El Congreso de los Diputados está tramitando un proyecto de ley para regular la actividad de los grupos de interés en España, en respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE. La nueva normativa establece un registro obligatorio, un código de conducta y la llamada “huella normativa”, que permitirá conocer las interacciones de los lobbies con las instituciones públicas.

El segundo análisis sectorial del Instituto Coordenadas para la Economía y la Gobernanza Aplicada indica que esta iniciativa supone un paso adelante en la transparencia, alineándose con estándares europeos e internacionales. Sin embargo, también advierte que la ley presenta alguna limitación que pueden comprometer su efectividad a largo y medio plazo.

Uno de los principales desafíos es su aplicación exclusiva a la Administración General del Estado, dejando fuera a comunidades autónomas, ayuntamientos, y otras administraciones. Según este análisis, su éxito dependerá de los recursos con los que cuente la Oficina de Conflictos de Intereses para supervisar su cumplimiento y aplicar sanciones, a la que se encomendaría esta tarea.

Otro punto crítico que detecta es la ausencia de formación obligatoria para los profesionales del lobby. A diferencia de países como Estados Unidos, donde existen cursos de ética legislativa, en España no se contempla un requisito similar, ni de actualización del conocimiento. Expertos en asuntos públicos subrayan que la capacitación es clave para garantizar la transparencia y la integridad en la interlocución entre los sectores público y privado.

A medida que el sector de los grupos de interés continúa en expansión —con más de 9.000 organizaciones operando en España y un crecimiento proyectado hasta 2030—, la regulación deberá evolucionar para garantizar que el lobby se ejerza con responsabilidad y altos estándares éticos y cualificados, apunta el Instituto Coordenadas. 

Añade que la ley marca un hito, pero queda camino por recorrer para alcanzar una regulación integral que fortalezca la calidad democrática del país. La patronal APRI y las principales consultoras especializadas, Acento, Estrategos LLyC, Rud Pedersen, Nitid, y Vinces, han expresado públicamente su apoyo a esta iniciativa, y el Ibex-35 también aprueba su llegada para normalizar los servicios y las actividades de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en España.

Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, señaló que este segundo análisis “confirma el auge del sector, de la demanda de los servicios especializados y, posiblemente superemos nuestra estimación de 200 millones de facturación anual es servicios relacionados en el 2030. Pero no debemos perder este tren, mejorando una norma, sin incremento del gasto, que con su aplicación generalizada e incorporando exigencias de cualificación y actualización, abrirá vocaciones, elevara el nivel y dignificará el trabajo”