Máxima tensión entre ganaderos y ecologistas por la desprotección del lobo

"El lobo no mata por hambre, lo hace por instinto y para divertirse. Mata varias cabezas de ganado y sólo come una". Con este argumento, desde el sector ganadero, celebran el paso dado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, permitiendo de nuevo la caza de este mamífero al norte del río Duero y dejando abierta la puerta a que en un futuro se permita al sur. El asunto no distingue a pequeñas, medianas o grandes explotaciones, y hay consenso en el campo entre quienes sufren los ataques de lobos periódicamente.

Uno de ellos es Pedro Suárez, pastor de la parroquia de Viego, en Ponga (Asturias). Él y su mujer Merce M. se dedican a la crianza bovina y cuentan con alrededor de cien ejemplares. En los últimos años han padecido el asalto a un potro, que acabó "comido entero", a una ternera de pocos días, y a una pastor alemán, más recientemente. "Después de varios días perdida, encontramos el esqueleto con la cabeza intacta", aseguran. En su caso, Belarmino Posada reside en la provincia de León y preside la Asociación de Propietarios Afectados por el Parque Nacional de los Picos de Europa (ASAPE). Representa a pequeños ganaderos de vacuno de Posada de Valdeón y de Oseja de Sajambre, en la frontera con Asturias, al menos a "los pocos que quedan" ya que en su conjunto cuentan con 500 o 1.000 cabezas de ganado.

"Hace quince años veías parejas de lobos y algunas manadas", pero ahora "estamos rodeados". En parte, dice que ese impacto ha provocado la casi "extinción" de las explotaciones ovinas en la zona. Le preocupa lo que vaya a pasar ahora en la región, más cuando el Parque Nacional está protegido. Alerta de que en las próximas semanas empieza la temporada de pastoreo, que se prolonga hasta diciembre, por lo que los ataques empezarán a darse periódicamente. "A nosotros el cambio legislativo no nos supone nada, queremos soluciones", dice, además de garantías de que van a seguir teniendo cobertura de la administración en caso de sufrir asaltos.

De mayor envergadura es la explotación extensiva vacuna de Jaime Patiño, conde de Teba, que reside en la Sierra de Guadarrama, en zona segoviana limítrofe con Madrid. Posé unas 400 vacas. Se queja de ataques, "el último a principios de semana". "Estoy a favor del campo y en contra del medio ambiente", dice Patiño, en alusión a las políticas.

En conversaciones con El Independiente diferencia su caso con el de pequeños productores, aunque admite que trabaja "por céntimos" y para "pérdidas" pero que todo el sector sigue por "el cariño a la ganadería". Su apuesta por la modalidad extensiva responde a la necesidad de "rentabilidad", lo que dificulta más la atención para controlar a diario a su ganado. Especialmente en periodos de nevadas o aguaceros como el de estas semanas. Patiño se define como hombre de campo, aunque también es arquitecto y ha sido docente universitario. Además de a la ganadería, se dedica a organizar actividades cinegéticas en sus propiedades. "A mí me planchan los corzos, los jabalíes. ¿Quién paga por eso, por su valor? Si no hubiera lobos, yo podría tener más salida vendiendo mis activos de caza", asegura.

¿Qué han cambiado por la enmienda del PP?

El jueves 20 de marzo el Senado, de mayoría popular, enmendó la ley contra el desperdicio alimentario del Gobierno retirando al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Se justificó considerando que al atacarse al ganado, se desperdicia carne. La mayoría alternativa en el Congreso de PP, Vox, Junts y PNV salvaguardaron esa enmienda y la votaron definitivamente, desprotegiendo al lobo de nuevo y permitiendo su caza.

Desde el Gobierno rechazan este cambio, que devuelve al estado previo a 2021[se permitían cazar un centenar de lobos anuales] la legislación, apuntando a esa ampliación al sur del Duero, como añadido novedoso que será una realidad en pocos meses cuando Europa baje la protección en la Directiva Hábitat. El procedimiento ya se ha iniciado.

En concreto, desde el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen apuntan a que el movimiento es "irresponsable" y se hace "sin datos" que aún se están procesando de cara al verano sobre la incidencia del lobo. El Ministerio sabe que esta es una cuestión que genera "polarización", pero aboga por la "coexistencia sostenible" entre campo y diversidad. Y sacar ahora al lobo del Lespre "no ayuda a nadie". Transición Ecológica destaca la apuesta por fondos de convivencia para, entre otros, "pagar los daños que el lobo cause en las cabezas de ganado" a la vez que se conserva el patrimonio.

