El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, será juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto fraude fiscal de 1.062.079 euros cometido en 2014 y 2015. La Fiscalía le acusa de haber eludido el pago de impuestos sobre los ingresos derivados de sus derechos de imagen durante su primera etapa en la entidad madridista. De esta forma, el técnico italiano se une a una lista cada vez más extensa de personalidades que han pasado por La Liga y han tenido problemas con el fisco, entre ellos Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

En concreto, la Fiscalía le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública y solicita cuatro años y nueve meses de prisión, además de una multa de 3.186.237 euros, por presuntamente utilizar "un complejo y confuso entramado" de sociedades interpuestas sin actividad real ni capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España. Sí declaró en su IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) las retribuciones obtenidas de su sueldo como entrenador, pero no las derivadas de los derechos de imagen.

El Ministerio Público sitúa el origen del fraude en un contrato privado suscrito el 1 de julio de 2013 —tres días antes de firmar por el Madrid— en el que Ancelotti "aparentemente" cedió sus derechos de imagen a una entidad por 25 millones durante diez años. Este importe quedó registrado como un préstamo sin intereses, reembolsable cuando el entrenador lo solicitara. Sin embargo, al día siguiente, la sociedad, a cambio de un euro, nombró a Ancelotti como apoderado y le otorgó "máximos poderes" para gestionar estos derechos, según recoge el fiscal en su escrito de acusación.

Posteriormente, el contrato fue modificado: la cesión pasó de diez a tres años y el importe se redujo a un millón de euros anuales. La Fiscalía señala que Ancelotti, pese a que estos cambios le perjudicaban, no recibió compensación alguna. Además, el 4 de julio de 2013, el mismo día que firmó su contrato con el Real Madrid, suscribió otro acuerdo de cesión de derechos de imagen, actuando en su propio nombre y en representación de una empresa no identificada que supuestamente gestionaba esos ingresos.

En resumen, Hacienda cree que era Ancelotti quien controlaba y gestionaba los fondos derivados de sus derechos de imagen, a pesar de haberlos cedido. En la práctica, el entrenador seguía controlándolos y beneficiándose de ellos. Este mecanismo fue el mismo que ha ido sentando en el banquillo a futbolistas a lo largo de los últimos años, siempre con la gestión de los derechos de imagen como el punto clave de las disputas con la Agencia Tributaria. Sin embargo, los tribunales no siempre han fallado en contra de los acusados. Mientras que Ronaldo y Messi fueron condenados, otros, como Xabi Alonso o Raúl González, lograron que la Justicia les diera la razón.

Futbolistas en el banquillo

Cristiano Ronaldo fue acusado de defraudar 5,7 millones de euros a Hacienda entre 2011 y 2014 por la gestión de sus derechos de imagen. El portugués alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que le permitió evitar la cárcel a cambio de una multa de 19 millones y una condena de dos años de prisión, que no tuvo que cumplir. El astro portugués simuló ceder la totalidad de sus derechos de imagen a una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal donde él figuraba como socio único.

El caso de Leo Messi llegó hasta el Tribunal Supremo, que confirmó su condena a 21 meses de cárcel y una multa de casi 2,1 millones de euros por tres delitos fiscales. El futbolista defraudó 4,1 millones en sus declaraciones de 2007, 2008 y 2009. Su línea de defensa se basó en asegurar que era su padre quien manejaba los asuntos financieros y que el futbolista estaba completamente al margen. No obstante, el alto tribunal entendió que el delantero conocía su obligación de tributar los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen, y no le eximió de ser declarado culpable.

En el caso de Xabi Alonso, la Justicia falló a favor del acusado. El Supremo respaldó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que previamente desestimó la acusación de la Fiscalía. Se le acusaba de eludir el pago de cinco millones de euros entre 2010 y 2012 mediante la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad en Madeira, Portugal. Sin embargo, los magistrados de la Sala Segunda concluyeron que Alonso actuó convencido de que su proceder era legal y no tuvo intención de defraudar, y en su sentencia explicaron la importancia de diferenciar entre los casos en los que las pruebas evidencian una intención defraudatoria, y aquellos en los que los rendimientos económicos fueron declarados, como en este caso.

La gestión de los derechos de imagen

Otro que salió bien (parcialmente) de su enfrentamiento con Hacienda fue Raúl González, que logró que la Audiencia Nacional anulara la liquidación de su IRPF del ejercicio de 2009 por haberse presentado fuera de plazo, aunque sí mantuvo parte de la reclamación sobre el de 2010, al considerar que sus contratos de cesión de derechos de imagen no estaban justificados.

El fiscal consideraba que la cesión de los derechos de imagen debía ser calificada también como rendimiento de actividades económicas, de igual forma que el salario que percibía del club, puesto que la imagen pública del deportista no se podía desligar de su éxito profesional derivado de su actividad profesional. Pero su defensa se acogió a la interpretación literal de un artículo de la Ley del IRPF, que permite la posibilidad de llevar a cabo la cesión de los derechos de imagen de un deportista al margen de su actividad profesional y, por tanto, que éstos tributen como un rendimiento diferente, y la Audiencia Nacional le dio la razón.

Otro de los que logró que la Justicia le diera la razón fue Gerard Piqué, en cuyo caso el Supremo anuló la sanción de 2,1 millones de euros que Hacienda le impuso por los ejercicios de 2008 a 2010. En el otro extremo, Radamel Falcao aceptó pagar nueve millones tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para zanjar dos delitos fiscales cometidos en 2012 y 2013. Por su parte, Ángel Di María también optó por pactar y abonó más de dos millones para evitar la prisión por haber defraudado cerca de 1,3 millones, mientras que Luka Modrić, aceptó en 2018 una pena de ocho meses de cárcel y una multa de 1,4 millones tras admitir que había defraudado más de 800.000 euros en dos ejercicios fiscales.