El Gobierno pretende eludir el control parlamentario para ampliar de forma significativa el presupuesto de Defensa. Esa sensación fue la que transmitió el presidente a los líderes políticos que recibió el jueves en el Palacio de la Moncloa, y también es lo que transmiten en privado varios ministros de su núcleo duro. El hecho de que los partidos de izquierda que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez estén en contra del "rearme" y que el presidente esté seguro de que el PP no le salvaría de una eventual derrota en el Congreso, le han llevado a buscar otras vías para conseguir el mismo objetivo pero sin asumir riesgos.

Moncloa maneja distintas alternativas: justificar que el aumento en el gasto viene determinado por los compromisos que supone la pertenencia a la OTAN, como explicó ayer Juanma Romero en El Independiente; recurrir al Fondo de Contingencia; o bien, echar mano de los créditos extraordinarios. Lo que Sánchez da por hecho es que no habrá presupuestos y, por tanto, que deberá optar por alternativas creativas para alcanzar el mínimo que exigirá la Comisión Europea (elevar un 1,5% del PIB sobre el presupuesto base) a todos los miembros de la UE, lo que supondría prácticamente doblar la partida que ahora dedica España a Defensa con el horizonte de 2029.

El Fondo de Contingencia (una especie de hucha que contempla el presupuesto para gastos imprevistos) es de apenas 4.000 millones de euros. Por tanto, insuficiente para llegar al mínimo exigido incluso si se destinara toda esa partida a Defensa. Es decir, que Sánchez tendrá que recurrir indefectiblemente a la vía de los créditos extraordinarios.

El problema es que, si algún partido decide recurrir al Tribunal Constitucional (TC) que los gastos para programas de Defensa se tramiten por la vía del decreto, echaría por tierra la alternativa más cómoda para Sánchez de cumplir con sus compromisos.

En efecto, una sentencia del TC del 7 de julio de 2016 declaró nulo el apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto ley 10/2014 por el que se concedían créditos extraordinarios por un total de 883 millones de euros para hacer frente a compromisos de pagos de la industria de defensa. Entre ellos, el helicóptero Tigre, el vehículo Pizarro, el misil C/C SPYKE o el avión EF-2000.

El decreto aprobado por el Congreso en 2014 (siendo presidente Mariano Rajoy) fue recurrido por el Grupo Socialista y todo el bloque de izquierdas de la Cámara. Aunque estaba avalado por el Consejo de Estado, los partidos recurrentes sostenían en su escrito al TC que para la aprobación de esas partidas "se debía haber seguido el procedimiento legislativo ordinario", y no el decreto ley, que requiere el requisito de la urgencia.

El TC (presidido entonces por Francisco Pérez de los Cobos y de mayoría conservadora) dio la razón a los partidos de izquierda, admitió el recurso y declaró nulo el apartado 1 del artículo 2 del citado decreto donde se contemplaban los citados créditos extraordinarios por un total de 883 millones de euros.

El Gobierno podría argumentar que la situación actual justifica la urgencia para recurrir a la vía del decreto, pero, en su contra, se podría argumentar que los compromisos adquiridos (alcanzar el 2% del PIB en gasto en Defensa) se adoptaron en 2014 y a día de hoy la inversión en Defensa ni siquiera alcanza el 1,3% del PIB.

El problema de Sánchez es que carece de la mayoría suficiente como para plantear un cambio de rumbo en política de Defensa y ha sido incapaz de articular acuerdos a derecha e izquierda para que la decisión cuente con el respaldo de la mayoría en el Parlamento.

Ayer precisamente, la CDU -partido ganador de las últimas elecciones en Alemania- alcanzó un acuerdo con el socialdemócrata SPD, ampliado a los Verdes, para modificar la Constitución y, de esa forma, poder elevar sustancialmente el nivel de deuda de Alemania. El plan es muy ambicioso (además del gasto en Defensa prevé invertir 500.000 millones en infraestructuras), y concede a los Verdes un paquete de 100.000 millones para luchar contra el cambio climático.

Como se ve, hay distintas formas de hacer las cosas. Alemania ha optado por un gran pacto de Estado entre los partidos que representan a una amplia mayoría de sus ciudadanos, mientras que en España, el Gobierno quiere lograr el mismo objetivo pero eludiendo los controles democráticos. Por si eso no fuera ya de por sí de dudosa legitimidad, ahora podría ser incluso ilegal. Siempre y cuando el TC (ahora con Cándido Conde Pumpido en la presidencia) respete su propia doctrina.