El presunto caso de corrupción que se investiga en el Ayuntamiento de Móstoles cerca a Vicenta P., una asesora del Palacio de la Moncloa. Según declaró de manera voluntaria una testigo, "nada se movía sin que pasase" por su mesa. El Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad madrileña investiga cientos de miles de euros dados por el consistorio en contratos menores. Estas adjudicaciones se dan a dedo.

La causa se basa en contrataciones para arreglar colegios, comprar material deportivo y desarrollar labores de comunicación. Esta última es la más densa, en la que presuntamente se cruzan intereses de la exalcaldesa, Noelia Posse, y de un antiguo concejal, Roberto Sánchez. Según un informe de Hacienda desvelado por El Independiente, los contratos se trocearon para "eludir" el control de las adjudicaciones.

En su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una extrabajadora del Ayuntamiento que "iba a contratación prácticamente a diario" y que "todo ello por orden de Vicenta P.". Los agentes le preguntaron por la relación del consistorio con algunos empresarios investigados, Alberto Gasco y David Zamorano.

La mujer, que responde a las siglas de F. V., explicó que "nada más llegar al Ayuntamiento" le hicieron llegar una serie de facturas antiguas. Un compañero le dijo que su predecesora "no las había firmado y le tocaba" a ella. Sorprendida, dijo que cómo iba a firmar "cosas que se habían contratado con anterioridad a que ella estuviese", por lo que se negó.

Ante la negativa, el concejal Roberto Sánchez la llamó a su despacho. El exedil, "hasta el punto de presionarla" y "llegando a enfadarse", le dijo que esas facturas "había que firmarlas". La testigo, que acababa de aterrizar en su puesto de trabajo, le pidió consejo a Vicenta P., ahora asesora en Moncloa. "Tú verás lo que haces", le respondió esta. Tras las conversaciones acabó firmando.

Según ha podido saber este periódico, Vicenta P. ha sido nombrada asesora en Moncloa recientemente. Es funcionaria pública, sin cargo en el PSOE. De hecho, tras las últimas elecciones municipales, ha trabajado en el Ayuntamiento de Móstoles, en manos del PP, hasta ahora.

Los contratos investigados

La causa empezó por la denuncia de dos antiguos trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles que desempeñaban cargos en Hacienda. Según los informes de la UCO en poder de El Independiente, el Ayuntamiento de Móstoles adjudicó en el verano de 2016 ocho contratos menores a cinco empresas por casi 350.000 euros para remodelar ocho colegios.

En el apartado deportivo, se señalan cuatro contratos menores por valor de 48.623 euros a las empresas Maxport y Gamosport 1977. En octubre de 2018, ambas sociedades compartían local comercial. Entre 2016 y 2018, la segunda sólo pagó 245 euros a su único trabajador. La primera le abonó 3.049 euros en dos años. El objetivo de emplear dos compañías, sugiere la Guardia Civil, era saltarse las restricciones que establece la ley.

En cuanto a la comunicación, los mayores beneficiados fueron dos empresarios, Alberto Gasco. y David Zamorano. El primero, a través de la empresa Monsul Comunicación y Publicidad, obtuvo 51 contratos por valor de 185.716 euros. Otra de sus compañías, Clepsidra, ganó tres contratos por 11.685 euros entre 2017 y 2018, relata la UCO. Eso por parte del Consistorio madrileño. La empresa pública dio a Monsul dos contratos por 39.000 euros en 2017, y otro a él como persona física por algo más de 18.000.

Zamorano, por su parte, se llevó 25 contratos troceados entre enero de 2015 y abril de 2018. La empresa adjudicataria era Comunicación y Edición Mostoleña Independiente, y el objeto era meter publicidad en el periódico Móstoles al Día. En total, 195.052 euros, según la investigación.

La UCO creer que podría haber "un posible vínculo" entre Posse y David Z., "del que se pudiera desprender interés por parte del cargo público en la adjudicación de contratos al empresario". Los investigadores señalan dos encuentros en hoteles donde "habrían coincidido alojados". Uno de ellos se anuncia como lugar de citas y está situado en el polígono industrial cercano a la A-5. El segundo está en el complejo residencia de Los Ángeles de San Rafael. El jueves pasado Posse declaró por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Además de la supuesta relación entre la alcaldesa Noelia Posse y David Zamorano, varios testigos han relatado a la UCO el interés del exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez, en hacer llegar contratos al mencionado Alberto G. M. y su entorno. Al parecer, mantendrían cierta amistad desde el paso del político por el Ayuntamiento de Getafe en una etapa anterior. Incluso compartiron sede social de algunas empresas.