Aunque el PP concibió que el acuerdo de la Comunidad Valenciana permitía derribar las diferencias territoriales con Vox y abrir la puerta a otros pactos de presupuestos en Aragón y Murcia, los de Santiago Abascal prefieren tomarse su tiempo y seguir señalando la complicidad que, a su juicio, hay entre PP y PSOE, por los pactos en Bruselas. Sobre la mesa, Bambú puso dos condiciones ya aceptadas y puestas en escena por Jorge Azcón y Fernando López Miras, respectivamente. Se trataba de condenar la inmigración ilegal y el Pacto Verde, como previamente tuvo que hacer Carlos Mazón para abrir el diálogo de las nuevas cuentas.

En esta pugna presupuestaria, pese a todo, para Vox pesa más la imagen pública que desencallar la situación para retirar la prórroga de cuentas. Así lo consideran fuentes populares, consultadas por El Independiente. Lo cierto es que Vox vuelve a volcarse de lleno en el debate nacional tras semanas inmerso en el rol global junto a sus socios, motivado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las elecciones federales alemanas. Pero el pacto migratorio entre PSOE y Junts ha sido crucial para retomar costumbres coincidiendo con las necesidades de Mazón en la autonomía. Y a sabiendas que los barones del PP los necesitan, han decidido recrearse pese a tener ya cumplidas sus primeras exigencias para sentarse a negociar.

En Aragón, los posicionamientos de Azcón respecto a las dos materias mencionadas no son suficientes. Se lo trasladó Alejando Nolasco este martes en pleno al presidente aragonés. No quieren solo gestos, sino que ello vaya materializado con propuestas más allá de comprometerse con dar la batalla al Gobierno ante las reubicaciones de menores migrantes. Desde el PP aragonés se precisa que Vox quiere una enmienda a la totalidad al respecto, especialmente en políticas verdes, algo con lo que los populares están en contra y defienden que se siga el rigor científico. No están dispuestos a acatarlo todo. El caso de Murcia va alineado, pero allí Vox ha impuesto una tercera pata a esas dos condiciones: retirar un Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en el ámbito docente de primaria y secundaria.

Ese programa, fruto de un convenio entre España y Marruecos firmado y desarrollado desde 2012, está coordinado por la embajada de Marruecos en nuestro país y Educación, pero es gestionado por las comunidades autónomas, que no ponen dinero. Al margen de Murcia, se aplica en Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Baleares y Madrid, según fuentes del Ministerio. Su función es promover la cultura árabe a los jóvenes de segunda o tercera generación residentes o nacidos ya en España, tanto en horario lectivo como fuera. No se da religión, sino cultura árabe. El propio López Miras, recordó esta semana a Vox que Murcia solo gestiona las solicitudes de centros para impartir esas clases, pero nada más. Pese a todo, Vox insiste en la necesidad de suprimirlo.

Solo el 1,4% de los centros docentes en Murcia secundan este convenio, que se imparte para el 0,12% de los alumnos, todos procedentes de Marruecos o con vínculos familiares

Para Abascal, el mantenimiento de este programa impide "una voluntad de integración" real. "Es un plan de suicidio cultural por nuestra parte", añadió en un mensaje en vídeo el pasado sábado. Por su parte, el portavoz de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, sostiene la línea de Abascal y asegura que pese a depender del Estado, perfectamente Murcia puede salirse de ese convenio. Pone de ejemplo Castilla y León, donde han gobernado con el PP. "Esto no lo ha votado nadie, no tienen por qué adherirse. Es una decisión del PP, que genera el problema y tiene que buscar la solución. No vamos a colaborar con este tipo de políticas", apuntó Antelo este miércoles en una entrevista en El Debate.

Fuentes de Vox consultadas por El Independiente replican el mismo argumentario: "Aunque sean fondos estatales, no hay obligación de aceptarlos para políticas de activismo islamizante". "Hay que renunciar a esos fondos, porque entorpecen los objetivos del sistema educativo y la integración de extranjeros en la cultura española". Con todo, desde el ámbito murciano se considera que aunque esta exigencia es importante, entraría dentro de los compromisos contra la inmigración ilegal como algo más "técnico". Abren, por tanto, la puerta a que deje de impedir próximamente que se abra el diálogo.

"Al renegar de las políticas verdes y migratorias se sientan las bases del acuerdo. Ahora hay que hablar de depuración de partidas inspiradas en la Agenda 2030 y eliminar 'pesebres' para sindicatos, patronal y otras asociaciones que parasitan las cuentas públicas. Lo de la enseñanza islámica y la cultura marroquí es un ejemplo de ese criterio general de expulsar partidas antiespañolas", añaden, pese a todo. Lo que sí dejan patente es que ya hay conversaciones.