"Por primera vez muchos ganaderos recibían compensaciones por los daños producidos en sus animales", se insiste. Este paso de la derecha, creen, azuza "el negacionismo" y "perjudica el trabajo iniciado" por el Ministerio. "El lobo se ha convertido en un chivo expiatorio, se le achacan todos los males pero no se pone en valor sus aportaciones", dicen en un comunicado posterior al voto en el Congreso. "Equilibra las poblaciones de herbívoros salvajes, evita su sobrepastoreo y, en consecuencia, protege la diversidad. También recude las enfermedades que puedan transmitirse a los ganados, puesto que tienen más fácil cazar animales viejos o enfermos". El Ministerio cree, además, que incentiva el turismo de observación del lobo.

Para el Gobierno el lobo se ha convertido en un chivo expiatorio al que se acusa de todos los males pese a dotar de equilibrio el ecosistema

Pese a todo, esta legislación, tanto si se amplía al sur del Duero como si no, deja fuera a pastores de enclaves como Cataluña. Es el caso de Josep Costa, pequeño ganadero de la comarca leridana del Pallars Jussà, el primero que sufrió ataque documentado de lobo en la zona. Asegura que a él le queda "poquísimo" en este sector y también se aqueja de la falta de relevo. Iguala a ese problema o al de la sequía el impacto del lobo. En la zona, de unas 2.500 hectáreas donde crían ovejas, ha habido casos de hasta 30 ataques, "diez por semana" a distintos propietarios. Eso, sumado a las jubilaciones, ha reducido la cifra de ganado de unas 3.000 a unas 300 en los últimos años.

Hace hincapié en tres cuestiones. Primero, a su juicio "el lobo afecta a la propiedad privada", lo tacha de ser "okupa" y "maligno". Segundo, insta a la Generalitat a actuar. No distingue de colores políticos, dice, dado que Junts, que ha votado a favor en el Congreso, "no ha hecho nada" cuando estaba en el poder en Cataluña. Tercero, establece una dicotomía: "Si hay lobo, no hay ganado. No se pasta y en verano habrá incendios. "¿Quién lo va a pastar, el lobo? ¿Que van a comer en las ciudades luego, lobo?", comenta indignado.

Las indemnizaciones, la principal queja

Ninguno de los afectados consultados por este periódico respalda exterminar al lobo, pero sí controlar su población para que dejen de estar "pegados a casa". Eso sí, quieren que se deje en manos de las entidades de caza, porque desconfían de la administración, algo que desde COAG, por ejemplo, no ven con tan buenos ojos porque exigen supervisión institucional. "La caza, al mismo tiempo, da beneficios económicos al territorio", comparten en general todos los propietarios. Además, desmienten o matizan los argumentos del Gobierno. Relatan cómo es el proceso desde que se avista una cabeza de ganado asesinada: se avisa al Seprona, valoran lo sucedido y el cadáver y elevan el parte a la Administración.

"Se nos ha denegado siempre que lo hemos denunciado. La guardia hace su trabajo, pero el Principado nos dice por carta que no hay suficientes datos que acrediten que ha sido por lobo", dice Suárez, desde Viego. "¿Qué quieren, que duerma con las vacas y espere a que pase para hacer una foto? ¿Así como se van a recoger esos datos del Ministerio?", lamenta. Cree que no interesa dejar constancia real en los registros de la incidencia del lobo. Sobre las ayudas, piensa que lo que se busca sobre todo es no tener que pagar. "Si nos comen los lobos, nosotros no comemos".

Algo más vigilado tiene los alrededores de su finca Patiño, con cámaras y para controlar que el lobo no se acerque a su vivienda. Pero acredita las dificultades para justificar los ataques. "Cuesta que avance la reclamación", una vez la eleva el Seprona. Asegura que él ha insistido mucho para conseguir algunos pagos, pero que al menos ha perdido el valor de 200 vacas y algún potro, lo que le duele mucho más por la dedicación a su concepción y crianza. O no los encuentra, o algunos terneros recién nacidos acaban asaltados y arrastrados a zonas frondosas, no permitiendo registrarlos para que consten legalmente. "Lo jodido no es tanto mi caso, sino al pobre hombre que tiene 15 vacas y le matan una, y la administración no le hace caso". Exige que las indemnizaciones se hagan a través de la Política Agraria Común (PAC), que se establezca el territorio lobero como especial.

