El Gobierno no adelanta todavía cuántos menores migrantes no acompañados llegados de Canarias y Ceuta deberán ser acogidos en Madrid o Cataluña, o en el resto de territorios. No entra a rebatir o confirmar si los datos dados por Junts —Cataluña recibirá "20 o 30", por los "más de 700" de Madrid—. Aunque existen proyecciones, el Ejecutivo quiere que todas las comunidades autónomas le informen antes del 31 de marzo sobre cuántos son los niños y adolescentes que está atendiendo, para saber así de qué plazas disponen, cuántas deberían crearse y cuántos, por tanto, son los nuevos extranjeros que deberían asumir. En definitiva, la Moncloa quiere tener un retrato real y actualizado de cómo está el sistema de protección y tutela comunidad por comunidad, para que se vea cuál está saturada y cuál no, cuál tiene menos plazas de las que debería o lo contrario. Este uno de los puntos clave que cimenta el real decreto ley que este martes aprobó el Consejo de Ministros. Un texto que se publicará previsiblemente mañana en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor automáticamente, aunque los traslados obligatorios a la Península no comenzarán hasta que el Congreso convalide la norma, en el plazo de un mes —antes de Semana Santa, por tanto—. Los votos en la Cámara baja estarían garantizados gracias al acuerdo del Ejecutivo con los posconvergentes.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue quien explicó en rueda de prensa los detalles del real decreto ley de medidas urgentes que da una "solución solidaria, estructural y reglada" a la situación que viven miles de niños y adolescentes migrantes, cerca de 6.000 hacinados en Canarias. Se trata de un "hito en la defensa de los derechos humanos" y "en defensa del interés superior del menor", un cambio legislativo que llevaban "demandando los territorios frontera desde hace 30 o 40 años". Lo que el texto contiene es una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que permite una salida estable, como quería el Gobierno, al problema de saturación de los centros de acogida de las islas. La redacción está consensuada con el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que gobierna en coalición con el PP, que celebró como un "triunfo" el paso dado este 18 de marzo.

Torres recalca que se aprueban criterios "objetivos, transparentes y claros" de reparto en un decreto ley que es un "hito" en la defensa de los menores y de los derechos humanos, que se pedía desde hace 30 años

El decreto ley añade un artículo 35 bis a la Ley de Extranjería para consagrar que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia —que reúne a todas las CCAA— pueda "acordar por unanimidad" los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.

Pero en tanto que no cuaje ese acuerdo unánime —y es difícil, porque hoy son 11 las CCAA presididas por el PP, además de las dos ciudades autónomas—, los requisitos se regularán conforme a lo dispuesto en esta reforma. Es decir, que prevalece lo que está incluido en este texto por el momento. Así, se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria en los territorios cuyo sistema de protección y acogida de menores migrantes exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. Es el caso de Canarias y Ceuta actualmente, pero que en otros momentos ha correspondido a otros territorios (Andalucía en 2018, por ejemplo).

En los parámetros de reparto, pesa un 50% la población, un 13% la renta per cápita, un 15% la tasa de paro, un 6% el esfuerzo previo de acogida, un 10% las plazas creadas y otro 6% otros criterios

El artículo 35 ter regula los criterios de reubicación de los niños y adolescentes. En tanto no haya un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial, se establecen una serie de parámetros de reparto: la población pesará un 50%; la renta per cápita, un 13%; la tasa de paro, un 15%; el esfuerzo realizado de acogida, un 6%; las plazas estructurales creadas, un 10%; la condición de ciudad fronteriza, un 2%; la insularidad, otro 2%, y la dispersión, otro 2%. Criterios, señaló Torres, similares a los recogidos en la última Conferencia Sectorial, la de 2024, con el apoyo de los gobiernos del PP y la única abstención de Cataluña, entonces gobernada por ERC.

El 35 quáter establece que el Gobierno formulará la propuesta de traslado a la comunidad de destino, que deberá producirse en el plazo de 15 días después de la inscripción en el Registro de Menores No Acompañados. El plazo de reubicación en las CCAA de acogida es de 12 meses. En este primer año, se espera reubicar a unos 4.400 chavales de Canarias y de Ceuta. También se precisan qué debe hacerse si la edad del niño es o no indubitada. Finalmente, el 35 quinquies regula los criterios del plan de respuesta solidaria para la determinación de la reasignación territorial y la asignación de la tutela y custodia a las CCAA de recepción.

Son claves también las disposiciones adicionales. Así, se crea una bolsa de 100 millones de euros en 2025 puestos por el Estado para garantizar los traslados y abonar a la comunidad correspondiente por sobreocupación de su capacidad de acogida. Es decir, que el Estado solo pagará a los gobiernos autonómicos por aquellas plazas que desborden sus sistemas de protección de menores. Si, en cambio, las CCAA tienen menos vacantes de las que les corresponderían, deberán proporcionarlas con sus recursos.

