El discurso público camina por un lado. Pero la realidad viaja por otro. Y la realidad, ahora mismo, es que para el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado de 2025 están prácticamente perdidos. Son inviables por falta de apoyos. Lo asumen también los grupos. Lo sabe también Sumar, que sin embargo pide un gesto: que el Ejecutivo lleve las cuentas públicas al Congreso, aun a riesgo de que sean tumbadas, para que sean debatidas y porque hay una obligación constitucional. Pero en Hacienda y en la Moncloa rechazan, al menos por ahora, esa opción. Sería un desgaste innecesario, justifican, más en un momento en el que la mayoría de investidura proyecta síntomas de agotamiento. Una derrota en el proyecto más importante que debe pasar por el Parlamento cada año no haría sino agudizar la imagen de debilidad del Gobierno. Y Pedro Sánchez lo que enfatiza es que su Gabinete garantiza la "estabilidad" en tiempos de máxima convulsión geopolítica.

La presión de la formación impulsada por Yolanda Díaz ha ido creciendo en los últimos días, a la vez que se acercaba la segunda asamblea de Sumar, que se celebra este próximo fin de semana. La propia vicepresidenta segunda aseguraba el pasado jueves en una entrevista en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, que creía que María Jesús Montero "debe presentar los Presupuestos Generales del Estado". "Creo que esto debe hacerse [...], si después no salen pues lógicamente habrá que tomar una decisión, pero la obligación del Gobierno es presentarlos", abundaba. Este lunes, insistía en ese mismo mensaje Lara Hernández, secretaria de Organización saliente del partido y candidata a la coordinación general con el diputado Carlos Martín: "Animamos al PSOE a que presente su propuesta, como hicimos nosotras, para discutirla, para debatirla, para negociarla, por supuesto, para que vaya al hemiciclo. Y en segundo lugar, consideramos que la obligación del Gobierno es siempre intentar que haya Presupuestos Generales del Estado". Horas más tarde, en La noche en 24 horas, en Televisión Española, la vicepresidenta Díaz repitió el llamamiento.

La "preferencia" de Montero, indicaban ya el pasado jueves desde su entorno, es clara, y es que las cuentas son una "herramienta", y no han de convertirse "en un 'show' político'. "La posición no ha cambiado", ratifican

"No es una materia que hayamos hablado aún. Ya manifestamos nuestra preferencia porque somos los que tenemos que pactar esos Presupuestos. Pero es un tema menor porque lo importante es sacarlos", responden fuentes muy cercanas a Montero. La "preferencia" de la vicepresidenta primera, indicaban ya el pasado jueves desde su entorno, es clara, y es que las cuentas públicas son una "herramienta", y no han de convertirse "en un show político". "Y esa posición no ha cambiado, porque no ha cambiado nada respecto a lo que dijimos el jueves", rubricaban ayer lunes en Hacienda.

Es decir, que no hay ninguna intención de asumir un nuevo varapalo en el Congreso. Un golpe que además sería enorme. En la Moncloa la lectura es la misma: "Yolanda no es la ministra de Hacienda". Dicho de otro modo, que quien decide no es la vicepresidenta segunda, sino Montero y Sánchez. "Soy de la escuela realista. Si hay votos, adelante con ir al Congreso. Si no, nos ahorramos el baile, porque es absurdo desgastarnos en esto", opina un ministro del área socialista. En el ambiente pesa mucho la acumulación de derrotas parlamentarias, menores en número —un 10%, señalaba el pasado viernes el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños—, pero lógicamente noticiosas.

En realidad, los que han girado han sido los socialistas, porque en septiembre sí señalaban que los PGE irían al Congreso sí o sí. Pero las cosas han cambiado: no hay todavía ni una nueva senda

No obstante, quienes han girado han sido los socialistas. Porque en septiembre pasado la Moncloa defendía que llevaría los Presupuestos al Congreso sí o sí. Aun sin apoyos. También para que los grupos se retratasen. Y decía algo más: si caían, no convocaría elecciones. Pero los meses han pasado y las posibilidades de que prosperen unas nuevas cuentas se han agostado. El Gobierno ni siquiera ha podido sacar adelante una nueva senda de estabilidad: la presentó en julio, y la Cámara baja la mandó al cajón con los votos de PP, Junts y Vox. Dos meses después, Hacienda envió al Congreso los mismos objetivos de déficit y de deuda, y acabó retirándolos con la expectativa de poder acordarlos con los posconvergentes. Pero ha sido imposible. La formación de Carles Puigdemont sigue poniendo sobre la mesa "planteamientos inasumibles" para el Gobierno. Montero ha reivindicado, no obstante, que llegado el caso podría confeccionar unos nuevos PGE con la senda vigente, mucho mas restrictiva para comunidades y ayuntamientos.

