El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares insiste en que proporcionó asistencia consular a los dos periodistas españoles que han sido expulsados de los territorios ocupados del Sáhara Occidental por Marruecos. En ambos casos su departamento no prestó ayuda ni siquiera contactó con los reporteros de Público y El Independiente afectados por la deportación.

En respuesta a una pregunta formulada por diputados del grupo plurinacional de Sumar en el Congreso de los Diputados a la denegación de entrada en Dajla del periodista de El Independiente Francisco Carrión, el ministerio que dirige el socialista asegura: "La Embajada y el Consulado de España siempre prestan su asistencia cuando reciben información sobre situaciones que afectan a ciudadanos españoles". La respuesta es casi idéntica en el caso de la expulsión del territorio saharaui del periodista de Público José Carmona: "La Embajada y Consulado de España siempre prestan su asistencia cuando reciben información sobre situaciones que afectan a ciudadanos españoles".

Se niega a aclarar si protestó ante Rabat

Se da la circunstancia de que en ninguno de los casos Exteriores español proporcionó ayuda consular o contactó con los periodistas expulsados por Marruecos entre enero y febrero. El departamento de Albares se ha negado desde entonces a informar de si ha enviado una protesta por vías diplomáticas a su homólogo marroquí ante unas expulsiones condenadas por organizaciones en defensa de la libertad de prensa nacionales e internacionales. Fue una medida que le reclamó la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y que el gabinete de prensa de Exteriores, a través de su director Antonio Asencio, se ha negado a proporcionar en una muestra más del oscurantismo y la falta de transparencia del departamento.

En enero, tras la deportación de Carmona, la portavoz del Gobierno Pilar Alegría aseguró que los activistas y el periodista españoles expulsados de los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos recibieron asistencia de la embajada española en Rabat. Un extremo que los deportados negaron tras ser contactados por El Independiente. "Lo obvio y lo claro: la libertad de prensa como algo esencial a defender", dijo escuetamente Alegría. "El periodista fue atendido además por nuestra propia embajada", añadió.

Los protagonistas de esa expulsión, que habían viajado a la ciudad saharaui de Dajla en la nueva ruta de Ryanair desde Madrid, negaron lo declarado por Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Es absolutamente falso; nadie del cuerpo diplomático español se puso en contacto con nosotros", deslizó una de ellos contactado por El Independiente.

La consigna: no incomodar a Marruecos

La brevedad de la respuesta dada por Exteriores en el Congreso de los Diputados no responde a las preguntas formuladas por el movimiento de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El socio del PSOE preguntó a Albares "cómo valora el Gobierno las expulsiones de periodistas, políticos y activistas de nuestro país de territorios saharauis por parte de las autoridades ocupantes de Marruecos". Además, le interrogó por "las medidas diplomáticas que va a tomar el Gobierno español para defender la libertad de prensa, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, ante las ya reiteradas expulsiones y vejaciones que se han denunciado".

Ninguna de las preguntas ha sido respondida por Albares en su táctica ya habitual de eludir cualquier respuesta que pueda incomodar al régimen alauí. Para Sumar, no obstante, "esta expulsión se viene a añadir a las anteriores expulsiones de periodistas, activistas y una delegación de políticos vascos sobre las que ya registramos preguntas el pasado 20 de enero de 2025". "Esta nueva ruta aérea de Ryanair constituye un intento de normalizar la ocupación marroquí del territorio. Son numerosas las constantes denuncias por las violaciones de derechos humanos en la región y las restricciones impuestas a periodistas que intentan informar desde allí", denunció el grupo. "La explotación económica, en este caso turística, sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal, como se ha visto reconocido en diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como las recientes sentencias del 4 de octubre de 2024 que anulan los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos ya que vulneran los principios de autodeterminación".

La expulsión de Carrión ha sido censurada por organizaciones periodísticas como la Federación de Asociaciones de Prensa de España, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York.