La jueza que instruye la investigación sobre los contratos menores dados por el Ayuntamiento de Móstoles ha reconocido la "complejidad" de la causa. En un auto del junio pasado, al que ha accedido El Independiente, se disculpó ante las partes por las "dilaciones no deseadas" que se han producido.

En junio explicó que el sumario había casi 17.000 folios, repartidos en 31 tomos. Eso le llevó hace un año, en marzo de 2024, a pedir un "plan de urgencia para la adopción de medidas de apoyo al juzgado". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le respondió negativamente. Por eso, volvió a pedir ayuda ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que esta vez dijo que sí. Pero el TSJM dio el visto bueno a una ayuda inferior a la estipulada por el ógano de gobierno de los jueces, por lo que la instructora presentó alegaciones.

Además, la jueza estuvo de baja entre febrero de 2022 hasta noviembre de 2023, lo que ha ido retrasando la causa, produciendo las "dilaciones no deseadas" ya mencionadas. La magistrada pidió disculpas a las partes, explicando así los motivos de los retrasos producidos. La investigación empezó en 2019, hace seis años, por la denuncia de dos extrabajadores de Hacienda del Ayuntamiento de Móstoles. Además de la ausencia de la instructora y la propia complejidad de la causa, se sumó la pandemia del Covid-19 y "la carga de trabajo que soporta el Juzgado".

En el mismo auto, la jueza rechazó la personación del Consistorio mostoleño, ahora en manos del PP. El Ayuntamiento presentó el escrito el 19 de enero de 2024, y la Fiscalía se opuso el 7 de marzo ya que de los hechos investigados "podría derivarse de la causa su responsabilidad, al menos civil".

Qué se investiga

En la causa se investigan decenas de contratos menores (que se poueden dar a dedo) por valor de cientos de miles de euros. Hay tres áreas bajo la lupa: obras para arreglar colegios, la compra de material deportivo y adjudicaciones en temas de comunicación. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha señalado que el Ayuntamiento de Móstoles troceó contratos menores para "eludir así los requisitos" de control de los mismos.

Según Hacienda, "los ocho contratos menores adjudicados a distintas empresas" para arreglar centros educativos tuvieron un "fraccionamiento" para "eludir así los requisitos de publicidad". La IGAE señala que tenían el "mismo objeto", por lo que tendrían que haberse licitado de manera conjunta. Los contratos menores son aquellos por menor valor de 50.000 euros para las obras y 15.000 para los servicios.

Sobre los contratos en comunicación y páginas webs, Hacienda dice que "se han realizado incumpliendo la prohibición de fraccionamiento (...) eludiendo los principios de publicidad y concurrencia e incumpliendo los procedimientos de adjudicación previstos en la normativa contractual". Los investigadores se centran en las adjudicaciones a dos empresarios, Alberto G. y Daviz Z. Entre 2015 y 2019, recibieron más de 100 contratos por vaqlor de 680.000 euros.

Además de la supuesta relación entre la alcaldesa Noelia Posse (que exigió repartir dinero público) y David Z. V., varios testigos han relatado a la UCO el interés del exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez, en hacer llegar contratos al mencionado Alberto G. M. y su entorno. Al parecer, mantendrían cierta amistad desde el paso del político por el Ayuntamiento de Getafe en una etapa anterior. Incluso compartiron sede social de algunas empresas.

En el apartado deportivo, se señalan cuatro contratos menores por valor de 48.623 euros a las empresas Maxport y Gamosport 1977. En octubre de 2018, ambas sociedades compartían local comercial. Entre 2016 y 2018, la segunda sólo pagó 245 euros a su único trabajador. La primera le abonó 3.049 euros en dos años.