El paso del tiempo ha servido para aclarar posiciones. Algunos de los socios del Ejecutivo han lanzado señales elocuentes de que no bendecirán las cuentas de 2025. ERC ha sido explícita: su presidente, Oriol Junqueras, ya advirtió la semana pasada en TVE de que si Sánchez no cumple sus acuerdos, "no tendrá Presupuestos" ni en 2025 ni en 2026. Podemos también situó el listón muy alto: una bajada de los alquileres de un 40% para empezar a hablar.

Que no se comporte de manera "opaca y fraudulenta"

Pero el proyecto del Gobierno se ha convertido aún más en un sendero impracticable cuando el presidente confirmó que estaba decidido a aumentar el gasto en Defensa, para acelerar el cumplimiento del compromiso contraído con la OTAN de alcanzar una inversión del 2% del PIB. La izquierda parlamentaria, y se pudo comprobar el pasado jueves en el Congreso en una votación sobre Defensa impulsada por el BNG y que rompió al Gobierno de coalición, rechaza ese planteamiento.

No solo Sumar reclama que los PGE vayan al Congreso. Podemos es más duro, quien ya ha avisado de que no apoyará ningún proyecto que implique un aumento del gasto militar

El no es radical, rotundo, en el caso de Podemos. Su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, advirtió ayer lunes de que los morados no apoyarán de ningún modo unas cuentas públicas que impliquen un aumento del gasto militar. Y, como Sumar, también pidió al Gobierno que "deje de comportarse de manera opaca y fraudulenta" y cumpla con su "obligación constitucional" de llevar los PGE al Congreso.

"Parece que vamos encaminados a la prórroga presupuestaria de los Presupuestos del año 2023, realizados cuando Podemos todavía estaba en el Gobierno. Esto no solamente nos parece una señal de extrema debilidad y de gran inestabilidad del Gobierno, sino que ahora esta situación consideramos que le puede venir muy bien al Ejecutivo de Sánchez para imponer recortes que sufraguen este incremento del aumento militar por la puerta de atrás", sancionó Fernández. En realidad, Sánchez ya ha dejado claro que pretende hacer crecer la inversión en Defensa como ha venido haciendo en los últimos años: a través de decisiones del Consejo de Ministros, algunas de las cuales recibían observaciones por parte de los responsables de Sumar. Los socialistas quieren eludir el Congreso porque saben que es un campo de minas y porque, dado el rechazo de sus socios de izquierdas, quedarían a expensas del PP. Y de la formación de Alberto Núñez Feijóo no se fían.

En el Gobierno se ha asumido ya que los Presupuestos de 2025 están "muy complicados" ya. Y habrá que ver los de 2026. En el caso de los de este año, se añade una cuestión nada menor: la fecha. Sánchez se había dado el primer trimestre para poder presentarlos. Plazo que se agota en una semana. A partir de ese umbral, todo se hace mucho más cuesta arriba, porque a partir de junio arranca el nuevo ciclo presupuestario. La referencia más cercana en el tiempo se halla en 2018: el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el proyecto de ley de PGE en el Consejo de Ministros del 27 de marzo de ese año, y finalmente fueron aprobados por el Congreso, para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de junio, ya con Sánchez en la Moncloa.

En el Ejecutivo subrayan que los PGE prorrogados están "funcionando, también porque el techo de gasto era muy alto", y defienden que pueden seguir sin unos nuevos hasta final de legislatura, en 2027

"Estamos operando sin nuevos PGE [los vigentes son los de 2023, elaborados en 2022] y están funcionando, también porque el techo de gasto era muy alto. Técnicamente es factible llegar sin unas nuevas cuentas públicas hasta 2027", indican desde el área económica del Ejecutivo. La Moncloa ya ha trasladado el mensaje político de que puede aguantar sin otros PGE hasta el final de legislatura.

