Estaba más que claro desde el principio, pero ahora ya hay confirmación oficial. El Ministerio de Hacienda ejercerá finalmente su derecho al veto a la propuesta de Sumar —y a las que en el mismo sentido registraron PP y Podemos— para que el salario mínimo interprofesional quede exento de tributación. El choque entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz explotó hace un mes y no se ha enderezado. La vicepresidenta primera entendió siempre que no había margen de negociación: su posición era y es firme. Pero ese veto será levantado en la Mesa del Congreso por PP y Sumar como tarde a primeros de abril, y a partir de ahí comenzará una tramitación parlamentaria todavía incierta.

La colisión por el pago en el IRPF del SMI vuelve al primer plano porque el viernes 28 de marzo, a las 18 horas, se agota el plazo de un mes para que el Gobierno lleve a la Mesa del Congreso su oposición a que se tramiten las proposiciones de ley de PP, Sumar y Podemos. Montero ya había adelantado que haría uso de todos los instrumentos legales a su alcance para intentar frenar la tramitación de las tres iniciativas. Y uno de ellos es el que le confiere el artículo 134.6 de la Constitución, que permite al Gobierno rechazar toda proposición o enmienda que suponga una disminución de los ingresos o un aumento del gasto. La vicepresidenta ya avisó de que eximir de tributación a aquellos trabajadores que cobren el SMI costaría a las arcas del Estado entre 1.700 y 2.000 millones. Sobre todo, por el llamado error de salto, para evitar que contribuyentes que ganan algo más que el salario mínimo —fijado para 2025 en 1.184 euros brutos al mes, 16.576 euros al año— se vean cargados con una enorme tributación.

Hacienda siempre ha defendido que no cabía vía intermedia, que la decisión estaba tomada. Y esa posición de la vicepresidenta primera ha acabado siendo asumida por el partido

"Claro que vamos a vetar las proposiciones de ley. Y no vamos a negociar nada", confirmaban este miércoles fuentes del ala socialista del Ejecutivo. Nunca estuvo en la intención de Montero intentar buscar una vía de salida, porque las posiciones eran divergentes e irreconciliables. Y su posición, la de la vicepresidenta primera, ha acabado siendo asumida por el partido, pese a las dudas que generó al principio.

La Moncloa, por tanto, formalizará como máximo el 28 de marzo su no, consciente de que al segundo decaerá. Porque, tal y como confirmaron fuentes próximas a la vicepresidenta Díaz, Sumar rechazará ese veto y lo levantará. Para ello, se aliarán en la Mesa los dos representantes magentas y los cuatro del PP. Mayoría absoluta. Los tres diputados del PSOE quedarán solos, en minoría. Sumar, por ahora, está dispuesto a anular el veto de las tres proposiciones de ley registradas, aunque sostiene que las de Podemos y PP son las más endebles jurídicamente. ¿Cuándo lo abordará la Mesa? Dado que el plazo concluye el 28 de marzo, si el Ejecutivo lo apura, entonces el órgano rector de la Cámara baja lo discutirá en la siguiente reunión que tenga. Y como la primera semana de cada mes no suele haber, se podría discutir el martes 8 de abril, según los tiempos que maneja la dirección del Grupo Socialista.

¿Cuál de las tres iniciativas?

Aunque el modelo planteado por ambas formaciones es diferente —la propuesta de Podemos la consideran en el entorno de Díaz como "mal hecha"—, el compromiso es conseguir que el SMI no tribute. La diferencia que detectan en Sumar es que mientras ellos piden que se aumente la cifra exenta, el PP "dice que no se le retenga nada a esos ciudadanos, pero se les cobra a final de año".

De hecho, los populares a principios de febrero señalaron a El Independiente que no tendrían problemas en votar la propuesta de Sumar si estaba bien articulada. Pese a todo, no ha habido contactos entre Sumar y PP, al menos entre las direcciones de sus grupos. En el ala socialista del Gobierno insisten en que apenas un 20% de los perceptores del SMI tendrán que tributar (asalariados sin hijos, básicamente), porque el resto se benefician de deducciones. Y añadían que los que venían cobrando esos 16.576 euros ya estaban tributando, por lo que la lógica dicta que sigan haciéndolo ahora que el SMI está en ese umbral.

La posición de Sumar es clara: las rentas salariales más bajas no deben tributar. Lo consideran como "injusto" y agregan que en España nadie puede vivir bien con poco más de 16.500 euros anuales. Hay un "precedente" relevante para los de Díaz. Mientras Hacienda se niega a elevar el mínimo exento, en Euskadi el PSE pactó con el PNV "subir a 19.000 euros" esa cantidad al margen de tributación. "¿Acaso los vascos no son iguales que el resto de españoles?", se preguntan fuentes magentas, que piden "coherencia" a su socio mayoritario en el Gobierno.

En Sumar apuntan a lo ocurrido en Euskadi, donde PNV y PSE, con el apoyo de Podemos, han acordado subir el mínimo exento hasta los 20.000 euros, aunque el sistema fiscal vasco no es común con el del país

Desde el PSE precisan que la reforma fiscal "no se ha aprobado todavía", porque tiene que pasar por las tres Juntas Generales —los parlamentos de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava—, porque son ellas las que tienen la potestad tributaria. Con el acuerdo de PSE, PNV y Podemos, que "se concretará en unas semanas como mucho", estarían exentas a partir del año que viene de hacer la declaración y pagar las rentas hasta los 20.000 euros, "el tope que se ha fijado finalmente", mil euros por encima de lo previsto. En la federación socialista reconocen que su posición es diferente a la de Ferraz y a la del Gobierno central, pero sobre todo porque la fiscalidad es propia y distinta. Los tramos del IRPF son diferentes en Euskadi, igual que la tributación del impuesto de sociedades o el ahorro, o las deducciones por alquiler de vivienda o por compra. "Pero los trabajadores son los mismos en Euskadi y en Madrid", responden desde el entorno de Díaz.

No pilla por sorpresa la respuesta de Sumar a Hacienda. Asumen que el veto se levantará. Otra cosa es lo que ocurra después. Porque pasado el martes, deberá incorporarse una de las tres iniciativas al orden del día del pleno para su toma en consideración. El grupo que más fácil tiene incluir su proposición es el PP, al ser el más numeroso. Luego se abrirá el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y parciales, y para que se cierre y la iniciativa pueda discutirse en ponencia, comisión y pleno Sumar necesitaría de nuevo el respaldo de los populares. Cosa que para la Moncloa no está tan clara: "Una cosa es que levanten el veto con el PP y otra que también se apoyen en él para cerrar el plazo de enmiendas y se separen de nuestro criterio". Además, poner de acuerdo en un mismo texto a la izquierda y la derecha del PSOE no será fácil, y esa es la baza que juega el Ejecutivo.