Pedro Sánchez afrontó este jueves otro día negro en el Congreso. Por un lado, se escenificó la división con Sumar, su socio de coalición, en Defensa. Pero ese golpe ya podía darse por descontado antes de producirse. Lo que no se esperaba el Gobierno en absoluto era el giro de último minuto de PP y Junts en una ley. Ambos grupos de derechas decidieron tumbar por sorpresa la ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), pese a haber estado de acuerdo en la votación previa del dictamen la semana pasada en la Comisión de Sanidad. Ambos se unieron a Vox, el partido de Santiago Abascal. La norma decayó, por tanto, y no continuará su camino parlamentario.

El motivo de rechazo de populares y posconvergentes a la Agencia Estatal de Salud Pública no tenía nada que ver con esta ley, sino con otra debatida por la mañana y relativa al desperdicio alimentario, que sí salió adelante. ¿Qué ocurrió? Que el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, había levantado el 25 de febrero el veto del Gobierno a unas enmiendas —entre ellas, una del PP para bajar el IVA de determinados alimentos y otra de Junts y ERC para permitir alargar la vida de plantas de tratamiento de purines, como quiere el sector del porcino, muy relevante en Cataluña—. Enmiendas que fueron incorporadas a la ley. Al regresar el texto al Congreso, la Mesa, el pasado martes, y con la mayoría de PSOE y Sumar, decidió sacarlas, al haber presentado el Gobierno su disconformidad con ellas, haciendo uso de su potestad constitucional para oponerse a iniciativas que mermen los ingresos o aumenten los gastos.

El PP, Junts y ERC pretendía que se aplazase el debate sobre la ley de desperdicio alimentario porque la Mesa había sacado del dictamen, a petición del Gobierno, enmiendas que había aprobado el Senado

El PP, al igual que Junts y ERC, pretendía que se aplazase el debate sobre la ley de desperdicio alimentario programado para este jueves, precisamente por la polémica por esas enmiendas eliminadas. El pleno vivió entonces una bronca monumental entre el portavoz popular, Miguel Tellado, y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero de la Mesa, que relevó a Francina Armengol esta jornada. El popular pidió un cambio en el orden del día, al entender que tiene potestad por su mayoría, según el artículo 68.1 del reglamento del Congreso. No obstante, después de una reunión previa de la Junta de Portavoces, De Celis concluyó que con el pleno en marcha y sin unanimidad de los grupos no era posible cambiar una decisión adoptada hace días. Posteriormente, a la bronca se sumaron el resto de formaciones, interrumpiendo el transcurso del debate.

Y es que la decisión de la Mesa es polémica y supone un precedente. Aunque los letrados del Congreso no estaban de acuerdo, la Mesa se apoyó en diversos informes para sacar las enmiendas aprobadas por el Senado del cuerpo de la ley. Informes procedentes de la Abogacía del Estado y la Dirección General de Asuntos Constitucionales, ambas dependientes del Gobierno. La justificación esgrimida por socialistas y Sumar, explicaban fuentes parlamentarias, es que había que obturar una "triquiñuela" del PP que entienden peligrosa, y es la de colar enmiendas que aumentan el gasto o detraen ingresos a través del Senado. Pero el problema lo tenía el Gobierno más bien en el pleno: esas enmiendas de la Cámara alta deben ser confirmadas o anuladas por el pleno del Congreso, pero en esta ocasión cabía el riesgo de que pudieran prosperar por la pinza del PP con Junts.

Al continuar el pleno, PP y Junts se vengaron y castigaron al Ejecutivo echando abajo el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública: se frustró por 167 votos contra 176

Al seguir adelante el pleno, el PP lo consideró una "prevaricación". Y su respuesta, y también la de Junts, fue la de actuar por venganza. Castigar al Ejecutivo. ¿Cómo? Tumbando otra ley debatida y con la que estaban de acuerdo, la de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. La votación quedó con 167 votos a favor, con 176 en contra de populares, Junts, Vox y una diputada socialista, Maribel García, que erró en el voto. Era un giro de guion totalmente inesperado, porque la semana pasada el dictamen del proyecto de ley salió apoyado por todos los grupos, con el único rechazo de Vox.

La finalidad de la agencia era la de "coordinar la vigilancia, la evaluación de riesgos y dar una respuesta rápida a futuras crisis sanitarias", todo ello "para estar preparados para salvar vidas cinco años después de la pandemia", acreditaban desde Sanidad. La previsión era que la Agencia se pusiera en marcha en seis meses. En la tribuna, como público, acudió Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), a quien la titular de Sanidad, Mónica García, alabó durante su intervención en el pleno. Este proyecto de ley cambiaba la Ley General de Salud Pública de 2011, 14 años después.

Entre las dudas posteriores a la prevista aprobación, era quién se situaría al frente de su dirección. Precisamente, las miradas estaban puestas en Simón, uno de los principales rostros mediáticos de la pandemia del covid. La ministra García venía insistiendo que se decidiría a través de un concurso de méritos, que se valoraría la trayectoria y la preparación de los aspirantes.

Contra Simón, que no ha decidido si se postulará, pese a todo, cargaron distintos grupos parlamentarios. Era el caso de PP y Vox. Ana Vázquez, del PP, insistió en que Simón fue "el portavoz de las mentiras institucionales, la marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las instrucciones que recibía". "Al final va a acabar siendo un chiringuito, una agencia, pero de colocación [...] sin financiación, sin garantía de independencia y con un gran riesgo de servir sólo para el control político y propaganda".

Desde Vox, David García siguió la línea popular, y tachó de "chiringuito" la entidad por la posibilidad de que Simón la lidere. "Dijimos que podría convertirse [...] en una agencia para colocar a los suyos y no nos equivocábamos", advirtió, acusando a Simón de "infame" y "funesto portavoz del Gobierno" en pandemia. "Fue un títere al servicio de Pedro Sánchez y Salvador Illa", ministro de Sanidad en ese momento y ahora president de la Generalitat de Cataluña. Simón, por el contrario, tuvo el respaldo de los grupos progresistas, a su persona y "a la ciencia".

La ministra García alaba a Fernando Simón, quien se vislumbraba como jefe de la nueva AESAP, pero tanto Vox como PP le atacan en el pleno. Junts avisa de que "ninguna agencia española está por encima de los agricultores catalanes"

Fuentes de Sumar trasladaron a El Independiente que este golpe se produce "simplemente por una rabieta, sin razón", porque vuelcan la frustración en una materia sobre otra después de haberlo respaldado todo hasta hace unos días. "Votaron sí al dictamen" en la Comisión de Sanidad de la semana pasada, recordaban. "Es una rabieta del PP y de Junts, y rectificarán pronto como hicieron con las pensiones", añadieron. La duda es si lo llevarán de nuevo como proyecto de ley o como proposición de ley, lo que agilizaría los trámites, ya que se ahorran los informes consultivos. En ese caso, todo dependerá del cupo.

Tras lo ocurrido, los posconvergentes liderados por Míriam Nogueras en el Congreso justificaron su postura. "Ninguna agencia española está por encima de los agricultores catalanes", dijo, en señal de protesta por la retirada de la enmienda sobre cogeneración que afectaba a las plantas de purines en Cataluña. "Desde Junts estaremos hasta el final al lado de los agricultores y ganaderos catalanes y el Gobierno español debería empezar a entenderlo", remachó. "Junts nos ha demostrado que por una pataleta es capaz de trabajar en contra de los intereses de los catalanes. Por una rabieta absurda, trabajando codo a codo con la derecha española en contra de los intereses de nuestro país", respondió a su vez la diputada de ERC Etna Estrems.