Las dos partes, Hacienda y Sumar, confían en el acuerdo sobre la tributación del salario mínimo interprofesional, pero puede que cuaje "en los próximos días". Por lo pronto, la negociación continúa encallada por un último fleco: la duración del mecanismo de "compensación". La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quiere que quede claro que es una herramienta excepcional, que va a costar a las arcas públicas "algo más de 200 millones de euros" y que solo esté activa este 2025. Para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, todo debe quedar más abierto, para que las rentas salariales más bajas continúen sin pagar el IRPF.

Fue el lunes pasado cuando se activaron unas negociaciones que Montero siempre había rechazado porque su posición estaba ya fijada. Ya casi en tiempo de descuento, porque mañana viernes, 28 de marzo, a las 18 horas, acaba el plazo para que el Gobierno presente el veto a las proposiciones de ley de Sumar, PP y Podemos que, en síntesis, plantean lo mismo, que el SMI esté exento de tributación, como ocurría hasta este 2025, cuando el suelo retributivo se subió en 700 euros brutos más al año (50 euros al mes), hasta los 16.576 euros —1.184 euros al mes en 14 pagas—.

El alcance de 200 M€ es más asumible para Hacienda, lejos de los entre 1.500 y 2.000 millones que supondría elevar el mínimo exento. Rechaza "hacer extensiva al resto de rentas salariales" la compensación

Hacienda ofreció a su socio de coalición "compensar" al aproximadamente 20% de perceptores del SMI que están obligados a tributar. Básicamente, asalariados sin cargas familiares. La fórmula que plantea la vicepresidenta primera, contó ella misma este jueves en la sede de su departamento, durante la rueda de prensa en la que expuso los datos de ejecución presupuestaria para 2024, es aplicar una deducción a esos trabajadores que tengan que pagar el IRPF.

El impacto para las arcas públicas, dijo, es limitado, de "algo más de 200 millones de euros". Un coste, siguió, muy por debajo de los entre 1.500 y 2.000 millones que supondría elevar el mínimo exento, que es lo que defiende Sumar. Montero descartó taxativamente "hacer extensiva al resto de rentas salariales" esta compensación.

La vicepresidenta primera reconoció que "hay diferencias" con Sumar, pero insistió en que su oferta "va en la línea de lo que Sumar perseguía". "El ministerio ha movido posición. Espero que podamos llegar al acuerdo. Lo haremos, si es posible, a lo largo de los próximos días", señaló.

Como en otras ocasiones, Montero defendió que debe quedar desacoplado el SMI de la tributación. Es decir, que no puede servir el salario mínimo como la cuantía por debajo de la cual no se paga a Hacienda, porque entonces haría imposible futuras subidas. "Lo que no podemos es elevar hasta el infinito, permanentemente, ese ahorro de las rentas bajas, porque eso haría que nuestra recaudación fiscal cayera en su totalidad, puesto que nos vamos acercando con el SMI a los salarios más frecuentes que tiene nuestro país. Es lógico pensar que en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas", mantuvo.

Es lógico pensar que en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas", defiende Hacienda

"A estas horas no hay acuerdo", reconoció Díaz poco antes en Las mañanas de RNE. La vicepresidenta segunda adujo que si el SMI tributa este año, sus perceptores no cobrarían el equivalente al 60% del salario medio que estipula la Carta Social Europea que España firmó. Con un suelo retributivo fijado para 2025 en 16.576 euros, el tipo marginal que tendrían que pagar esos asalariados sería del 43%, "una tremenda injusticia fiscal". De los 50 euros de subida del SMI, 22 euros irían para Hacienda. Y esto es así porque los primeros 15.876 euros —el salario mínimo que existía en 2024— quedan exentos de pagar impuestos.

Montero siempre ha venido defendiendo que el informe que los expertos entregaron a Trabajo —y en cuya elaboración participaron técnicos de Hacienda— ya advertía de que si la subida del SMI se situaba en la horquilla alta, como así fue (50 euros brutos al mes), entonces habría que tributar, porque de lo contrario se condena a esas rentas a mejoras muy pequeñas de su sueldo.

