María Jesús Montero dijo esas palabras el pasado sábado, en Jaén, y tres días después la tempestad no ha amainado. La vicepresidenta primera del Gobierno calificó de "vergüenza" la sentencia absolutoria del futbolista Dani Alves, se indignó con el hecho de que la "presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer". Las críticas no se han detenido desde entonces. Las últimas, del propio Consejo General del Poder Judicial, este mismo martes. La Moncloa, sin embargo, respalda a quien es la número dos del Ejecutivo y del partido y secretaria general de los socialistas andaluces, y entiende que también los jueces han de explicar "muy bien" sus resoluciones, especialmente en cuestiones de alta sensibilidad social, como la violencia contra las mujeres.

Fue el viernes cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya absolvió a Alves al revocar la condena de cuatro años y medio de cárcel que le había impuesto, un año antes, la Audiencia de Barcelona. Condena por violación de una joven en la discoteca Sutton de la capital catalana en diciembre de 2022 y que los magistrados levantan por considerar que el relato de la víctima no es "fiable". "Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves, después de lo que nosotras hemos luchado por la igualdad y los derechos de las mujeres, que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer que se haya enfrentado al poder es una vergüenza, defendemos la dignidad de las mujeres", clamó Montero en la clausura del congreso provincial del PSOE de Jaén un día después, el sábado. La oposición y las asociaciones de jueces y fiscales se echaron enseguida encima de ella por unas palabras que la propia vicepresidenta primera matizó el lunes en Twitter —sin rectificar ni pedir disculpas— y que el PSOE admitió que "se pueden explicar mejor".

Todos sabemos lo que quiso decir y entrar en el juego de las interpretaciones es barrer para la casa de la ultraderecha", subrayan en el equipo de Sánchez

Fuentes de la Moncloa subrayaron este martes que sí respaldan y asumen las palabras de Montero, insistieron en el derecho a poder "comentar" una resolución judicial que el Gobierno no comparta. "Derecho incluso a podernos indignar. Pero no estamos cuestionando la presunción de inocencia", señalaron. En el Ejecutivo no creen que sean polémicas las declaraciones de la vicepresidenta primera si se entienden, si se interpretan, como ella quiso que se leyeran: la expresión de la "frustración" por una sentencia que puede disuadir a muchas mujeres de denunciar casos de agresiones sexuales. "Máximo respeto a las sentencias, no se ha faltado el respeto al TSJC, solo se ha expresado una opinión. Todos sabemos lo que quiso decir y entrar en el juego de las interpretaciones es barrer para la casa de la ultraderecha", indicaron desde el círculo del presidente, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado de carrera, avalaron la interpretación de las palabras de Montero, aunque sin repetir su literalidad. Lo hacían después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este martes, aprobara por unanimidad una declaración de apoyo a todos los jueces implicados en el caso de Alves y en la que advertía a los políticos de que su responsabilidad es preservar la "confianza de la ciudadanía en las instituciones".

"Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer la sentencia del TSJC, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona. Es lógico y evidente el respeto de este Gobierno por la Justicia, por las distintas sentencias, pero ese respeto tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas", aseguró la portavoz. Alegría recordó que a este caso le queda aún "camino por recorrer", porque deberá pronunciarse el Tribunal Supremo.

Marlaska: "Esas resoluciones y en una materia de una sensibilidad social máxima, como es esta, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y [vean] que las instituciones están para protegerlas"

Para Marlaska, la propia Montero "matizó sus manifestaciones" y por tanto no deben prolongarse "discusiones en ese sentido". El titular de Interior reiteró el "respeto absoluto" del Gobierno a "todas las resoluciones judiciales, lo cual es una obviedad en un Estado de derecho". Sí añadió el ministro que en cuestiones tan sensibles como la violencia contra las mujeres —cometidas por la pareja o expareja, o las propias agresiones sexuales—, "todos" deben explicar "muy bien sus resoluciones", tanto el Ejecutivo, como el Legislativo como "también el Poder Judicial". "Explicar muy bien por qué se llega a determinadas conclusiones y con una finalidad muy concreta de sensibilización máxima a la sociedad", con el fin de que las "víctimas de esta lacra", como son las violencias hacia la mujer "de cualquier índole", "no se sientan desprotegidas". Explicar muy bien sus decisiones, por tanto, para que las mujeres "no pierdan la confianza en las instituciones.

"Respeto a todas las resoluciones, pero esas resoluciones y en una materia de una sensibilidad social máxima, como es esta, que afecta a derechos humanos, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y [vean] que las instituciones están para protegerlas", remachó.

Alegría: "Es más necesario que nunca seguir haciendo un llamamiento a las mujeres y a las víctimas para que sigan denunciando estos hechos que se siguen produciendo"

Los argumentos de Marlaska los apuntaló la portavoz: "Es más necesario que nunca seguir haciendo un llamamiento a las mujeres y a las víctimas para que sigan denunciando estos hechos que se siguen produciendo, porque a las mujeres nos siguen violando y a las mujeres nos siguen matando". Las denuncias son necesarias para "cambiar las cosas y acabar con este tipo de conductas", y para que las víctimas sepan "que no están solas, ni ayer, ni hoy, ni mañana". Y es que se calcula que se denuncia apenas el 8% de los casos de agresión sexual.