Los pequeños y medianos ganaderos se quejan de que si pierden su producto y no reciben las compensaciones, se quedan sin dinero tras la inversión y, por tanto, sin su forma de subsistir. A la vez, cuestionan que cada vez tienen que afrontar más impuestos y burocracia, lo que hace asfixiante continuar en el sector y el relevo. Pero insisten en que lo que quieren es vivir de su trabajo. "No quiero 150 euros, quiero mi ganado, por el que invierto. Pierdo esa inversión y lo que pueda dejarme en el futuro", lamenta Costa. En los Picos de Europa, comenta Posada, las indemnizaciones sí que generalmente siguen su curso, pero "tardan más de dos años" en llegar. Ahora les preocupa qué va a pasar con ellos en una zona donde no se puede cazar. Esperan seguir contando con ayudas.

Propietarios, entidades agrarias y ecologistas reconocen la tardanza entre 2022 y 2024 para la transferencia de las indemnizaciones. Se mira a las autonomías

Tanto entidades ganaderas y agrícolas como las ecologistas reconocen que las indemnizaciones se han gestionado mal. Desde COAG se acredita, pese a todo, que "poco a poco se está haciendo mejor", pero que ahora lo necesario es un "control de poblaciones", lo que les distancia de la visión verde. El propio Ministerio aseguró en su comunicado de la semana pasada que ahora empezaban a llegar los pagos regularmente a los perjudicados, y este paso legal entorpece más.

Los ecologistas, en completa oposición

La división social que genera este asunto es patente. Se refleja entre asociaciones agrarias y ganaderas, y las ecologistas. Desde el campo se presenta como una batalla cultural e ideológica. Entre quien habla de ello de forma académica y quien lo vive diariamente. Al menos por la parte agraria, el rechazo a las entidades ecologistas queda expresamente acreditado en distintas conversaciones con propietarios. Lo tachan de "negocio subvencionado" e intrínseco a las "sociedades ricas", y lamentan que, al final, tienen mayor capacidad de presión que los ganaderos, que "somos cuatro".

Como un leitmotiv se argumenta que están muy preocupados por los animales monteses, pero no por los de granja que acaban "desgarrados, sangrando y sufriendo". Otra idea generalizada es que desde Madrid "no entienden la vida rural".

Al igual que el Ministerio de Transición Ecológica, y en completa oposición de la mirada trasladada por los ganaderos y sus asociaciones defensoras se muestran las entidades ecologistas. Durante la última semana, son múltiples las que han trasladado públicamente su rechazo y su compromiso para luchar y volver a la situación previa. Es el caso de Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigas de la Tierra. También de WWF, que ha enviado un escrito a las comunidades para alertar de que la caza del lobo todavía puede ir en contra de la legislación europea. De tolerarla, las denunciarán. Este viernes, el Gobierno de Cantabria ha anunciado que extraerá de manera "inminente" un total de 41 ejemplares de lobo en las zonas de Liébana (4), Nansa (5), Saja (5), Besaya (5), Paz-Pisueña (5), Asón-Miera (2) y Campoo-Los Valles (10). Es el cupo "máximo" anual permitido por el Plan de Gestión regional.

El portavoz de Conservación de la organización, Luis Suárez, dice que "predomina sobre la española. Esa protección europea no se ha perdido pese a los cambios" que habrá en la Directiva Hábitat, que "unificará criterios" y dará mayor flexibilidad a los países. "Solo se permitirá la caza cuando el estado de conservación fuese favorable", y ahora no lo es, añade. Pese a que uno de los objetivos a corto plazo es volver al estado previo de la ley, desde WWF son más ambiciosos y buscan un cambio de modelo. "Matar al lobo no reduce el problema. Solo hacerlo a gran escala y eso es ilegal", explica a la vez que rechaza la caza como concepto de ocio. "Lanzar ese mensaje es engañar a los ganaderos. Ya se comprobó en el pasado". "Si se rompen manadas, los lobos empezarán a cazar más terneros u ovejas, más fáciles que una presa salvaje". Para Suárez hay que incentivar la coexistencia, un "camino complejo, que requiere esfuerzo y dinero, y mucho trabajo con las comunidades y los ganaderos".

Con el paso parlamentario impulsado por el PP, las comunidades pierden el fondo de 20 millones anuales para afrontar indemnizaciones y labores de prevención. El temor de los propietarios es que las comunidades, al permitirse la caza, la regulen muy concretamente en cantidad y horarios, y por ello dejen de pagar los ataques escudándose en la nueva situación.

