El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, declarará nuevamente como imputado el próximo 25 de abril en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz. La jueza que investiga su acceso a la Diputación de Badajoz en 2017 emitió este jueves un nuevo auto en el que refuerza los indicios que existían contra él y amplía la investigación tras incorporar a la causa correos electrónicos entre Sánchez y el exasesor de Moncloa Luis Carrero, cuyo acceso a la administración pacense en 2023 también está bajo escrutinio judicial.
La magistrada Beatriz Biedma analiza la creación y el acceso de la plaza que Sánchez, músico de profesión, ocupó en 2017 como coordinador de conservatorios de la Diputación. En su última resolución, refuerza los indicios en su contra tras examinar los correos electrónicos aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pertenecientes a Yolanda Sánchez, directora de uno de los conservatorios de Badajoz. Uno de estos mensajes, enviado el 19 de mayo de 2017 —un día antes de la publicación de las bases del puesto— a Evaristo Valentí, director del otro conservatorio provincial, tenía como asunto "El hermanísimo". La instructora considera este correo una prueba de que los directores conocían de antemano que la plaza estaba destinada a Sánchez. Ambos han sido citados a declarar como testigos el próximo 4 de abril.
Por otro lado, ha llamado como testigo a un ciudadano particular que acudió a la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz tras hacerse pública la investigación a Sánchez. Esta persona, cuyas iniciales responden a las siglas I.S.R., explicó a los agentes que en 2017 alquilaba un apartamento en Badajoz a través de la plataforma Airbnb y que un usuario bajo el pseudónimo "Hermit" mostró interés en arrendarlo durante varios meses. Tras hacerse pública la investigación y conocerse que previamente había residido en San Petersburgo, el testigo identificó a "Hermit" con el hermano del jefe del Ejecutivo, puesto que éste ofrecía en su perfil un piso en la ciudad rusa, y decididó acudir a la Comandancia por si pudiera resultar de interés.
La jueza destaca que la fecha en la que contactó con él, el 26 de junio de 2017, es "fundamental", ya que fue un día antes de la entrevista para el puesto de coordinador, lo que da pie a pensar que sabía de antemano que la plaza estaba destinada para él, a pesar de ser de concurso público.
“Querido Luisinho”
Sin embargo, la instrucción ya no se limita solo a la creación de este puesto. La jueza también examina el origen de la plaza —Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas— que terminó ocupando el exasesor de Moncloa Luis Carrero, cuando el puesto de coordinador de conservatorios de Sánchez se transformó en 2023 en jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. La magistrada sostiene que esta modificación se utilizó para "dar cobertura de legalidad a la satisfacción de sus propias preferencias personales".
En su declaración, Sánchez admitió haber trabajado con Carrero en la administración extremeña. Biedma subraya que los correos intervenidos evidencian una relación personal "muy cercana", en la que éste se dirige a Sánchez como "hermanito". Además, destaca que en octubre de 2023, antes de la publicación oficial de las bases del puesto que Carrero acabó ocupando, ambos intercambiaron mensajes que sugieren que su incorporación estaba prevista de antemano. "Existen correos en los que ambos daban por hecho la adjudicación de dicho puesto al Sr. Carrero mucho antes de que se hubieran publicado las bases para la cobertura del mismo", incide la jueza.
El análisis de la UCO también revela que Carrero colaboraba con Sánchez en asuntos profesionales antes de su entrada en la Diputación en 2023, cuando el asesor trabajaba en el Ministerio de la Presidencia. En concreto, lo hizo en la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos entre el 2 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que se acordó su traslado a la Diputación.
En este punto, la instructora destaca una comunicación del 9 de julio de 2022 recogida por la Guardia Civil en la que era el propio Carrero quien se postulaba para ocupar un cargo dentro de la estructura del proyecto "Operegrina", en el marco del programa "Ópera Joven" que dirigía Sánchez. En los nuevos correos aportados queda reflejada la relación de confianza entre ambos. En una comunicación fechada el 18 de junio de 2022, Sánchez se dirige a Carrero como "querido Luisinho". En otro del 11 de julio, Carrero le responde llamándolo "hermanito querido".
Asimismo, la Guardia Civil destaca un email del 24 de noviembre de 2022, en el que Sánchez les indica otros trabajadores de la Diputación que en una reunión sobre un proyecto estará presente Carrero, una persona "de mi equipo". La UCO cree que esta comunicación muestra el nivel de integración de Carrero y su vinculación laboral con Sánchez en un tiempo en el que seguía trabajando en Moncloa.
Por estos hechos la magistrada ha citado a declarar a ambos, así como al diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y al director del Área de Cultura, Manuel Candalija, al considerar que éstos "intervinieron de forma directa en la creación del puesto del exasesor de Moncloa". Biedma apunta a la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El hermano del jefe del Ejecutivo ya estaba siendo investigado por delitos contra la Administración y la Hacienda Pública.
La jueza no declara secreta la investigación
En el auto, Biedma también establece que, para evitar la filtración de las declaraciones que tengan lugar a partir de ahora, las grabaciones de las mismas se reservarán a una pieza especial de "información sensible", a la que sólo podrán acceder desde el juzgado y la Fiscalía, mientras que al resto de las partes se les facilitará la transcripciones de los vídeos.
No obstante, considera que no hay motivos para determinar el secreto ni total ni parcial de la instrucción, aunque en este punto recuerda que las filtración puede afectar al desarrollo de la investigación.
"No ignora este instructor el marcado interés público de la causa que aquí se
impulsa", indica en su escrito. "Nada quedará oculto ni blindado al conocimiento de la ciudadanía. La publicidad del juicio que eventualmente se celebre lo garantiza y tiene en ello, fundamentalmente, su razón de ser".
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