Además, se establecen los "criterios transparentes, objetivos y claros" para determinar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en caso de que no haya un acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial. ¿Cómo se obtiene? Con una operación matemática: se divide la población total de cada autonomía —a 31 de diciembre del año anterior— por el cociente resultante de dividir la población española entre el número máximo de menores migrantes no acompañados atendidos por el conjunto del sistema.

Si antes de 31 de marzo los gobiernos regionales no cumplen, el Gobierno tirará de los registros que obran en los ministerios. Pero debería ser una "exigencia", dice, que se pudieran conocer esas cifras reales

¿Y cómo se sabe cuál es la capacidad de una comunidad? Ahí está la clave: para este 2025, todas las CCAA deberán enviar al Gobierno las certificaciones, selladas por funcionario público, de los menores extranjeros que está atendiendo en este momento. Es decir, que deberán remitir sus datos al Ejecutivo antes de que acabe el mes previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia. La capacidad máxima se irá aprobando anualmente y para ello CCAA y ciudades autónomas deberán remitir al departamento que dirige Sira Rego antes del 15 de enero de cada año la certificación del número máximo de niños extranjeros atendidos por su sistema de protección.

Torres incidió en que hay que esperar que esos datos proporcionados por las CCAA sean los fiables, dado que estarán certificados por los funcionarios. Pero si antes de 31 de marzo los gobiernos regionales no cumplen, el Gobierno tirará de los registros que obran en los ministerios. Pero debería ser una "exigencia", dijo, que los españoles pudieran conocer esas cifras reales, las de la radiografía del sistema.

Junts había afirmado a primera hora de la mañana que, según sus cálculos, a Cataluña llegarían entre 20 y 30 niños y adolescentes, por los más de 700 que recibiría Madrid. Torres no quiso polemizar. No confirmó esos datos, pero no los desmintió: "Ellos han hecho su valoración. Yo no estoy para criticar ninguna valoración, ellos pueden conocer perfectamente los datos que tiene la comunidad autónoma en la que participan también desde el punto de vista político". Pero, "a día de hoy y a esta hora y en el conjunto del país es complicado, por no decir imposible, dar el número concreto" de menores a reparto. Por eso es capital que todas las CCAA remitan sus datos antes del 31 de marzo, tal y como exige el real decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros.

El ministro no confirma pero tampoco desmiente la proyección de Junts. Pero insiste en que hacen falta los datos de las CCAA, porque de lo contrario es complejo "dar el número concreto" de menores a reparto

Según los datos que presentó Juventud e Infancia el pasado octubre, según los criterios entonces establecidos en función de la población y del esfuerzo realizado, la mayor parte de CCAA tenían menos plazas de las que deberían tener habilitadas. Así, a Madrid le faltaban 1.145 vacantes, y a Andalucía, 839. La Comunidad Valenciana necesitaría 764. En cambio, Cataluña tenía 1.065 más de las necesarias. Euskadi, 498 más. Navarra, 85 más. Canarias, 4.117 más. El cálculo que hizo el departamento de Rego es que sería necesario que cada comunidad tuviese una plaza por cada 2.250 habitantes.

Torres subrayó que el Gobierno de Sánchez ha ido "poniendo soluciones sobre la mesa" en estos años. En 2018, un real decreto para responder al pico de llegadas que recibió Andalucía. Después, cuando la ruta atlántica explotó y tensionó las capacidades de Canarias, se arbitró un sistema de reparto voluntario de menores en las Conferencias Sectoriales de 2022, 2023 y 2024, que se demostraron insuficientes porque al final las CCAA no materializaban esos traslados. El ministro insistió en que se está hablando de niños y adolescentes, de población "vulnerable", con "15, 10, 5 años o menos y que están hacinados en los territorios frontera", de modo que cualquier partido que "defienda la dignidad de las personas", dijo mirando al PP, debería "apoyar" la aprobación de este decreto ley.

El Ejecutivo llama al PP a que reflexione, porque se está hablando de población "vulnerable" que está "hacinada en los territorios frontera": alega que no hay "razones humanitarias" para oponerse

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, avanzó que recurrirá a los tribunales para parar la reforma legal. Pero la dirección nacional del PP no ha sido tan taxativa. Torres pidió a los populares, e incluso a Vox, para que "reflexión", porque no hay "razones humanitarias" para oponerse a la acogida de los niños. Recordó que España fue capaz de atender a miles de menores que venían de Ucrania, con edades similares a los que entran por mar, y la única diferencia, señaló, es "el color de la piel".

"No sé si el PP se verá obligado por Vox", deslizó, a abrazar posiciones en contra para sacar los presupuestos de algunas comunidades. Se refería, obviamente, al president Carlos Mazón, que ayer anunció su acuerdo presupuestario con la ultraderecha y advirtió de que no aceptaría más niños extranjeros. El líder de los populares, recalcó Torres, deberá decidir "cuál es el [Alberto Núñez] Feijóo de ahora, el atado a Vox o el que decía que iba a acoger a menores a pesar de las amenazas de Vox".