Los jueces que trabajan en el Campo de Gibraltar no tienen escoltas por parte del Ministerio del Interior. Estos magistrados son los que investigan a los grandes clanes de la droga que entra por las playas y el río Guadalquivir. En la zona se realizan "labores específicas" de seguridad derivadas de la difícil situación que vive la provincia de Cádiz, pero no trabajos de protección individualizados.

Así lo transmiten fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska a preguntas de este periódico. Este pasado miércoles se conoció que la primera instructora del caso Barbate, María Eulalia Chanfreut, denunció hace 20 días que su coche había sido vandalizado. La magistrada presentó una denuncia ante la comandancia de la Guardia Civil.

Fuentes conocedoras de la situación de la jueza señalan que, por el momento, no ha pedido a Interior que refuerce su seguridad personal, aunque está en su derecho de hacerlo, explican las personas consultadas.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) emitió este jueves un comunicado en el que daba a conocer la situación del vehículo de la jueza. El coche estaba aparcado en la puerta de su casa. El 8 de marzo, al salir en busca de él, lo encontró con las cuatro ruedas pinchadas. Además, tanto el capó, como el techo y los laterales estaban pintados de negro. El emblema trasero de la marca también estaba arrancado.

La situación del narcotráfico en el sur de España es cada vez más tensa. Las organizaciones son cada vez más violentas y no dudan en atacar a las autoridades. El crimen de los dos agentes en Barbate, cuando intentaban sacar del puerto a varias narcolanchas, es prueba de ello. Pero no sólo eso.

En los últimos años, se han multiplicado las veces en que conductores de vehículos de grandes cilindradas arrollan a coches policiales. También ha crecido la presencia de armas, incluidas las de guerra. Hace unas semanas, unas imágenes de dos integrantes de una banda kalashnikov en mano sembraron el pánico en Huelva.

De su bolsillo

Por el momento, la jueza Chanfreut ha tenido que pagar de su bolsillo los desperfectos de su coche. Los autores de la vandalización no han sido identificados todavía. "Estos sucesos causan una profunda inquietud en la judicatura", ha denunciado Sergio Oliva Parrilla, portavoz de AJFV. "Por eso -ha añadido-, es fundamental que contemos con garantías personales y materiales que nos protejan. Y así lo hemos exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia.

Además, el portavoz de AJFV recuerda que su asociación reclama que la Audiencia Nacional "asuma la competencia sobre este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos. Esta distribución competencial evitaría, en definitiva, la tentación de tratar de condicionar a los miembros de la carrera judicial en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos".

La asociación ha urgido al Consejo General del Poder Judicial a regular el resarcimiento de daños a los miembros de la carrera judicial con ocasión o a resultas del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Hasta ahora no existe algo parecido para los jueces españoles.

Este protocolo, explican desde la AJFV, podría tramitarse vía reglamento o modificación reglamentaria y beneficiaría a todos los jueces y magistrados en activo que sufran daños materiales en bienes de su propiedad o de aquellos de uso profesional asignados por la Administración de Justicia.

Los casos que se incluirían en este paraguas son los que resulten de la actuación de un autor desconocido, de un autor conocido que sea declarado insolvente, y siempre que se pruebe el vínculo el vínculo entre el daño y el ejercicio de la función jurisdiccional.