Esta idea refuerza el argumento de los populares, que creen que Vox quiere ganar tiempo para centrar el debate en el PP y "restar" relevancia a, por ejemplo, la "contradicción" que ha supuesto apoyar a Trump pese a los aranceles contra Europa. Algo de lo que se queja el campo y colectivos como Asaja. Vox inició recientemente una campaña en redes para indicar que no está de acuerdo, pero los populares insisten en que hace seguidismo de Trump. Este mismo miércoles, en el debate sobre Defensa en el Congreso, Feijóo reprochó a Abascal que "ninguna simpatía internacional está por encima de los intereses nacionales".

Ínfimo impacto e irrelevante para Vox en 2023

El pacto de coalición de septiembre de 2023, que dio entrada a Vox al Consejo de Gobierno en Murcia, con las competencias de Seguridad, Fomento y una vicepresidencia, incluía una sola medida sobre inmigración, más escueta que el resto de acuerdos. "Apostamos por la coordinación de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la delincuencia, erradicar con eficacia la acción de las bandas organizadas y luchar contra las mafias de la inmigración ilegal". Durante la legislatura, ya en marcha, se puso sobre la mesa exigencias como el cierre de centros de acogidas, y se terminó fracturando el acuerdo junto a otros cinco en todo el territorio, por pactar el PP un reparto de menores extranjeros pendiente desde abril de 2024 en el mes julio. En ningún momento se abordó el convenio o molestó a Vox.

A raíz de esa salida, las críticas al PP por la gestión migratoria, así como por su acercamiento en varios intentos sin éxito de pacto con el Gobierno, en base al Pacto Migratorio europeo, han motivado más la denuncia de Vox en términos de inmigración. Antelo, en el caso murciano, viene incrementando más las exigencias de cierre de centros, como el de Santa Cruz. En el PP, en todo caso, sorprende que este convenio, vigente desde 2012, no fuese obstáculo en 2023 para entrar en el Gobierno o durante la legislatura, cuando los pasos fueron más relevantes. Tampoco impidieron acordar los Presupuestos de 2024, actualmente prorrogados.

Desde la Consejería de Educación de Murcia, se trasladan a este periódico distintos datos sobre el impacto ínfimo que tiene este convenio en la docencia regional. En primer lugar, no se ofrece en todos los centros de la autonomía de forma directa. Para ello, debe solicitarse desde el colegio o el instituto a la autoridad regional, que hace de intermediaria entre el Ministerio y el centro. Además, sólo está dirigido a marroquíes migrantes, o españoles de origen marroquí que quieren aprender su cultura nativa. Es una forma, igualmente, tal como se indica, desde fuentes del Gobierno de Murcia, de luchar contra el absentismo escolar. Este es el programa, centrado en cultura e idioma:

Plan de Lengua árabe y cultura marroquí de Murcia

Pese a la existencia de este programa, ya hay posibilidad desde los noventa de cursar religiones alternativas a la católica en los centros públicos. Incluso asignaturas optativas como historia de las religiones, aunque esto, a diferencia del programa, sí que entra en el plan docente general de todos los alumnos.

Según los datos de Educación en la Región de Murcia, además, apenas en Murcia se recurre a este programa. De los más de 700 centros de primaria y secundaria de la autonomía, actualmente solo siete centros lo secundan. El próximo año, se prevé que se incremente a diez, pero todos se limitan a localidades como San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Águilas y la murciana pedanía de El Palmar. Todas, zonas con alta inmigración marroquí asentada en la zona para ejercer la agricultura y la recogida de alimentos como la fresa. En total, una vez se incorporen esos centros al programa, supondrán el 1,4% de todos los de la red docente de Murcia. Por otro lado, el alumnado que se beneficiará, salvo supresión de la participación en el programa pactada con Vox, es de 348 alumnos de más de 320.000 que se educan en Murcia. Eso es un 0,12% del total del alumnado.

Tras parapetarse en ello en Murcia, Vox ha imitado la demanda a Ejecutivos del PP donde no son relevantes para su continuidad. Es el caso de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Por el momento, en Baleares, donde los presupuestos sí dependen de Vox, el partido que lidera Manuela Cañadas no ha exigido nada parecido. En Cataluña, Ignacio Garriga sí que ha propuesto a la Generalitat suprimir esas clases que, a diferencia de Murcia, se imparten en 122 centros, el 2,27% del total.