Aunque las pruebas médicas de carácter óseo a menores migrantes irregulares es una de las medidas impuestas por Vox al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para volver a sentarse en la mesa de negociación y aproximar el desbloqueo de los presupuestos de la recuperación, también se contempla en Bambú como vía de oposición al Gobierno. Así lo valoró este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa desde la sede nacional del partido.

Fúster señala a ese examen como mecanismo para que Mazón pueda compatibilizar los compromisos adoptados con su formación, al mismo tiempo que cumple con la recepción obligada de menores extranjeros no acompañados, un nuevo reparto resultado del acuerdo entre PSOE y Junts que será ley y reformará el artículo 35 de la Ley de Extranjería para forzar repartos a otras comunidades una vez como, en este caso, la canaria, llegue a límites insoportables de sobreocupación en sus centros de acogida.

En su intervención, y tras ser cuestionado por ello, Fúster puso de ejemplo uno de los acuerdos arrancados al PP de Aragón durante su convivencia conjunta en el Consejo de Gobierno desde verano de 2023 a julio de 2024. En concreto, los de Jorge Azcón accedieron a esas revisiones de los menores llegados de Canarias al territorio enero de 2024. Las primeras evaluaciones periciales en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), ha recordado Fúster, apuntaron a que más del 90% de esos menores no lo eran. De 44, solo cuatro resultaron ser menores. Los datos, a finales de enero, los recogió Heraldo de Aragón procedentes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Ahora bien, el dato debe ser cogido con pinzas. Primero por la efectividad de las pruebas, que pueden tener un margen de error de dos años. Segundo, porque la información publicada se enfoca en un momento muy concreto y en el caso aragonés, no al de todos los menores distribuidos por la Península desde Canarias. No se tienen nuevas informaciones al respecto de casos similares. El último reparto consta de mediados de 2024, cuando entre 300 y 400 menores pendientes de ubicación desde abril, fueron instalados en distintas autonomías. Eso dinamitó los acuerdos de PP y Vox. "Dijimos que iban a ser más. Ahora serán más de 4.000", dijo Fúster.

"Gracias a Vox en Aragón se llegó a ese acuerdo, a pruebas de edad. El 90% de esos menas eran mayores de edad. Entonces, en el momento que lo son, se les devuelve al Gobierno", apostó por ello el portavoz nacional, al entender que los propios estudios avalarían que esos jóvenes superan los 18 años y, por tanto, no entrarían en lo contemplado por la ley. "En Valencia se puede hacer lo mismo que se hizo en Aragón. Y el resto de gobiernos [donde el PP necesita a Vox, al menos] lo pueden hacer", mencionó a modo de directriz velada para un mayor acercamiento del PP a su partido en materia migratoria. "En Madrid, en cambio, eso no ocurre [Fúster es líder de Vox Madrid], porque [Isabel Díaz] Ayuso no quiere", expuso el portavoz. Vox cree que con eso se manda un mensaje de confrontación al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a todo, a juicio de Vox, cualquier menor migrante que se identifique como tal a su llegada a España tiene que ser devuelto a sus países de origen.

Fuentes nacionales del PP exponen a El Independiente, sin mencionar este método, que los presidentes populares, independientemente de si gozan de absoluta o de pactos alternativos que pasen por Vox, darán la "batalla" por todas las vías al Gobierno. También la judicial. Consideran un despropósito que se fuercen llegadas con Junts, cuando Cataluña es de las autonomías que menos recibe. Algo que, según fuentes del Ejecutivo, responde al "esfuerzo previo" hecho. Esa línea coincide ahora con la demanda hecha en el pasado por Vox, de acoger por requerimiento legal pero dar combate al Gobierno en los tribunales. Desde Bambú parece que se vuelve a dar cancha en este sentido a los barones, pero a cambio de respuestas firmes. "Tienen que utilizar todos los recursos a su alcancen", dicen en Vox.

Enfriamiento de posibles pactos en Aragón y Murcia

Aunque Aragón sirvió de ejemplo para el argumento, un enclave donde podría descongelarse también el diálogo presupuestario, Fúster volvió a enfriar las previsiones tras mostrar la semana pasada Vox cierta disposición. Se llegó a expresar que el diálogo era cotidiano. En el PP lo confirmaban. Ahora Vox dice que en Aragón Azcón "sabe lo que queremos", pero ven "complicado" que se cumpla. Se trata de una declaración firme y "nada titubeante" como la de Mazón, de rechazo a la inmigración y al Pacto Verde. De estar en esa línea, instan a los populares aragoneses a llamar a la Vicesecretaría de Acción de Gobierno de Vox "para sentarse a hablar".

Murcia, que también entra en las quinielas a diferencia de Extremadura o Castilla y León, donde no ven "ninguna", parece alejarse. Vox asegura que el Gobierno de Fernando López Miras quiere "impulsar" la entrada de la "cultura islámica y la religión musulmana" en la educación pública, por lo que, de querer un acuerdo, "tendrán que hacer algo muy contundente para que nos sentemos a negociar". Creen que ese "camino" no es bueno. Baleares también se ve lejano, siendo las diferencias entre PP y Vox más por la lengua que por la inmigración o el Pacto Verde.

Tras unas semanas marcadas por las lluvias, además, Vox también ha querido confrontar con el PP afeando que pida un Plan Hidrológico Nacional como ellos, pero que a la hora de la verdad no lo impulse. O que no lo haya hecho en el pasado, cuando ha gobernado. Igualmente, los de Santiago Abascal se erigen como alternativa señalando que las políticas de PP y PSOE son similares en Bruselas.