La Confederación Española de Policía (CEP) ha retirado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 'Premio Justicia y Libertad’ que le concedió en mayo de 2010 cuando era magistrado de la Audiencia Nacional. Fundamentan su decisión en el "desplante permanente" y la "absoluta falta de compromiso" que sufren por parte del titular de Interior.

La decisión se enmarca dentro del anuncio de la Proposición de Ley, apoyada en el Congreso por el PSOE y Junts, por la que se pretende incorporar a los Mossos d’Esquadra al control de las fronteras en Cataluña. Unas competencias que, señala, han ejercido en exclusiva durante casi medio siglo de democracia la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Alguien que ignora tolera y justifica la quiebra del modelo policial mantenido hasta ahora por Gobiernos de UCD, PSOE y PP, no representa ya ni uno solo de los valores que CEP defiende" indica el comunicado de la CEP.

Asimismo, destaca que Marlaska, desde que fue nombrado ministro en junio de 2018, cambió "radicalmente" su actitud hacia los sindicatos de la Policía, poniendo de manifiesto que desde entonces se han celebrado nueve reuniones del Pleno del Consejo de Policía y éste sólo ha asistido a tres. "Esa negativa a ejercer su responsabilidad como Presidente del Consejo de Policía demuestra su nula voluntad de diálogo y que los avances y mejoras profesionales de los policías ocupan un lugar escandalosamente residual en su agenda de prioridades".

Este martes, un centenar de policías y guardias civiles, convocados por una plataforma que aglutina a doce organizaciones policiales, se manifestaron en las puertas del Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo al acuerdo entre PSOE y Junts, puesto que entienden que el Gobierno vulnera la ley y cede "a los chantajes" y a las "presiones políticas" de Carles Puigdemont. En paralelo, Marlaska negó durante el pleno que se celebró hoy en la Cámara Baja que el Gobierno vaya a ceder el control de las fronteras, y limitó el acuerdo a una delegación "importante y muy relevante" de la gestión migratoria.

El pacto PSOE-Junts

El pasado 3 de marzo, el PSOE y Junts anunciaron un acuerdo para transferir las competencias migratorias a la Generalidad de Cataluña, desbloqueando unas negociaciones que llevaban meses estancadas. Cataluña asumirá nuevas funciones en materia de control fronterizo, aunque siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según se indica en el texto de la Proposición de Ley.

Los Mossos d'Esquadra participarán en la gestión de las devoluciones de extranjeros que tengan prohibida la entrada en España, manteniendo una coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, y también se harán cargo de la administración de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Otro de los puntos clave del acuerdo es el refuerzo del papel de los Mossos en la seguridad de infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos. En estas áreas, trabajarán junto a las fuerzas de seguridad estatales para garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y la aplicación de las órdenes de expulsión. Esta cuestión había sido una de las principales exigencias de Junts durante las negociaciones, puesto que buscaban un mayor control sobre el flujo migratorio.