Fuentes de Sumar explican que el escollo que no se ha conseguido remover es la duración de ese mecanismo de "compensación". El socio minoritario entiende que el SMI deberá tributar plenamente, pero cuando se sitúe en niveles más altos, no en los 1.184 euros actuales. De ahí que sostenga que esa deducción no puede ceñirse a 2025. Pide que no se fije un límite temporal, que se vaya analizando año a año. Hacienda, en cambio, y lo confirman las dos partes, defiende que la deducción opere para este año.

En el momento en que se produzca el acuerdo entre Hacienda y Sumar, los de Díaz retirarían su proposición de ley y votarían junto al PSOE el sí a los vetos del Gobierno a las iniciativas de PP y Podemos, que automáticamente decaerían. Y esto es así porque, según el artículo 134.6 de la Constitución, Hacienda puede plantear su disconformidad a cualquier iniciativa o enmienda que suponga una minoración de los ingresos o un aumento del gasto. Pero esa disconformidad (o veto) ha de ser aceptada por, en este caso, la Mesa del Congreso, que conforman en esta legislatura tres representantes del PSOE, dos de Sumar y cuatro del PP.

Si hubiera acuerdo, habría que proceder a una reforma de la ley de IRPF, que también tendría que ser tramitada por el Parlamento

Mañana viernes a las 10 horas se reúne la Mesa de la Cámara baja. Pueden producirse distintos escenarios. Si hay pacto entre PSOE y Sumar y se han registrado los vetos, entonces se aceptarían estos y las proposiciones de populares y morados morirían. Pero si no hay acuerdo, puede que Hacienda plantee los vetos a los textos de PP, Podemos y Sumar. Estos no tendrían por qué analizarse en la reunión de mañana. La siguiente reunión de la Mesa del Congreso llegará, previsiblemente, el martes 8 de abril. Ese sería el plazo máximo que tendrían Montero y Díaz para llegar a un acuerdo.

Y si hubiera pacto, tampoco estaría todo el trabajo hecho. Según indican fuentes de la negociación, para que opere esa compensación para los perceptores del SMI, habría que reformar la ley del IRPF, lo que exigiría una tramitación parlamentaria. Y para el Ejecutivo, ya se ha visto en innumerables ocasiones, las Cortes son siempre una parada difícil de sortear por la complejidad aritmética y la necesidad de atraer votos a izquierda (ERC, Podemos, Bildu y BNG) y derecha (PNV y Junts).

"Ningún balón por perdido"

Los Presupuestos Generales del Estado de 2025 siguen persiguiendo a Montero. Pero ya están prácticamente muertos. Ayer miércoles, el propio Pedro Sánchez reconoció en el pleno del Congreso que si no es posible sacar adelante los de este año, el Ejecutivo se pondrá a "negociar los de 2026". Montero insistió este jueves en que sigue dialogando con los grupos de cara a negociar las cuentas de 2025 y subrayó que cuando haya "una ventana de oportunidad" para presentarlos y un "esqueleto" pactado con las fuerzas que "habitualmente apoyan" al Ejecutivo, entonces llevará el proyecto de ley al Congreso.

La vicepresidenta señala que cuando haya una "ventana de oportunidad" para presentar los PGE y un "esqueleto" pactado con los socios, entonces llevará el proyecto de ley al Congreso

El Gobierno, dijo, "no da ningún balón por perdido" y su compromiso es presentar las cuentas públicas, y si son las de 2025, "perfecto". Frente a las críticas de los grupos que exigen llevar el proyecto a la Cámara, Montero recordó que el Ejecutivo entregó en julio de 2024, "en tiempo y forma", la senda de estabilidad presupuestaria, primer paso para la aprobación de los PGE, y que fue rechazada por PP y Junts.

Esa senda proporcionaba, insistió, 4.500 millones de euros de margen a comunidades autónomas y ayuntamientos, y en cambio el PP lo rechazó, "se daban un tiro en el pie". Y apuntó, en línea con el ministro Félix Bolaños, que la Constitución también prevé la posibilidad de la prórroga, porque es "evidente" que las cuentas públicas, y más en un escenario de fragmentación parlamentaria, pueden no quedar aprobadas. Y eso es lo que de hecho, apostilló, ocurre en un buen número de CCAA.