"Se está perdiendo una oportunidad muy grande", asegura Suárez. Insiste en que "las explotaciones cerradas, pequeñas, lo tienen más fácil para protegerse. Hay que apoyar la ganadería extensiva, pero su problema no es el lobo, sino el mercado, la falta de relevo generacional o la burocracia. Hace falta un plan estratégico nacional que Agricultura no ha querido poner en marcha".

Reniega de ese enfrentamiento con el campo así como de la idea de distanciamiento. "No vivimos en otro planeta. Somos conscientes del daño económico y del sufrimiento de los ganaderos. Pero matar lobos no es la solución. No por que nos pueda gustar más o menos, sino por su papel esencial en el ecosistema. Si se matan, volverán a aparecer con el tiempo". "La sociedad y las leyes marcan que hay especies salvajes y hay que convivir con ellas", concluye.

Las asociaciones ganaderas piden un punto de acuerdo

Gaspar Anabitarte ha sido secretario general de COAG en Cantabria y ahora ejerce, en un periodo de transición la tutela en asuntos de Lobo y Ganadería Extensiva. Su asociación está a favor del paso dado por el PP, a quien se lo agradecen. Pero cree que no es un éxito, porque considera que "el ganadero no ha ganado ninguna batalla" y seguirá siendo víctima de las agresiones. Pese a todo, declina la visión del ecologismo. Cree que no hay disposición de consenso por su parte, de llegar a un acuerdo de mínimos que entiende necesario en un momento de "trincheras y polarización".

"No quieren que se liquiden lobos de forma controlada y desde la administración, que es una de las alternativas cuando el hombre ya convive en el mismo entorno. Tampoco aceptan el uso de mastines [algo que desmiente este reportaje de El Independiente, aunque Anabitarte señala a WWF]". "Hablan de cercas, pero la ganadería extensiva choca con ellas. Quien puede se protege, incluso con su propia financiación, pero a veces es imposible" por dificultad orográficas y del ambiente. El de COAG cree que las extracciones en zonas concretas es la solución más viable ahora, y compara a España con Francia, que "ha autorizado a determinados ganaderos, armados, a tirar el lobo en casos muy concretos". "WWF se niega a todo esto porque defiende la opinión de su clientela, no las razones objetivas y no quiere coexistencia", contradice Anabitarte a Suárez.

El primero reprocha que este clima de polarización entre ganaderos y ecologistas también lo han azuzado los políticos: "Incluyeron en el Lespre al lobo sin consultarnos ni a las organizaciones, ni a los ganaderos". La convivencia y el entendimiento pasa por el "diálogo bajo criterios técnicos, equilibrado y sin posiciones de máximos", entiende el de COAG. Anabitarte niega nuevamente a Suárez al entender que al haber más lobos, priorizan al ganado que a los jabalíes, por ejemplo. Los propietarios validan la versión de COAG, porque acreditan que en ganadería extensiva "no se puede poner puertas al campo" por más inversión que emplees en infraestructuras o pagos.

El Gobierno, sin capacidad para solventarlo

Pese a las críticas del sector ganadero, que ven afectadas sus condiciones de vida por regulaciones que en algunos casos no comprenden porque contradicen lo que se ha hecho "toda la vida", lo cierto es que la decisión de incluir al lobo en el Lespre se tomó desde Transición Ecológica en base al criterio científico de diversos expertos designados por las comunidades que han observado la evolución del problema durante décadas. Entre las conclusiones de organismos como el CSIC, pese a la recuperación poblacional, está la de que el lobo sigue estando en riesgo de pérdida de diversidad genética. Aunque aún es desfavorecedora esa situación del lobo, los ganaderos creen que los datos no son fiables: "Los tenemos a las puertas de las casas, en nuestros pueblos", comentan.

Hay pocas garantías para que, en esta legislatura, pueda volverse a la situación anterior, de quererse hacer. Principalmente por dos. La primera es que las comunidades afectadas, en su mayoría están gobernadas por el PP, que pedía esta regularización. Asturias [liderada por el PSOE], Cantabria, Castilla y León y Galicia aglutinan el 95% de presencia de lobo ibérico en sus territorios, de hecho. Lo han pedido. En el caso nacional, la misma mayoría alternativa de PP, Vox, Junts y PNV impide que el Gobierno pueda volver a incluir al lobo en el Lespre mediante una proposición de ley, por ejemplo.