilegal, no lo otro". Se refirió así Fúster a la devolución que ha hecho el Gobierno de Sánchez de la actual sede del Instituto Cervantes en París al PNV vía real decreto ómnibus hace unas semanas. Un edificio que fue expoliado a los jeltzale durante la ocupación nazi y transferido al Gobierno franquista. Este asunto llevó al choque a la cúpula de Vox y del PNV. Respecto a Vox, "no hay nada", señalan, acusando al PSOE de "no saber leer unas cuentas cuando todo está auditado" por el Tribunal de Cuentas.

Desde Vox reconocen esas colaboraciones de los afiliados a cambio de merchandising, recogido en ese artículo 2. "Está permitido", aseguran. "Si hace falta aclaraciones, si quieren cambiar la ley, pues ya veremos que se dice", dicen desde Bambú, que achacan a los socialistas el deseo de que la única financiación posible sea pública a través de subvenciones. "Yo no quiero financiar" con impuestos "a EH Bildu o a ERC", rechazó Fúster.

Vox acusa a Ferraz, Génova y Sol de contribuir a los ataques para desgastar la marca, siguiendo una estrategia de "triángulo mágico"

Insistió el de Vox en esa campaña "contra Vox", que atribuyó a Ferraz, pero también "a la que se suman Génova y la Puerta del Sol" en un "triángulo mágico", reprochó a los populares. Los ultraconservadores creen que, además de la escalada en los sondeos, los servicios jurídicos de Vox han sido "muy efectivos" estos años en la "persecución" de aquellos casos de corrupción o de "quienes van en contra de España". "Ahora la campaña se agudiza".

Fúster, consideró que se quiere hacer con Vox igual que lo que sucede en Rumanía, cuya Oficina Electoral ha rechazado la candidatura del candidato prorruso Călin Georgescu. Éste ganó contra todo pronóstico la primera vuelta de las presidenciales rumanas de finales de noviembre, pero fueron anuladas por el Constitucional rumano por indicios de injerencia rusa y de financiación ilegal. Por esos mismos motivos, se impide su participación. Desde Vox se le define como una "víctima de una persecución terrible" y se culpa a Bruselas de su suspensión: "La democracia no puede morir en Europa por mucho que lo defienda sus burócratas".

El portavoz, además, recordó las recientes palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que apuntó al deseo de "sacarnos de las instituciones y del Parlamento". Por otro lado, se acusa a la Fiscalía Anticorrupción de ser dependiente de los socialistas, y de querer "tapar con otro titular contra Vox" el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, este lunes, a que el Supremo aplique la amnistía a Carles Puigdemont.

Vox tasa en alrededor de 800.000 los ingresos de afiliados

Fuentes nacionales de Vox tasan, de memoria, en alrededor de 800.000 euros los ingresos obtenidos por vías como el merchandising o campañas de crowfunding desde 2018. Destaca la de 120.483 euros para la causa "Ayúdanos con la fianza Borja", que tenía como objetivo colaborar con la defensa jurídica de un joven acusado de homicidio. También 31.665 euros para la causa "Querella contra Quim Torra", quien por entonces presidía la Generalitat de Cataluña. Todo auditado, dicen, por el Tribunal de Cuentas.

Sí reconocen el toque de atención dado al partido por ese mismo organismo en 2023 [también a Más País], por haber percibido donaciones finalistas, a través de esas ventas, incumpliendo la legalidad y sin detallar el nombre de los donantes. En total, los de Abascal habrían recibido 233.324,22 euros. Ante ello, recibieron dos sanciones del Tribunal: una de 183.324,22 euros y otra de 50.000, con carácter de devolución de la cuantía. Todos esos ingresos por vías de afiliados, acreditan, "están supervisados por el Tribunal de Cuentas".