No habrá elecciones: "Lo que necesitamos es estabilidad"

El pasado jueves, en Bruselas, el presidente insistió en que no se rinde, en que no tira la toalla: "No renunciamos a presentar los Presupuestos Generales del Estado y lo que estamos haciendo con ellos es trabajar y ver exactamente qué factibilidad hay a la hora de presentar esos Presupuestos. En todo caso, tengo que decir lo siguiente: con los Presupuestos que tenemos, que son Presupuestos de un Gobierno de coalición progresista, estamos liderando el crecimiento de las principales economías avanzadas, creando empleo". Y si no hay acuerdo, "se prorrogan los Presupuestos, sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad", respondió Sánchez, descartando por tanto la opción de una convocatoria anticipada de elecciones. El propio líder socialista fue preguntado si llevaría las cuentas al Congreso sin los apoyos atados y no dijo en ningún momento que sí. Porque no son, hoy por hoy, sus planes.

En el imaginario colectivo, el rechazo de la Cámara a unos PGE equivale a la retirada de la confianza parlamentaria en el Gobierno y la procedencia de convocatoria de elecciones". Tumbar las cuentas es "políticamente letal", analiza un dirigente socialista

El artículo 134.3 de la Constitución es el que obliga al Ejecutivo a ir a las Cortes a llevar sus cuentas públicas antes del 30 de septiembre de cada año: "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Una obligación que incumplieron tanto Rajoy como Sánchez. "Obviamente, lo que el presidente no quiere ofrecer gratuitamente es la foto de unos PGE formalmente rechazados al Gobierno —asegura un dirigente socialista con hilo directo con la Moncloa—. Todos sabemos, Pedro también, que en el imaginario colectivo tradicional de las democracias parlamentarias el rechazo de la Cámara a un proyecto de Presupuestos equivale a la retirada de la confianza parlamentaria en el Gobierno y la procedencia de convocatoria de elecciones. Ciertamente, en tiempos de hiperfragmentación política, esas convenciones políticas ya no rigen con la misma fuerza de antaño, pero el Gobierno prefiere ahorrarse esa foto, por más que omitir la presentación del proyecto de ley de PGE sea un incumplimiento constitucional. Pero es un incumplimiento sin sanción jurídica".

El propio Sánchez tenía interiorizado que un rechazo de los Presupuestos equivalía a la convocatoria de elecciones. Porque eso fue lo que ocurrió en febrero de 2019: los independentistas votaron en contra de su proyecto y él adelantó las generales al 28 de abril. En septiembre de 2024, el Gobierno adujo que ese precedente ya no valía, porque en aquel momento la legislatura no había cumplido ni un año, a diferencia de lo que ocurría en 2019. "Pero es que no presentar los PGE puede ser jurídicamente ortodoxo, pero que te los tumben es políticamente letal", describe la última fuente. "Es que llevarlos al Congreso no tiene sentido —abunda un cargo institucional socialista del máximo nivel—. Si estuviéramos al final del mandato, lo entendería. Pero ahora, no".

Para un cargo institucional del partido del máximo nivel, "no tiene sentido" llevar las cuentas al Parlamento. "Si estuviéramos al final del mandato, lo entendería, pero ahora no", añade

El presidente comparece este miércoles en el Congreso para detallar los acuerdos del último Consejo Europeo —el del pasado jueves— y explicar las consecuencias del nuevo escenario geopolítico impuesto por Donald Trump. Sánchez insistirá en las ideas claves que ya expuso a los grupos en sus reuniones bilaterales con ellos y huirá de un discurso militarista, coherente con su posición de que hay que hablar no solo de Defensa, sino de un concepto amplio de seguridad, razón por la que rechaza la palabra rearme, palabra que de hecho ya no rotula el plan de la UE, ahora rebautizado como Readiness 2030 (Preparación 2030). El líder socialista no ha avanzado en qué plazo cree realista cumplir el objetivo del 2% del gasto militar, pero puede que muchas incógnitas no se resuelvan hasta bastante más adelante. Hasta la cumbre de la OTAN de junio de este año.