La exalcaldesa de Móstoles (Madrid), Noelia Posse, exigió a una trabajadora municipal dar contratos por 35.000 euros a dedo a las sociedades de un empresario. Así lo declaró la directora de una empresa pública a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga cientos de miles de euros dados desde el consistorio en contratos menores, como publicó El Independiente.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles lleva seis años investigando centenares de contratos menores emitidos por el ayuntamiento del segundo municipio más poblado de Madrid entre 2015 y 2019. En esos cuatro años, dos alcaldes del PSOE estuvieron al frente: primero David Lucas y después Noelia Posse. El primero es ahora secretario de Estado de Vivienda, y la segunda sigue como concejal, protegida por La Moncloa a pesar de estar investigada en dos causas judiciales.

En la causa se investigan distintos contratos menores (menos de 40.000 euros en obras y 15.000 para servicios), los que se dan a dedo. Hay tres ramas: obras en colegios, compra de material deportivo y trabajos de comunicación. Los contratos se entregaron desde el propio Ayuntamiento de Móstoles y desde la empresa municipal Móstoles Desarrollo.

La presidenta de la compañía pública, Jéssica Antolín, dijo a los agentes de la UCO que había interés político en dar dos contratos a una serie de empresas. En concreto, señaló que la alcaldesa, Noelia Posse, quería dar 70.000 euros a un empresario llamado David Z. V., con el que tenía relación. Incluso dijo haber recibido "presiones" para dar dos pagos de 35.000 euros a empresas de su propiedad, Móstoles al Día y Sur Madrid, dedicadas al ámbito de los medios de comunicación.

"Atente a las consecuencias"

Según declaró, la líder del PSOE le dijo "entre finales de 2018 y principios de 2019" le dijo que "había que hacer llegar 35.000 euros a Móstoles al Día y otros 35.000 euros a Sur Madrid, y que para ello se buscase la vida". Ambas empresas son del mencionado empresario. Ante la negativa de la presidenta de Móstoles Desarrollo, Posse le dijo "que se atuviera a las consecuencias", por lo que "se vio amenazada".

Durante la investigación, la UCO ha conseguido entablar una posible relación entre Noelia Posse y David Z. V., a quien exigió adjudicar 70.000 euros públicos. Los investigadores señalan dos encuentros en hoteles en los que "habrían coincidido alojados". Uno de ellos se anuncia como lugar de citas y está situado en el polígono industrial cercano a la A-5. El otro está en Los Ángeles de San Rafael. La Guardia Civil cree que podría existir "un posible vínculo" que explicase el "interés por parte del cargo público en la adjudicación de contratos al empresario".

El pasado jueves, Posse declaró por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Cambio de criterio

En sus informes, la Guardia Civil explica a qué se debería esta insistencia para adjudicar contratos desde la empresa pública Móstoles Desarrollo en lugar de hacerlo desde el Ayuntamiento madrileño. A finales de abril de 2018, hubo una orden interna en la que se pedía para los contratos menores, es decir, los que se dan a dedo, "la solicitud como mínimo de 3 presupuestos y un informe de necesidad firmado por parte de un técnico y no un cargo político".

Ese cambio de criterio, cree la UCO, podría ser el motivo por el David Z. V. dejase de recibir contratos por parte del Ayuntamiento, y lo que habría llevado a la alcaldesa a presionar a la presidenta de Móstoles Desarrollo a dar 70.000 euros a sus empresas. Los últimos presupuestos presentados por el empresario son de días antes a la emisión de la orden interna.

Los contratos de la causa

La causa empezó por la denuncia de dos antiguos trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles que desempeñaban cargos en Hacienda. Según los informes de la UCO en poder de El Independiente, el Ayuntamiento de Móstoles adjudicó en el verano de 2016 ocho contratos menores a cinco empresas por casi 350.000 euros para remodelar ocho colegios.

En el apartado deportivo, se señalan cuatro contratos menores por valor de 48.623 euros a las empresas Maxport y Gamosport 1977. En octubre de 2018, ambas sociedades compartían local comercial. Entre 2016 y 2018, la segunda sólo pagó 245 euros a su único trabajador. La primera le abonó 3.049 euros en dos años. El objetivo de emplear dos compañías, sugiere la Guardia Civil, era saltarse las restricciones que establece la ley.

En cuanto a la comunicación, los mayores beneficiados fueron dos empresarios, Alberto G. M. y David Z. V. El primero, a través de la empresa Monsul Comunicación y Publicidad, obtuvo 51 contratos por valor de 185.716 euros. Otra de sus compañías, Clepsidra, ganó tres contratos por 11.685 euros entre 2017 y 2018, relata la UCO. Eso por parte del Consistorio madrileño. La empresa pública dio a Monsul dos contratos por 39.000 euros en 2017, y otro a él como persona física por algo más de 18.000.

David Z. V., por su parte, se llevó 25 contratos troceados entre enero de 2015 y abril de 2018. La empresa adjudicataria era Comunicación y Edición Mostoleña Independiente, y el objeto era meter publicidad en el periódico Móstoles al Día. En total, 195.052 euros, según la investigación.

Además de la supuesta relación entre la alcaldesa Noelia Posse y David Z. V., varios testigos han relatado a la UCO el interés del exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez, en hacer llegar contratos al mencionado Alberto G. M. y su entorno. Al parecer, mantendrían cierta amistad desde el paso del político por el Ayuntamiento de Getafe en una etapa anterior. Incluso compartiron sede social de algunas empresas.